HACIA LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

Tesis Central del Segundo Congreso de la Liga Comunista

Las condiciones políticas que por espacio de cuatro décadas sirvieron de marco al desarrollo de la lucha de clases en Chile, han sufrido una brutal transformación a contar del 11 de septiembre de 1973. La victoria de las fuerzas contrarrevolucionarias ha colocado transitoriamente al movimiento de masas en una situación de reflujo generalizado. El establecimiento de una feroz y sanguinaria dictadura militar de corte fascista, ha significado la inmediata conculcación de todas las principales conquistas políticas y sindicales alcanzadas por la clase obrera y las masas populares tras largos años de lucha, la abolición de todas las libertades y derechos democráticos consagrados por la propia Constitución Política del Estado y el desencadenamiento de una brutal e implacable represión sobre los trabajadores, cuya principal manifestación la constituye el encarcelamiento, la tortura y el asesinato sistemático de miles de los mejores cuadros dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero y popular chileno. Por la fuerza de las armas, la burguesía monopólica, cuyos intereses sirven la política y los objetivos de la dictadura, se ha hecho momentáneamente dueña absoluta de la situación.

Sin embargo, desde un primer momento, la dictadura se ha visto enfrentada al desarro­llo de poderosas tendencias que inexorablemen­te van erosionando la estabilidad del régimen totalitario. Esta situación, generada principal­mente por la magnitud de la crisis que actual­mente sacude de un extremo a otro al conjunto del sistema capitalista mundial y que coloca en un pie de extrema debilidad política a las clases dominantes del sistema, unida a los efectos desastrosos que para la inmensa mayoría de los chilenos acarrea a diario la política económica aplicada por la dictadura en beneficio exclusivo de los grandes monopo­lios y clanes financieros, ha provocado un vertiginoso aislamiento social y político del régimen totalitario en el plano interno, y un aislamiento y repudio no menores en el ámbito internacional. Hoy el único sostén con que puede contar la dictadura es su aparato de represión contra el pueblo, las FFAA. De su capacidad para mantener la cohesión y discipli­na de sus FFAA en torno a su política depen­de, en una importantísima medida, la aleatoria estabilidad de la tiranía.

Por otro lado, los trabajadores reorganizan sus fuerzas, preparándose para luchar en defen­sa de sus derechos pisoteados y de sus nive­les de vida seriamente deteriorados. En estas condiciones, el movimiento revolucionario tiene hoy ante sí una inmensa responsabilidad: ser capaz de conducir correctamente los comba­tes que libran la clase obrera y las masas populares por el derrocamiento de la dictadura y la instauración de su propio poder revolucio­nario, mostrando un camino de lucha claro y posible que recoja las lecciones del pasado y que permita aprovechar al máximo las condi­ciones favorables que genera el aislamiento nacional e internacional del régimen tirano, sin que ello signifique alentar ningún tipo de ilusiones como las que en el pasado recien­te condujeron al desastre. Ello plantea la urgente necesidad de realizar un examen global de la situación del país en la actual coyuntura y de deducir de él un conjunto orgánico de consignas que orienten la agitación y la propa­ganda revolucionarias entre las masas.

EL CARACTER DE LA DICTADURA

El golpe de Estado del 11 de septiembre ha destruido definitivamente el legendario mito de la democracia chilena, de su estabili­dad a toda prueba, del profesionalismo y voca­ción constitucionalista de sus FFAA. Toda esta fábula, que sin lugar a dudas gozaba de una alta reputación entre los políticos burgueses de Europa y los Estados Unidos principalmente, y que constituía un verdadero orgullo para nuestras clases "cultas" que no perdían ocasión para exaltar la "madurez cívica" del pueblo chileno, se han desmoronado estrepitosamente. Con ello han quedado también sepultadas para siempre las ilusiones suicidas que el reformismo sembró durante tantos años en la conciencia de las masas trabajadoras, olvidando el carácter de clase de esta "demo­cracia", de sus leyes y de sus instituciones.

En efecto, el desarrollo de la lucha de clases en Chile, caracterizado por la presencia activa de un poderoso, combativo y bien orga­nizado movimiento obrero en permanente lucha por sus derechos, gestó incuestionablemente a través de los años uno de los regímenes de democracia burguesa más avanzados, no sólo de América Latina, sino también del mundo. En él se había concretizado la clásica división del Estado en tres "poderes" cuyas atribuciones e interrelaciones se encontraban finamente reglamentadas a través de la "Cons­titución Política del Estado", que establecía además un conjunto de derechos y de garantías individuales (los llamados derechos humanos), un mecanismo de representación electoral que permitía la participación de un altísimo porcentaje de la población en los comicios, y que garantizaba la existencia de un acucioso sistema de arbitraje entre las clases contenido en la avanzada legislación laboral existente. Estos elementos, que en su conjunto constituían los aspectos más definitorios de la institucionalidad chilena -considerada por muchos como una verdadera excepción en medio de un conti­nente plagado de dictaduras militares sanguina­rias y corrompidas- no son desde luego, de ninguna manera, el producto de concesiones voluntarias y desinteresadas otorgadas por las clases dominantes al resto de la población chilena, al resto de las clases y grupos socia­les, como lo han pretendido siempre sus propa­gandistas, sino el fruto de la lucha del movi­miento obrero y popular chileno en demanda de sus derechos políticos y económicos, en el curso de la cual conquistó uno a uno estos derechos "democráticos" al precio de su sangre generosamente derramada por los guardianes del "orden" y de la "sacrosanta propiedad privada".

Sin embargo, el fracaso de este esquema "democrático" de dominación comenzó a hacerse patente durante el último período del gobierno de Frei cuando la agudización de la crisis económica del país, que coincidió con el término del prolongado boom económico del sistema capitalista mundial, sacudió a vastos sectores populares empujándolos a luchar por sus amenazados niveles de vida, incorpo­rando nuevos métodos y formas de lucha cada vez más resueltos y agresivos en corresponden­cia con el sistemático incremento de los nive­les de represión con que el gobierno demócrata cristiano hizo frente a la insurgencia de las masas populares.

Pero, sin lugar a dudas, fue el período de gobierno de la UP la etapa en que las fisuras que cruzaban de punta a cabo la socie­dad chilena se ensancharon considerablemente hasta el extremo de imposibilitar la continuidad "democrática" en el sistema de dominación política de la burguesía. Por primera vez las clases dominantes se vieron enfrentadas a una amenaza seria, proveniente de la fuerza alcanzada por el movimiento obrero y popular, que las colocó en la disyuntiva de modificar sustancialmente sus métodos de dominación política ante la ineficacia de sus recursos tradicionales o correr el riesgo de ser barrida por el empuje y la fuerza del proletariado y de las masas populares. Dicha ineficacia se relaciona, por otra parte, no sólo con la envergadura alcanzada por la crisis política, sino también, y sobre todo, con las necesida­des originadas por la crisis económica del sis­tema, es decir, la ineficacia que muestran los mecanismos tradiciona­les para asegurar las condiciones que requiere el proceso sostenido de acumula­ción capitalista, proceso que beneficia a una ínfima fracción de la población en perjuicio de la inmensa mayoría (burguesía monopólica v/s masa trabajadora, pequeña burguesía) cuyas protestas y eventual oposición a este camino deben ser implacablemente reprimidas. El cambio político no tiene pues, en el caso chileno, una connotación coyuntural, pasajera, sino un significado estructural pues va íntima­mente asociado a una solución económica concebida y ejecutada en beneficio exclusivo del gran capital monopolista nacional y extran­jero. La explotación capitalista se despoja de todo disfraz para asumir con todo su salva­jismo una brutal y despiadada política de esclavización forzosa de la población, apelando a sus habituales resortes ideológicos de dominación pero, sobre todo, a la represión desen­frenada y bestial. Las apariencias se guardan solamente como producto destinado a la expor­tación. Tal es el sentido de su política de terror colectivo.

EI carácter despiadado que ha adquirido la explotación capitalista en Chile, en el actual período, no constituye por otra parte un fenómeno excepcional en el contexto de los países latinoamericanos salvo por lo que toca a la envergadura y salvajismo mucho mayores de la represión desencadenada sobre el pueblo. Por el contrario, tal carácter se corresponde plenamente con la tendencia gene­ral del sistema capitalista a enfrentar su crisis en permanente agudización por la vía de un endurecimiento cada vez mayor de la represión sistemática sobre los trabajadores a través de la constitución de "gobiernos fuertes" y de un proceso de acelerada fascistización de los mecanismos políticos de domina­ción. En este proceso de fascistización general del Estado burgués le corresponde a las FFAA, tradicional retaguardia política de la burguesía, jugar un papel decisivo, protagónico. Esta es la perspectiva en la que se han orientado los esfuerzos del imperialismo hacia América Latina y en particular hacia las FFAA. Esta es la única forma en que el imperialismo puede aspirar a evitar el desmoronamiento de su sistema de opresión, explotación y violencia, acentuando hasta el extremo la opresión, la explotación y la vio­lencia de que son víctimas los tra­bajadores. En este contexto, los lazos de dependencia que mantienen en una situación de subordinación a los países subdesarrollados frente a las metrópolis imperialistas se forta­lecen acelerando y profundizando la desnacionalización de la economía del país acentuando su carácter semicolonial. El nacionalismo de los gorilas latinoamericanos no pasa de ser, en estas condiciones, un finísimo barniz ideológico con el cual pretenden cubrir el contenido de clase de su política y su condi­ción de lacayos del imperialismo. La nación no es una entelequia. Está formada por el pueblo trabajador. Y es justamente para mantener al pueblo en la esclavitud y la miseria en provecho de un puñado de especuladores que el régimen totalitario existo con su secue­la de crímenes y arbitrariedades, sus campos de concentración repletos de disidentes políti­cos y sus brigadas de sádicos torturadores, los "desaparecimientos" de cientos de detenidos y el toque de queda, que forman un cuadro horripilante de bestialidad y salvajismo que el sistema capitalista vomita por todos sus poros para poder sobrevivir. Chile se asemeja hoy a un país ocupado.

Tales son, en sus aspectos más generales, los rasgos fundamentales del régimen dictato­rial. A partir de su reconocimiento se plantea el problema de una correcta caracterización de la dictadura, es decir, el problema de una adecuada comprensión de su carácter político y de clase y de las posibilidades que exhibe y que deben ser correctamente aprovechadas por el movimiento revolucionarlo.

Este problema ha provocado una serie de confusiones en los más diversos medios de la izquierda lo que hace necesario que sea abordado de un modo lo más radical posible. La fuente de la mayor parte de estas confusio­nes se encuentra en un generalizado error metodológico, a saber: la incomprensión de que los conceptos forjados por la teoría políti­ca y, en general, por el conjunto de las llamadas ciencias sociales constituyen siempre una abstracción que resulta de la generaliza­ción de las características esenciales de un fenómeno particular, en la medida en que dicha generalización permite dar cuenta de una estructura similar en fenómenos aparente­mente diferentes. La utilización de conceptos así generados se realiza mediante una extensión por analogía frente a situaciones fenomé­nicamente diferentes pero esencial­mente idénticas. De allí que muchas veces resulten aparentemente forza­das las analogías históricas que el análisis científico se ve obligado a utilizar, dada la relativa falta de transparencia de los conceptos de la ciencia social en comparación con los de las ciencias exactas o natura­les. Por lo demás, debe reconocerse que frecuentemente se ha incurrido en la falta de abusar con todo tipo de analogías superficiales que sólo han contribuido a sembrar dudas y confusiones cuyo resultado práctico es el rebajamiento de los niveles de comprensión de los fenómenos. Asumamos pues, una vez más, el problema de una adecuada caracterización de la dictadura militar chilena.

La historia del desenvolvimiento del capita­lismo ha estado llena de una permanente alter­nancia de formas políticas de dominación de la burguesía sobre el proletariado y las masas populares, alternancia de formas "demo­cráticas" o de "consenso" y de formas "dictato­riales" o de "fuerza". Genéricamente se ha llamado a estas últimas "estados de excepción", lo que equivale a reconocer implícitamente que la forma "normal" de dominación política del capitalismo lo constituye el régimen "demo­crático" que reconoce y hasta en cierta medida respeta ciertos derechos políticos y sindicales a los trabajadores. No nos detendremos aquí a examinar en qué medida resulta efectivo en la época de decadencia del capitalismo este juicio, cuando paulatinamente los "gobier­nos fuertes" van transformando la "excepción" en regla, como producto de una necesidad estructural cada vez más evidente. Por el momento nos interesa exclusivamente arribar a una tipología mucho más definida y concreta de los Estados de excepción. Por sobre la multifacética diversidad de formas se pueden distinguir claramente dos tipos básicos de Estados de excepción o, si se prefiere, de regímenes dictatoriales burgueses: el Bonapartismo y el Fascismo. El primero en la época de ascenso del sistema y el segundo en la época de su decadencia. En efecto, el bonapartismo es un fenómeno que surge y se desarrolla bajo diversas formas en todos los principales países capitalistas en el momento de su expansión, cuando necesita resolver el problema de la unidad nacional (la formación de un mercado nacional) y consumar su hegemonía política, desplazando del poder a las viejas clases oligárquicas ligadas a la propiedad de la tierra y a las fracciones que se oponen u obstaculizan el desarrollo normal del sistema capitalista. Es la época en que el débil grado de desarrollo de las fuerzas productivas, del capitalismo en formación o en expansión, desa­taban una áspera competencia entre diversas fracciones de la propia burguesía, prefigurando y estimulando el proceso de centralización y concentración de capitales en medio de una clase burguesa atomizada en múltiples fracciones y de un proletariado que libra ya sus primeros combates. En tales condicionen el régimen bonapartista es el demiurgo que garantiza y hace posible el desarrollo normal de las relaciones capitalistas en su primera fase, el instrumento con ayuda del cual el sistema da sus primeros pasos.

En síntesis, el régimen bonapartista se apoya sobre una gran dispersión de las fuerzas sociales y políticas de la sociedad moderna (debilidad de las clases típicamente capitalis­tas que aún se encuentran en proceso de formación, atomización de la gran masa de pequeños propietarios agrícolas, desarrollo incipiente del movimiento obrero). Dicha disper­sión es producto de una primitiva fase de evolución del capitalismo en la que las tenden­cias centrípetas que se orientan hacia la formación y robustecimiento de un mercado nacional encuentran en el aparato burocrático del Estado su principal apoyo.

En estas condiciones, el bonapartismo preten­de ser un gobierno do "orden" y de "unidad nacional" y en consecuencia actúa mostrando una independencia relativamente grande con respecto a los intereses inmediatos de todas las clases y fracciones de clase, combinando en su relación con ellas el alago con la repre­sión, enfrentando a unas contra otras, etc.

El fascismo por su parte, es un fenómeno característico de la fase de decadencia del capitalismo. Concretamente -haciendo a un lado todo tipo de comparaciones formales con la situación alemana o italiana de los años treinta-, el fascismo debe ser entendido como la expresión política de la hegemonía absoluta, brutal y descarnada de la gran bur­guesía monopólica sobre el conjunto de la sociedad, en un período en el cual el sistema se resquebraja por todos sus flancos, no te­niendo ya nada más de progresista que ofrecer a la humanidad y siendo amenazado constante­mente por el peligro de la revolución proletaria. Esto independientemente de las particularidades con que se desarrolle en un país determinado. El fascismo no es, por lo tanto, una alternativa entre otras, sino la única con que cuenta el capitalismo para prolongar los plazos de su derrumbe definitivo. El punto alcanzado por el desarrollo de las contradicciones inhe­rentes al régimen burgués no le deja otra posibilidad. La continuidad del proceso de acumulación del capital, en momentos en que el sistema capitalista se ve enfren­tado a una crisis global de sobrepro­ducción, sólo puede ser garantizada mediante un aumento permanente de la superexplotación del trabajo. La concreción de ésta, la única alternativa burguesa, requiere como "conditio sine qua non" el aplastamiento políti­co y organizacional de las masas trabajadoras. Si el bonapartismo es un instrumento mediante el cual el sistema da sus primeros pasos, el fascismo es el instrumento que le permite mantenerse en pie en la época de su decaden­cia definitiva.

Ahora bien, nosotros hemos caracterizado a la tiranía de Pinochet y Cía. como una dictadura militar fascista. Ello nos ha motivado diversas críticas y objeciones de los sectores más diversos que tienen en común identificar al fascismo como modelo teórico con una de sus expresiones particulares: el nazismo hitleriano. Este problema fue oportunamente previsto por nosotros en el texto del Primer Congreso, en el que se ponía en guardia en contra de todo tipo de analogías formales con el ejemplo alemán o Italiano (los ejemplos "clási­cos" del fascismo). Sin embargo, resulta indis­pensable introducir aquí una explicación com­plementarla.

Para la teoría revolucionaria, el esquema de los regímenes fascistas es, al igual que el esquema de los gobiernos bonapartistas, un concepto operatorio que da cuenta de los aspectos sustanciales, es decir, clasistas, de un tipo característico de dominación política en los marcos del Estado burgués, pero que debe necesariamente enriquecerse y complemen­tarse con el estudio de las características específicas de los casos particulares en que dicho esquema deba ser aplicado. No existe, por lo tanto, un fascismo "químicamente puro", como no existe tampoco un capitalismo "quími­camente puro" en la realidad, sino sólo como modelos teóricos, abstractos.

El problema no se resuelve, por lo tanto, con definir al régimen dictatorial como fascista ni tampoco con hacer resaltar algunas diferen­cias que saltan a la vista entre la dictadura chilena y el régimen nazi alemán o fascista Italiano. Es necesario realizar un esfuerzo por comprender y valorar correctamente la natu­raleza del régimen dictatorial en todos sus aspectos, sin privilegiar artificialmente ni las diferencias ni las semejanzas que éste pueda tener con otras experiencias similares. El régimen chileno, por ejemplo, no es ni puede ser el representante de una burguesía nacional con intereses propios, contradictorios con los del imperialismo y capaz de enfrentarlo en la arena internacional, como fue el caso del nazismo alemán. Por el contrario, es un régimen que está obligado a reconocer su carácter subordina­do frente al imperialismo en todos los planos: económico, político y militar. En comparación con el alemán, es fascismo chileno no puede dejar de tener un carácter colonial y lumpenesco. Pero ¿existe algún país capitalista que esté en condiciones de desafiar seriamente el poderlo económico y militar del imperialismo norteameri­cano? ¿acaso la integración económica, política y militar del mundo capitalista al término de la segunda guerra mundial no constituye el rasgo más característico del capitalismo actual? El Estado fascista, insistimos, no debe identifi­carse con la suástica, aunque ella haya consti­tuido una de sus expresiones más relevantes. Desde luego comprendemos que una teoría de los Estados de excepción que los reduce a dos tipos fundamentales es aún una teoría incompleta, que necesita un desarrollo ulterior aún muy significativo; pero creemos que sería un grave error abstenerse de formular una defi­nición clara del carácter de los enemigos a que se ven enfrentadas las masas. Por ello reafirmamos la justeza de la caracterización que hicimos de la tiranía en nuestro Primer Congreso, al definirla corno una dictadura militar-fascista. Dictadura militar, para destacar el hecho de que son las FFAA las que han asumido el control del país, tomando en sus manos todos los hilos de la administración estatal. Fascista, por el carácter de clase de su política y sus objetivos, porque representa la dominación abierta del gran capital monopólico nacional e imperialista a expensas de la superexplotación de las masas trabajadoras y de la ruina acelerada de la pequeña burguesía comercial e industrial, en la época de decadencia del sistema capitalista mundial.

LA POLITICA ECONOMICA DE LA DICTADURA

Uno de los planos en que con mayor nitidez se refleja el carácter de clase de la dictadura es, como es lógico, el de la conducción econó­mica del país. El programa de "reconstrucción nacional" impulsado por los militares fascistas no es más que un desesperado esfuerzo por reflotar al sistema capitalista dependiente existente en Chile. Intentando superar la crisis en que se debate por medio de una pronunciada acentuación de sus características estructurales básicas, es decir, a través de un mayor grado de monopolización y desnacionalización de la economía del país y, sobre todo, de un nivel mucho mayor de superexplotación de los trabajadores. Por esta vía, los grandes monopolios nacionales y extranjeros buscan imprimir cierto dinamismo al sistema, posibilitan­do la expansión del proceso de acumulación capitalista a expensas de las masas trabajado­ras del campo y la ciudad y la pequeña burguesía empresarial que se verá inexorablemen­te arrastrada a la quiebra.

Para comprender más claramente los objetivos perseguidos por los monopolios a través de la política económica implementada por la dictadura, conviene detenerse un instante a examinar los rasgos más característicos exhibi­dos por la economía chilena en los últimos años, tanto en su estructura como en su funcio­namiento. En esta forma podremos ver con extrema nitidez que, como señalábamos anterior­mente, las orientaciones seguidas por la política económica de la dictadura no tienen otro signifi­cado que el de estimular aceleradamente una marcada acentuación de dichas características estructurales básicas del capitalismo chileno, en todos los niveles y sectores de la economía.

El primero y más importante de los rasgos estructurales básicos del capitalismo chileno es su carácter dependiente -o más exactamente subordinado- frente a los centros hegemónicos del sistema. Esta característica fundamental ha acompañado desde sus orígenes a la econo­mía formada en el país a partir de la coloniza­ción española, pero ha presentado en su evolu­ción diversos aspectos que van desde la dependencia típicamente colonial, que se expresa en un plano económico en la constitución de un sistema productivo orientado casi exclusiva­mente hacia el mercado mundial -en función de la división internacional del trabajo que trae aparejada la estructuración de dicho mercado-, sistema que en sus aspectos fundamentales subsistirá en el período posterior a la independencia (economía primario-exportado­ra); hasta la actual forma semicolonial de dependencia con la penetración y control directo de los capitales imperialistas sobre los sectores más dinámicos de la economía, pasando por diversas fases intermedias. La dependencia se traduce en una creciente descapitalización de nuestra economía como producto de los excedentes que quedan en poder de los capita­les imperialistas que someten a las naciones que están bajo su control a una permanente y despiadada explotación. Ello conduce progresivamente a una acentuación cada vez mayor de la dependencia conforme se va desarrollando el proceso de concentración y centralización de capitales a nivel mundial, proceso este último que ha alcanzado su punto más elevado, a partir del término de la segunda guerra mundial bajo la forma de una integración monopólica del conjunto del sistema a escala mundial en torno a su centro hegemónico dominante: los EEUU. Demás está decir que este proceso, que sigue en todas sus fases un desarrollo desigual y combinado, no se da exclusivamente a un nivel económico, sino también en el terre­no político, militar y cultural, pero que tiene su base y fundamento en la expansión gigantes­ca de los grandes monopolios conglomerados multinacionales. Desde el punto de vista de las naciones dependientes esto se ha traducido en un fuerte proceso de desnacionalización de la economía en sus ramas fundamentales lo que conlleva necesariamente, en forma simultánea, la concreción de una alianza estable entre las clases dominantes locales y el imperia­lismo. En 1970 dicho proceso de desnacionaliza­ción se expresaba concretamente en el caso de Chile en el altísimo grado de control ejerci­do por el capital imperialista -particularmente el norteamericano- sobre las principales activi­dades económicas del país (mineras, industriales, distribución mayorista, servicios, bancos etc.). tanto a través de la propiedad de la mayor parte de las acciones como a través del suminis­tro de tecnologías y capitales para la expansión de las mismas.

Un segundo rasgo característico de la econo­mía chilena lo constituye su elevado grado de monopolización. En 1970 todas las ramas y sectores de la economía chilena -con la sola excepción de aquellos sectores atendidos directamente por el Estado- presentaban una acusada concentración de la propiedad y, en consecuencia, de las rentas en poquísimas manos.

Por último, es preciso destacar la importancia decisiva que tiene en la economía chilena el papel desempeñado por el Estado en la reproducción ampliada del sistema a través de múltiples programas de inversión en obras de infraestructura, minería, transportes, comuni­caciones, servicios públicos, sectores estratégi­cos de la industria y trabajos de investigación, además de las funciones reguladoras que ejerce sobre dicho proceso a través de sus políticas de precios, cambiarías, tributarias, arancelarlas, salariales, etc. Todo ello junto al papel primor­dial que le corresponde como garante de la continuidad de las relaciones de producción propias del sistema -es decir, las formas de propiedad y las ganancias capitalistas-, por medio de la acción de sus aparatos represivos.

Estas características estructurales básicas del sistema determinan una modalidad especifica de funcionamiento de la economía cuya caracte­rística fundamental es el alto grado de concen­tración existente en la apropiación de la renta nacional, característica que tiende a hacerse cada vez más aguda a medida que el proceso de concentración y centralización de capitales alcanza niveles más elevados.

Como resultado de ello, la economía chilena presenta en forma cada vez más pronunciada un sombrío cuadro de crisis, cuyas principales manifestaciones globales, aparte de la ya seña­lada de distribución regresiva del ingreso, son: la subutilización de la capacidad instalada de las empresas; altas tasas de desocupación; sostenido incremento en el nivel de los precios; expansión creciente de las actividades no-productivas; tendencia al estancamiento. Estas manifestaciones globales de la crisis económica del país junto a otras de carácter sectorial como ser el estancamiento de la producción agropecuaria, el déficit crónico de la balanza de pagos, etc., redundan en una mayor acentua­ción de los rasgos característicos del sistema: concentración, desnacionalización, mayor regresividad en la distribución del ingreso, etc. Ello se traduce por su parte, en una exacerba­ción cada vez mayor de los antagonismos socia­les y políticos propios del sistema y plantea, desde el punto de vista de su conservación, la necesidad de una represión sistemática sobre los trabajadores y en general sobre toda forma de oposición, función que asumen las FFAA a través de la instauración de oprobiosos regímenes dictatoriales o de excepción.

Esto último es precisamente lo que ha ocurri­do en Chile, a partir de la derrota sufrida por los trabajadores el 11 de Septiembre de 1973. La dictadura militar y su política econó­mica expresan la decisión de las clases domi­nantes de enfrentar y superar la crisis económi­ca y política en que se debate el sistema a través de un renovado y decidido impulso al proceso de concentración y desnacionaliza­ción de la economía basado fundamentalmente en una acentuación del grado de superexplotación de los trabajadores, el progresivo empobre­cimiento de la pequeña burguesía y la represión brutal y sistemática de toda forma de descon­tento que logre adquirir una expresión material.

La orientación económica impulsada por los monopolios y la oligarquía en Chile no constitu­ye pues, en sus líneas principales, una alterna­tiva entre otras para la sobrevivencia del capi­talismo en el país, sino la única coherente con la realidad de conjunto del sistema y con sus intereses. Frente a ella sólo existe como alternativa político-económica viable la que se corresponde con los intereses históri­cos de los trabajadores y de las amplias masas oprimidas de la nación: la de la revolución proletaria que instaure un gobierno obrero y popular que expropie y nacionalice las principa­les empresas existentes en los diferentes secto­res de la economía y permita planificar el funcionamiento de la misma en beneficio de la inmensa mayoría de los habitantes del país. Las divergencias surgidas en sectores importan­tes de las propias clases dirigentes en tomo a la política económica seguida no se refieren a la orientación y a las metas globales propues­tas, sino únicamente a las modalidades y méto­dos utilizados con tal propósito.

Es, pues, en el marco de esta orientación que las medidas adoptadas por la dictadura en el terreno de su política económica adquie­ren un significado preciso. Examinemos un poco más de cerca esta cuestión en sus rasgos ge­nerales.

La política económica de corto plazo implementada por la dictadura tiene por principal objetivo, al igual que el esquema en su conjun­to, lograr una drástica redistribución del ingreso en términos regresivos -es decir, concentrarlo en manos de los grandes empresarios monopolis­tas a expensas de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios- con el fin de posibilitar una tasa y un ritmo más elevado de acumulación. Subordinados a este objetivo fundamental, la política económica de la dicta­dura reconoce otros cuyo objeto es readecuar el aparato productivo, particularmente el indus­trial, a los requerimientos derivados de la brusca contracción de la demanda interna y la con­siguiente necesidad de buscar la realización de la plusvalía en el mercado internacional. Las medidas adoptadas en el curso del año y medio transcurrido desde el 11 de septiembre de 1973 son numerosas, por lo que mencionare­mos sólo las más significativas. Ellas pueden clasificarse en:

A. Medidas de privatización de la economía.

La dictadura ha sostenido su propósito de traspasar al área privada la mayor parte de las actividades y de servicios que, en el mo­mento del golpe se encontraban en manos del Estado. Según lo consigna un informe de los ministerios de Hacienda y Economía de 1974, "CORFO ya ha tomado enérgicas medidas que se han empezado a implementar y que garanti­zan una eficiente aceleración en el proceso de traspaso de actividades productivas no estra­tégicas al ámbito de la actividad particular". Numerosas empresas estatales ya han sido en­tregadas a manos privadas y muchas otras es­peran su turno. En el sector agrícola se ha procedido a la devolución de tierras a los anti­guos propietarios y se ha puesto en práctica un sistema de asignación individual de tierras en el sector reformado "a los productores que sean seleccionados, de modo que en un plazo no superior a tres años se haya completado con este proceso" (ibid.). Junto con ello se declara la inexpropiabilidad de la tierra y se adoptan medidas que aseguren el proceso de concentración de la propiedad agrícola propio del desarrollo capitalista. Significativos a este respecto son las siguientes afirmaciones conte­nidas en el informe de los ministerios de Ha­cienda y Economía que hemos citado más arriba: "... se efectuarán los ajustes necesarios para pasar de un sistema expropiatorio, que se ha prestado para irregularidades, a un sistema automático y objetivo que elimina los aspectos negativos que tiene la evaluación de la eficien­cia de una explotación agrícola por parte de un funcionario y se reemplaza con la necesidad de asegurar un uso racional de la tierra para cumplir con las exigencias tributarias. Conse­cuente con la medida antes indicada, se modifi­cará, en el plazo más breve posible, la legisla­ción vigente sobre divisiones de predios rústi­cos, arriendos, medierías y otras formas de explotación por terceros, dándole la flexibilidad necesaria para que los propietarios puedan, por una parte, adecuar el tamaño de sus predios a su real capacidad empresarial y a las dispo­nibilidades financieras con que cuentan y, por otra, permitir el acceso de capitales de otros sectores y del mercado financiero a la agricultura".

Por otra parte, se ha procedido a dictar el "Estatuto de la inversión Extranjera" (decreto 600) que otorga grandes facilidades y franqui­cias al capital imperialista para su instala­ción en el país; se ha concertado a través de una negociación directa un convenio de indemnización que beneficia a tres compañías norteamericanas que explotaban la gran minería del cobre y que fueron nacionalizadas por el gobierno de la UP; y se ha anunciado la dispo­sición del gobierno a autorizar la explotación de yacimientos petrolíferos y mineros nacionales por capitales extranjeros. En el plano de las finanzas se ha autorizado la fusión, regionalización y privatización de los bancos comercia­les.

B. Medidas administrativas destinadas a operar una drástica redistribución regresiva del ingreso.

Tras una fachada "estabilizadora" y de búsque­da de una "óptima asignación de los recursos productivos nacionales" se han adoptado un conjunto de medidas tendientes a restringir violentamente el nivel de consumo de los traba­jadores en beneficio de la acumulación de capi­tales privados. Entre ellas se destacan:

• La política de precios. Se decretó la libertad de precios para la mayor parte de los artículos y servicios, lo que en los hechos significaba autorizar un alza exorbitante en el nivel de precios como realmente ocurrió. La supresión de la mayor parte de los controles existentes en esta materia se hizo bajo la excu­sa de que el mercado constituye el mejor regu­lador de precios y el mejor mecanismo de asig­nación de recursos permitiendo que los precios expresen los "costos reales de producción". Igualmente se suprimieron la mayor parte de los subsidios y se declaró el propósito de lle­gar gradualmente a su completa eliminación. Con estas medidas se fortalece significativa­mente la posición de los monopolios frente a las medianas y pequeñas empresas que operan con capitales reducidos y costos más elevados de producción, y se reducen violentamente los niveles de consumo de las amplias masas de trabajadores.

2. La política cambiaria. Se decretó una drástica devaluación del Escudo y la supresión de los cambios múltiples vigentes bajo el go­bierno de la UP y que en los hechos significa­ban una subvención estatal a los precios de los artículos de primera necesidad, particular­mente alimentos. Posteriormente se ha continua­do con una política de devaluaciones periódicas. No siendo uniforme la modificación de las tasas de cambio esta orientación se ha traducido en una drástica modificación de los precios relativos de los diferentes productos siendo los más afectados los alimentos y el petróleo. De este modo, los productos alimenticios de primera necesidad han sufrido un impacto ocho veces superior al de los artículos de lujo. El objetivo de esta política, según la dictadura, es el de alentar las exportaciones.

• La política arancelaria. En este plano la política económica de la dictadura se orienta a la rebaja progresiva de los aranceles que protegen a la industria nacional de la compe­tencia de productos importados. Según los vo­ceros de la dictadura, esta medida tiene por objeto controlar los precios monopólicos inter­nos, incentivar la eficiencia de las empresas obligándolas a reducir sus costos de producción, promueve la eficiente asignación de las nuevas inversiones y permite disminuir la excesiva liquidez interna imperante.
• Política tributaria. A partir de enero de 1975 se ha puesto en práctica una reforma tributaria que "simplifica" el sistema unificando tasas y eliminando franquicias. La idea matriz en que se apoya dicha reforma es que, según la dictadura, el sistema tributario progresivo existente "constituye un pesado fardo sobre las espaldas de los sectores productivos -privado y estatal- que son realmente eficien­tes", (ibid.).
• Política de remuneraciones. La disminu­ción persistente de los sueldos y salarios rea­les de los trabajadores constituye una de las piedras angulares de la política económica de corto plazo implementada por la dictadura. Sin ello, todas las demás medidas redistributivas regresivas impulsadas por los monopolios habrí­an perdido su eficacia, en el marco de la polí­tica seguida. Los reajustes de sueldos y sala­rios acordados han estado persistentemente muy por debajo del nivel alcanzado por la in­flación, y las bonificaciones y asignaciones especiales otorgadas constituyen simplemente una burla a los trabajadores. La escala única puesta en práctica, lejos de mejorar la situación de los servicios tradicionalmente posterga­dos, por el contrario, no hace más que arrastrar al resto de los servicios a esa misma condición. La única excepción, bastante aleccionado­ra por lo demás, es la del personal de las FFAA y carabineros para quienes se establece una escala especial de sueldos que contempla reajustes superiores a los del resto de los funcionarios del Estado. Esta política salarial, profundamente reaccionaria, encuentra su comple­mento natural en la represión desatada sobre las organizaciones sindicales de los trabajado­res, manteniéndolas bajo un estricto control policial, impidiéndoles que puedan luchar por obtener un mejor nivel de salarios para sus afiliados y autorizando los despidos masivos de trabajadores.

C. Medidas antiinflacionarias

Un tercer aspecto significativo de la política económica de corto plazo implementada por la dictadura es el que se refiere a los esfuerzos "estabili­zadores" encaminados a reducir el ritmo infla­cionario, esfuerzos que, como lo determina el carácter de clase de la política seguida, se realizan a expensas del nivel de vida de los trabajadores y en beneficio directo de los gran­des empresarios. En esta forma, las medidas "estabilizadoras" se transforman en una nueva palanca al servicio de la redistribución regresi­va del ingreso perseguida por el esquema eco­nómico puesto en práctica ya que, según las propias declaraciones de los propagandistas e "ideólogos" de la dictadura, "es fundamental reducir alto costo actual del factor trabajo para incentivar el uso de mano de obra y lograr el pleno empleo de los recursos humanos del país en el corto plazo posible", (ibid.). Según ellos, "la existencia de un sector público desproporcionadamente grande e ineficiente es la principal causa -aunque no la única- del proce­so inflacionario que el país sigue sufriendo" (ibid.). Esta afirmación es intencionadamente equívoca ya que se utilizan dos conceptos abso­lutamente diferentes como si fueran idénticos: propiedad estatal e ineficiencia. No nos deten­dremos a analizar esta cuestión pues su falacia resulta demasiado evidente. Lo que efectivamente constituye una de las principales causas de la inflación que sufre el país es el despro­porcionado nivel alcanzado por el déficit fiscal. Objetivo central de la política económica de corto plazo seguida ha sido, en consecuencia, la búsqueda de una drástica reducción de dicho déficit, tanto por la vía de incrementar los ingresos como por la de reducir los gastos, todo ello sin afectar en demasía los intereses de los grandes monopolios. En el primer aspecto ha desempeñado un papel importante la implan­tación de un tipo de cambio diferenciado para la gran minería del cobre a beneficio fiscal, lo que equivale a gravar con una fuerte tributa­ción a las compañías que explotan el sector, todas las cuales son de propiedad estatal. En el segundo aspecto, el de la reducción del gasto público, las medidas adoptadas han con­sistido básicamente en la reducción o supresión de importantes servicios de utilidad pública cubiertos por el Estado en términos no rentables, el despido de miles de trabajadores de la administración pública y de las empresas esta­tales, la supresión de la mayor parte de las subvenciones a la educación, particularmente a las universidades, y la paralización de un gran número de obras públicas y programas de inversión. Igualmente se ha procedido a operar una fuerte restricción del crédito.

Tales son, en líneas generales, las principales medidas adoptadas en el terreno de la con­ducción económica del país por la dictadura de los militares fascistas. La clasificación que de ellas hemos hecho sólo se justifica por razones analíticas y expositivas, ya que, en realidad, conforman un cuadro de conjunto en el que se encuentran íntimamente ligadas unas a otras generando efectos recíprocos que no es posible ignorar.

Los resultados que arroja la puesta en prácti­ca de estas medidas saltan a la vista:

El país está viviendo una gravísima crisis económica que se expresa con particular fuerza en una caída vertical de la producción indus­trial -particularmente aquellos sectores orienta­dos a satisfacer la demanda interna-, ausencia casi total de inversiones productivas, una elevadísima tasa de inflación, salarios de hambre para los trabajadores y la más alta tasa de cesantía de nuestra historia. En síntesis, el país sufre lo que a juicio de muchos economis­tas es el peor de los males: inflación con recesión. Este sombrío cuadro contrasta violenta­mente con el que los economistas de la dicta­dura esperaban de la aplicación de las medidas adoptadas. En uno de los párrafos del informe de los ministerios de Hacienda y Economía ci­tado, se puede leer textualmente:

"Chile debe alcanzar hacia 1976-77 una tasa de crecimiento no inferior a 7%. Ello significará más que du­plicar la tasa histórica del último decenio y exigirá, en consecuencia, un esfuerzo interno de magnitud para generar los ahorros necesarios para ejecutar las inversiones que dicha tasa de crecimiento presupone. Obtenida esta meta, será posible alcanzar hacia 1980 una tasa de crecimiento de 10% anual. Con ello, hacia fines de 1984 Chile habrá duplicado su producto geo­gráfico, bruto de fines de 1970. La obtención de estas metas de desarrollo económico requiere básicamente de las siguientes condiciones: 1. trabajo constante y productivo de todos los chilenos; 2. políticas económicas eficien­tes; 3. altos niveles de ahorro -interno y ex­terno- que permitan financiar las inversiones necesarias".

Al cabo de un año y medio de gobierno dictatorial ninguna de estas tres condiciones básicas, enumeradas por los propios economistas del régimen para el éxito de sus proyectos, han sido alcanzadas. Por el contrario, la realidad muestra un cuadro cada vez más alejado de ellas.

Por otro lado, asistimos a un fuerte proceso de monopolización de la economía en todos sus sectores, restituyendo a la gran burguesía la propiedad y control de las grandes empresas y mecanismos financieros y favoreciendo su capacidad de acumulación con las diferentes medidas adoptadas en su beneficio, en particu­lar, la política de precios que le permiten des­plazar del mercado a los pequeños y medianos empresarios arrojándolos a la quiebra. Por otra parte, como ya lo hemos señalado, los efectos adversos de esta política se dejan sentir con particular fuerza sobre los hombros de tos tra­bajadores y sus familias, reduciendo drástica­mente sus condiciones de vida, ya sea por medio de los bajos salarios que hoy perciben o de la cesantía.

La conclusión que de ello se desprende en forma nítida, es que tanto en el corto como en el largo plazo los objetivos perseguidos con la aplicación de esta política económica son claramente antipopulares y, en consecuencia, contrarios al interés de Chile. La persistencia de este esquema sólo puede significar para el país un lento ritmo de crecimiento, bajas tasas de inversión, fuerte concentración del ingreso, creciente pauperización de las grandes mayorías nacionales, altas tasas de cesantía, creciente dominio de los monopolios y un grado cada vez mayor de dependencia. La burguesía monopólica busca hacer de Chile una gran fac­toría en la que se produzcan de preferencia bienes destinados a satisfacer la demanda del mercado mundial mientras se mantiene al pueblo chileno en una situación de miseria generaliza­da. Los trabajadores chilenos cuentan, según este esquema, como productores mas no como consumidores: tal es el signo de la superexplotación a que los somete hoy en día el sistema capitalista con tal de asegurar su propia sobrevivencia. De allí la necesidad que tiene de contar con un cuerpo gendarmes que los proteja de la indignación, el descontento y el odio de las masas populares, de mercenarios que gozan hoy de jugosos sueldos y privilegios especiales, y de allí también que, a pesar de la delicada situación económica por la que atraviesa el país, la dictadura haya decidido adquirir armamentos por un monto cercano a los US$ 300.000.000.

EL AISLAMIENTO SOCIAL Y POLITICO DE LA DICTADURA

El golpe de Estado se produjo en el punto más álgido que haya alcanzado la lucha de clases en este país, constituyendo su resultante más directa. Durante el gobierno de la UP, las clases y sectores sociales reagruparon sus fuerzas en permanente polarización en todos y cada uno de los combates que libraron. El proletariado elevó considerablemente sus niveles de conciencia y organización en la medida en que fue protagonista de experiencias políticas riquísimas que lo convirtieron en una fuerza social potencialmente capacitada para tomar el poder y hacer variar radicalmente su posición dentro de la sociedad. Pero, aun estando pre­sentes todas las condiciones objetivas que le abrían el camino hacia la realización de sus objetivos históricos, la clase obrera y las masas populares, al no contar con una dirección revolucionaria que las orientara y dirigiera en las fases finales del enfrenamiento, no pudie­ron resolver a su favor una situación extrema­damente propicia como lo fue la que se vivió en Chile durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular.

La burguesía, derrotada políticamente en las elecciones presidenciales de 1970, retrocede dispersa, incapaz de articular una respuesta coherente durante los primeros meses del go­bierno encabezado por Allende. Durante casi un año, las diversas expresiones de la clase dominante no hacen sino balbucear los marcos más generales de lo que sería posteriormente su estrategia. La unidad táctica, exigida con urgencia por la agudización de la lucha de clases, terminó por sellarse a principios de abril del 73, fecha en que la DC realiza su decisiva Junta Nacional en la cual se produjo un brusco viraje en la línea política que había orientado hasta entonces su accionar, desenvuel­to dentro de los cauces de la institucionalidad vigente. La burguesía entonces, actuando en bloque, pero sin alcanzar a dirimir las contradic­ciones y diferencias más profundas que existen entre sus diversos sectores, allana el camino para una salida violenta a la azarosa situación que enfrentaba. Esta, por último, en septiembre del 73, contiene a sangre y fuego a la clase obrera y el curso ascendente e ininterrumpido de sus combates anticapitalistas.

En el proceso de lucha de las dos clases antagónicas y fundamentales de la sociedad chilena, otros sectores sociales, que por sus vaivenes y oscilaciones inclinaron en determi­nadas circunstancias la balanza hacia el prole­tariado o la burguesía, adquirieron una presen­cia política que jamás habían alcanzado en el curso de la historia. Las capas medias, im­pactadas por la fuerza que demostraba el prole­tariado y la política de redistribución del ingre­so impulsada por el gobierno con el propósito de ganarlas o neutralizarlas, se ubicaron en un porcentaje considerable tras las posiciones del reformismo. Pero cuando la estrategia eco­nómica de la "vía pacífica al socialismo" se estrelló contra la lógica implacable de un sis­tema capitalista cuyas bases permanecían -a pesar de todas las brechas abiertas en su estructura por la acción de las masas popula­res- incólumes, perdiendo toda factibilidad real y práctica, se produce el desbande de la pe­queña burguesía capitalizado por la propaganda de quienes se transforman en los ardientes defensores de la vuelta al "orden", es decir, las diversas fracciones de la burguesía.

Las FFAA, que sin ser en rigor un grupo social sino más bien una casta burocrática y parasitaria que está llamada a desempeñar un papel decisivo en toda sociedad burguesa, como es el de garantizar la continuidad de las relaciones de propiedad existente, agudiza­ron sus niveles de receptividad a los conflictos sociales hasta el punto de generarse en su interior un proceso de agrupación de fuerzas en torno a las diversas opciones presentadas por la clase dominante y en menor medida por la influencia del reformismo y los sectores revolucionarios. Tanto las capas medias como las FFAA se desplazaron políticamente de iz­quierda a derecha en el curso de tres años de constante conflictividad social. Si lo hicie­ron, o en otras palabras, si el proletariado no ganó o neutralizó a las capas medias ni desarticuló a las FFAA, ello se debe fundamentalmente a la orientación con la cual en­frentó dichas tareas; responsabilidad que le cabe directamente al reformismo en general y al stalinismo en particular. Estas fueron las condiciones que, en términos de los alineamien­tos sociales, se dieron en Chile para posibili­tar el golpe de Estado.

Sin embargo, una vez alcanzado el objetivo que hizo posible la unidad de fuerzas sociales y políticas tan heterogéneas, esto es, el derrocamiento del gobierno de la UP, el surgimiento de profundas grietas en el seno del bloque burgués resultaba absolutamente inevitable, como lo señalamos oportunamente en las resolu­ciones de nuestro l Congreso. Sólo era cuestión de tiempo el poder apreciar la profundidad de las contradicciones y antagonismos que minan ineluctablemente la alianza social y política constituida durante el período de la UP por los diversos sectores de la burguesía, la pe­queña burguesía y las capas más atrasadas del pueblo. Hoy, a sólo un año y medio del golpe de Estado de los militares fascistas, resulta fácil comprobar que dicha alianza, que avaló política y socialmente el copamiento del poder por las FFAA, ya no existe y que la dictadura se debate en medio de un aislamiento cada vez mayor como respuesta de la inmensa mayoría de los chilenos a su política económica antipopular y a sus espantosas arbitrariedades políticas. Ya no son sólo los trabajadores quie­nes se oponen a la dictadura, sino también importantes sectores de las propias clases do­minantes y la abrumadora mayoría de las capas medias y de la pequeña burguesía.

Las diferencias al Interior de las clases do­minantes se han profundizado paralelamente a la puesta en práctica del proyecto económico y político de la tiranía porque el "modelo" que ésta ofrece deja marginado a un importante sector de la burguesía de los privilegios y prebendas de las que había gozado hasta antes de producirse el golpe de Estado. El proyecto económico de la tiranía se traduce, para un importante sector de la clase dominante, como ya lo hemos señalado, en una sombría perspec­tiva de quiebra devorada por la concurrencia de los monopolios y por el estrechamiento del mercado interno. Por otra parte, el proyecto de reestructuración institucional que pretende ser llevado a cabo, transformaría absolutamente los mecanismos por medio de los cuales las corrientes políticas que representan los intereses de este sector marginado de la burguesía habían consumado en el pasado su hegemonía política sobre el conjunto de la sociedad: la Junta Militar ha destrozado los métodos de funcionamiento del sistema que le entregaban una injerencia decisiva y determinante en el control de los aparatos del Estado.

Actualmente los conflictos interburgueses pueden ser visualizados a partir del análisis del comportamiento político de la DC y la igle­sia, por una parte, y las disputas entre algunos "gremios", que fueron los más encarnizados golpistas durante el período de gobierno de la UP. A partir de su ruptura con la dictadura, la DC ha sufrido una nueva y profunda crisis política interna. Los mismos sectores que propi­ciaban negociaciones con Allende, se han con­vertido en los adalides de la democracia y los derechos humanos. Por su parte, la cama­rilla freísta, que sigue controlando formalmente la dirección del partido, se encuentra sumida en un mar de contradicciones al no poder entre­gar su apoyo irrestricto a la junta y tampoco abanderizarse abiertamente con sus opositores, entre los que se cuentan también sectores democratacristianos. Sin embargo, la aún sorda lucha tendencial dentro del principal partido burgués de Chile, es un proceso que aún no ha culminado, y todo parece indicar que su fin está más cerca de representar un nuevo quiebre de la DC que una consolidación de su unidad. La estrategia de los "progresistas" Leighton, Fuentealba, Tomic, etc., y que al parecer orienta a la gran mayoría de los mili­tantes de la DC, tiene como objetivo ponerse a la cabeza de la lucha de todos los sectores sociales en contra de la dictadura, imprimiéndo­le, tanto en sus métodos como en sus contenidos, su sello de clase burgués, confiando, y no sin razón, en la inestimable alianza con el reformismo stalinista para capturar el crédito y el consenso del proletariado a fin de estable­cer en Chile una vuelta a las normas "democrá­ticas" de funcionamiento de la explotación ca­pitalista. Los sectores de la Iglesia, institución cuyos miembros a estas alturas profesan mayoritariamente fe de antidictatoriales, comparte en lo sustancial las proposiciones de los diver­sos sectores democratacristianos, sumándose así, aunque en forma un tanto ambigua, a la propaganda por la recuperación de las libertades pisoteadas por la tiranía.

La pequeña y mediana burguesía también re­chazan el "orden" prometido ya que están con­denadas a un proceso de pauperización acelera­da. El reflejo político más claro de su rechazo y desconfianza a la política de la junta lo encontramos en las pugnas surgidas entre la SOFOFA y la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes y la discusión entre el Sindicato de Dueños de Camiones y el gobierno a propósito del sistema de libertad de precios en los fletes.

En cuanto a los trabajadores, resulta evidente a simple vista que son las principales víctimas tanto de la represión desencadenada por la dictadura como de su política económica encaminada a consolidar el dominio de los monopo­lios en la economía del país. Por ello resulta ilusorio pensar que la dictadura pudiera encon­trar entre ellos algún apoyo significativo.

Este proceso de aislamiento de la dictadura es en todos sus aspectos totalmente irreversible. Su política es absolutamente incapaz de satis­facer las necesidades más elementales de todos los sectores sociales, ni siquiera a la gran mayoría de quiénes prepararon el camino y aplaudieron el golpe. A todo ello hay que agre­gar el altísimo grado de desprestigio y aisla­miento internacional en que se encuentra el régimen tirano; lo que hace mucho más difíciles aún las condiciones dentro de las cuales debe desenvolver sus planes ya que el repudio inter­nacional junto con significar una condena polí­tica y moral de la opinión pública mundial, incluidos importantes e influyentes sectores de la propia burguesía, a la dictadura, se tra­duce en una restricción de los créditos, ayuda técnica e inversiones provenientes del exterior. Esta es una situación extremadamente grave para la estabilidad de la dictadura y, por lo tanto, propicia para la recuperación orgánica y política de las fuerzas antidictatoriales. Ello puede impulsar a la propia fracción de la bur­guesía gobernante a intentar alguna maniobra con el propósito de desviar la indignación po­pular como sería por ejemplo, la de convertir a la camarilla de Pinochet en un chivo expiato­rio que purgue el fracaso de su política ante los ojos de las masas, reemplazándola simple­mente por otra, sin que ello signifique una variación cualitativa de las líneas seguidas hasta aquí. No debe excluirse tampoco la posi­bilidad de que presionada por un agravamiento extremo de las dificultades que enfrenta, la burguesía monopólica intente sellar una alianza con el sector dirigente de la DC a cambio de ciertas concesiones menores en el terreno de la conducción económica y política del país.

Sin embargo, cualquier salida burguesa a la crisis que enfrenta el capitalismo en Chile no podrá conseguir jamás la estabilización defi­nitiva de su régimen de dominación de clases; a lo más podría proporcionar a la burguesía nuevos plazos para el enfrenamiento decisivo con el proletariado y las masas explotadas.

Como ya lo hemos señalado, la clase obrera, junto a los sectores más pobres del campo y la ciudad, son lejos, los más duramente afec­tados por la política de la dictadura. Contra ellos se descargan diariamente los más arteros golpes de los verdugos y sobre sus hombros deben cargar todo el peso de la reestructura­ción del modelo de dominación burguesa impul­sado por la dictadura. La derrota del proletaria­do lo ha despojado de sus elementos más avan­zados y dinámicos, ha deteriorado implacable­mente sus niveles de conciencia y destruido gran parte de sus organizaciones, sentando las bases de un período de reflujo en sus lu­chas. Pero la lucha del movimiento obrero a escala internacional ha demostrado más de una vez, que ésta es una fuente de recursos ina­gotable desde el punto de vista de su potencia­lidad revolucionaria; que ni la tortura, el asesinato, la cárcel, el hambre y la miseria son suficientes para aplastarle. La clase obrera y su vanguardia podrán retroceder en determi­nadas circunstancias a causa de una derrota, pero sólo para aprender de ella y reiniciar la lucha templados por una nueva experiencia, por muy dolorosa que ésta pueda ser.

Sin embargo, la fuerza y cohesión histórica­mente latentes en el seno del movimiento obre­ro, por sí misma es sólo energía social y no es, por lo tanto, autosuficiente para orientarse en el sentido de sus intereses históricos. La abolición definitiva del orden burgués precisa que esa energía social sea conducida correctamente, que sea encauzada políticamente por una organización revolucionaria hacia la toma del poder y la construcción del socialismo, dejando atrás, en su camino de combates, los bastiones de la sociedad de clases aplastados y desechos para siempre.

La derrota del proletariado y el período de reflujo abierto a partir de ella no puede aceptar otra explicación que no sea la inexistencia de un partido revolucionario que lo armara política, material e ideológicamente para enfrentar a pie firme las tareas históricas que tenía por delante: la toma del poder y la construcción del socialismo. Sin embargo, quienes lo entram­paron en el esquema de la "vía pacífica" y quiénes, por sus debilidades, no impugnaron al reformismo ofreciendo una alternativa clara y precisa, mantienen una audiencia en su seno y ocupan un espacio político importante que es el mismo que los revolucionarios debemos luchar por conquistar.

LA POLITICA DEL REFORMISMO

El stalinismo, imperturbable ante la magnitud de los fracasos de su política, de los cuales Chile es sólo un ejemplo entre muchos otros, al enfrentarse al actual período no vacila en reeditar sus tesis de liberación nacional, su concepción etapista del desarrollo histórico, su posición al respecto de las alianzas con "sectores democráticos de la burguesía nacional", etc. Su política en estos momentos busca cons­tituir un bloque en el que tomen parte la DC y sectores de las FFAA que, contando con el apoyo del movimiento obrero, contenido y controlado burocráticamente, de paso a un go­bierno nacional burgués. En otras palabras, una abierta y flagrante política de colabora­ción de clases, sin ni siquiera revestirla con un lenguaje que pudiera hacerla confusa y en­gañar a las masas. Los párrafos que a conti­nuación se citan son de una elocuencia extraordinaria:

"Chile encara un inmenso desafío, que sólo admite una respuesta, la constitución de un amplio frente antifascista, donde tienen lugar todos los hombres, mujeres, jóvenes de nuestro pueblo. Frente capaz de derrotar la dictadura, conquistar una democracia renovada y retomar, con el apoyo mayoritario del pueblo, el camino de los cambios revolucionarios... Desde el punto de vista político, la participación de la Democracia Cristiana en la lucha antifascista es una necesidad de la máxima importancia. Aspiramos a que el conjunto de la Democracia Cristiana se integre plenamente a la resistencia y al frente antifascista. Sabemos que este proceso no será fácil. Sin embargo, pensamos que la experiencia vivida nos enseña mutuamente que tenemos enemigos comunes, que son los enemi­gos de la patria, y que es posible desarrollar una perspectiva conjunta para liberar a Chile de la dictadura, el atraso y la dominación extranjera. Por lo tanto, manifestamos nuestra más amplia disposición a la acción conjunta en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores y el pueblo".

"El objetivo final del frente antifascista que impulsamos es la derrota de la dictadura, la destrucción de Estado totalitario y policial que ésta ha establecido, la construcción de un nuevo Estado democrático, nacional, pluralista y popular, que desarrolle todas las conquistas que nuestro país y su pueblo han alcanzado, que liquide el poder del imperialismo y la gran burguesía monopólica y agraria y resguarde los intereses de las grandes mayorías nacionales, construyendo una nueva economía y el desarrollo independiente del país."

Se trata de establecer alianzas con todos los sectores que manifiestan una actitud de oposición a la política de la dictadura, sin establecer en ellas una línea de demarcación clasista. Los postulados stalinistas acerca del papel que cumplen los sectores "nacionalistas y progresistas" de las burguesías en los países subdesarrollados dan pie, en la actual situación chilena, para que su acercamiento no implique excluir a golpistas contumaces al estilo de Frei y su camarilla. Por otra parte, ni la perse­cución de que es objeto, impide que el PC insista tesoneramente, contra viento y marea, en el viejo mito de las FFAA chilenas, tan profesionales y respetuosas de la Constitución:

"Se deberá combinar la mayor energía para combatir y desenmascarar la política fascista del Alto Mando y de determinados oficiales y unidades con la máxima amplitud para retomar las tradiciones democráticas y patrióticas de las Fuerzas Armadas y el rechazo que surge en su interior con la orientación fascista hoy dominante. El pueblo debe saber que dentro de las Fuerzas Armadas encontrará aliados". (Todas las citas corresponden al "Llamamiento de la UP-MIR al pueblo de Chile", Roma, 10 de mayo de 1974. El PC fue quién intervino principalmente en la redacción de este documento. Posteriormente algunas organizaciones negaron haber participado en su elaboración y aprobación. Entre ellas se cuentan el MIR y el MAPU OC.)

Esta referencia a las FFAA, consideradas en bloque, sin una distinción entre el cuerpo de oficiales, por una parte, y la suboficialidad y la tropa, por otra, hecha desde un punto de vista clasista, revela a las claras el carácter de las concepciones reformistas. En contraposi­ción a todo análisis marxista, el reformismo desconoce el rol que le corresponde a las FFAA en toda sociedad burguesa, su carácter de clase como dispositivo fundamental de seguridad del aparato estatal burgués, es decir, en la con­cepción del reformismo se desprende que ac­tualmente las FFAA no están intentando salva­guardar los intereses de la sobrevivencia del capitalismo sino que, arrastradas por la polí­tica "traidora" del Alto Mando, sólo han roto sus "tradiciones democráticas", que deben ser retomadas.

En definitiva, al exponer los objetivos del Frente Amplio Antifascista, el reformismo des­cubre que sus propósitos son oportunistas y capituladores. De acuerdo a su orientación, el combate a la dictadura tiene como su objetivo la recuperación de las libertades democráticas dentro de un marco de dominación de clase burgués. El socialismo, la toma del poder, los intereses históricos del proletariado, no se asoman en sus planes y proyectos, ni siquiera "en los días de fiesta".

Que las tesis reformistas del stalinismo hayan conducido a las masas chilenas a la derro­ta del 11 de septiembre es un hecho que lar­ca nítidamente el fracaso histórico de sus posiciones. Esta es una responsabilidad de la cual no pueden eximirse, a pesar de que sus propios militantes están sufriendo en carne propia las consecuencias de la orientación política que impulsaron. Sin embargo, el fracaso histórico del reformismo no puede ni debe ser entendido como sinónimo de su desaparición absoluta del cuadro general que, en este periodo, presentan las fuerzas políticas en el país. Por el contrario, a pesar de su debilitamiento, conserva una vasta gama de recursos humanos y materiales para batallar por ganar la conducción de las masas trabajadoras en lucha contra la dictadura. Por otra parte, la presencia e implantación que guarda en relación al movimiento de masas, obtenida durante cuatro décadas de un trabajo sistemático y organizado en su seno constituye el factor fundamental en el cual se apoya para levantar su política. Es más, el retroceso experimentado por la clase obrera y las masas populares, el deterioro del nivel de su conciencia, organización y combatividad, representan un caldo de cultivo mucho más propicio que un periodo de ascenso y agu­dización de la lucha de clases para que en su interior ganen cuerpo las tesis colaboracio­nistas y "democráticas" del stalinismo.

Esta es, por ejemplo, la razón por la que han podido ganar un amplio cuerpo entre impor­tantes sectores de trabajadores los nuevos mi­tos consoladores fabricados por el reformismo, con los cuales aspira a ilusionarlos con la idea de que la junta militar puede ser derriba­da por la acción de factores ajenos a su propia decisión de organizarse y luchar. La acción de la iglesia, la presión internacional, las opi­niones de Frei y su probable influencia sobre algunos altos oficiales, las disputas internas en el seno de la oficialidad de las FFAA y entre sus distintas ramas, etc. Todos estos hechos presentados solapadamente por el reformismo como fuerzas capaces de operar milagro­samente una acción salvadora en la actual si­tuación angustiosa que viven los trabajadores. Todas estas patrañas ponen de relieve la tremenda desconfianza que el reformismo tiene en la capacidad de las masas trabajadoras para enfrentar y derrotar a la dictadura, desconfianza que busca insistentemente contagiar a los propios trabajadores. Los revolucionarios tenemos el deber de salir decididamente al paso de esta campaña derrotista y traidora emprendi­da por el reformismo, enseñando a las masas a valorar en su justa medida todas las manifes­taciones de oposición a la dictadura y señalan­do con claridad el único camino que puede conducir efectivamente a la derrota total y defi­nitiva del fascismo: la organización y lucha revolucionaria de las propias masas trabajadoras.

LA POLITICA DEL CENTRlSMO

Si la derrota sufrida por el proletariado en septiembre de 1973 ha demostrado, una vez más, la impotencia histórica del reformismo en general y del stalinismo en particular, por otra parte ha desnudado trágicamente la inma­durez de la denominada izquierda revolucionaria poniendo al descubierto las debilidades e inconsistencias de su política centrista cuyas limitaciones impidieron que organizaciones como el MIR y tendencias al interior del PS y el MAPU capitalizaran en un sentido revoluciona­rlo las condiciones objetivamente más que ma­duras para el asalto al poder y la destrucción del capitalismo en Chile. Y así como el stali­nismo porfía tozudamente con la revolución, tendiendo una mano a los sectores "progresistas y democráticos" de la burguesía para salvaguar­dar conjuntamente la sobrevida de un sistema fracasado, el centrismo y su máxima expresión política, el MIR, porfían a su vez, al levantar posiciones invariablemente zigzagueantes, am­biguas y plenas de concesiones al reformismo.

Uno de los rasgos más característicos de la política del MIR ha sido, y sigue siéndolo, su permanente indefinición al respecto de los problemas que requieren de la respuesta más, clara y rigurosa posible por parte de cual­quier organización revolucionaria. El eclecticis­mo de que hace gala en el terreno de los principios teóricos y programáticos más elementales, como son el internacionalismo, la concepción de partido, etc. encuentra una peligrosa prolon­gación en sus respuestas políticas más contin­gentes y coyunturales.

Las definiciones han sido siempre un proble­ma para el MIR; en relación al gobierno de la Unidad Popular jamás las tuvo. Su pugna con el reformismo estuvo, la mayor parte, supeditada a la eventualidad de negociaciones que cumplí­an la función de "no aislarnos del movimiento de masas" y "ganarnos a los sectores más radi­calizados de la UP". En este campo marcaron hitos importantes el asesinato de Amoldo Ríos, la Asamblea Popular de Concepción y, en el último período del gobierno de Allende, los cordones y la cuestión del poder popular. Por cierto durante el período que se cerró en sep­tiembre de 1973, la política del MIR no estuvo exenta de posiciones y consignas coyunturalmente correctas, pero, que al no estar insertas en una estrategia globalmente acertada, no pu­dieron romper con la hegemonía del reformismo sobre el movimiento de masas.

En la actual situación, es esta una deficien­cia que vuelve a presentarse, tanto en el plano de la caracterización del gobierno de la junta militar como en el del planteamiento de la tácti­ca correcta para su destrucción. En el primer caso esgrime una definición grosera y desde todo punto de vista insuficiente, calificando a la Junta simplemente como una dictadura "Go­rila" lo que, más allá de la connotación agitativa que una definición de esta naturaleza pue­da tener, no constituye en absoluto una contri­bución seria a la comprensión y análisis del período. En el segundo caso, es decir, en el diseño de una táctica de combate a la dictadura es extraordinariamente nítido el hecho de que se trata de una política seguidista con respecto al reformismo, independientemente de que inclu­ya los vaivenes acostumbrados y una terminolo­gía no stalinista. Ante la imperiosa necesidad de unir las fuerzas sociales y políticas suscep­tibles de ser ganadas para el combate contra la tiranía, el MIR responde buscando una alian­za con "la UP y sectores de la Democracia Cristiana", para conformar el "frente político de la resistencia". Esto, que es claro y correc­to, se oscurece y deja de serlo cuando pasa a señalar los objetivos de tal alianza y a plan­tear con mayor exactitud sus alcances y carac­terísticas, en tanto cualquier coalición se defi­ne primordialmente en función de estos elemen­tos. Y la táctica del MIR es a este respecto conciliadora, en la medida que entraña una concepción estática del desarrollo del combate a la dictadura y del frente antifascista como instrumento de tal combate. Estática y concilia­dora porque llama a la creación de una Asam­blea Constituyente que se transformaría en el órgano de poder que reemplazaría a la junta militar. La especificidad de la Asamblea Cons­tituyente, un detalle de sus características desde un punto de vista de clase, están ausen­tes en todos los documentos que la mencionan a la espera de ser definido de acuerdo al desa­rrollo de las circunstancias y la correlación de fuerzas. Es decir, la táctica del MIR ha cedido ante las posiciones del reformismo y su concepción de la lucha en este período que se remite a la recuperación de la democracia burguesa. Ni una sola palabra de sus documen­tos llama categóricamente a luchar a las masas por un gobierno obrero; su material de agitación en nada contribuye a esclarecer los objetivos socialistas y anticapitalistas de la lucha contra la autocracia. La actual táctica del MIR se presenta peligrosamente confusa al concebir el "frente político de la Resistencia" y las alianzas en general de tal manera que las dife­rencias con los aliados circunstanciales son sacrificadas y escondidas en aras de la man­tención de una unidad cuyos objetivos políticos son extraordinariamente limitados, como lo de­muestra el hecho de que no haya tomado posi­ciones frente a los planteamientos del stalinismo que constituyen el eje de su política colabo­racionista y frentepopulista, es decir, el "go­bierno democrático, nacional, pluralista y popu­lar", su concepción del Frente Amplio Anti­fascista y sus proposiciones con respecto a las formas y métodos de lucha.

Al retroceso político que reflejan estas acti­tudes del MIR se ha sumado otro elemento que, de una u otra forma, es decisivo para su futuro. Los éxitos de la represión han terminado por privarlo de una parte importante de su equipo de dirección, formado y desarrollado en el curso de largos años de actividad. Las repercusiones internas que ha tenido el asesinato y la deten­ción de sus máximos dirigentes son sin duda nefastas por cuanto han catalizado un proceso de dispersión y desmoralización a todo nivel entre su militancia, carente de una sólida for­mación y de perspectivas políticas claras.

El MIR creció, se desarrolló, obtuvo vínculos con diversos sectores del movimiento de masas y una presencia importante a escala nacional, en gran medida porque profitó de condiciones sociales y políticas favorables, que ocultaron sus debilidades más profundas y significativas. El auge de la lucha de clases en Chile, que a partir de 1970 alcanzó un ritmo agudo de polarización, empujó hacia él a los elementos más avanzados que buscaron de esta manera una salida revolucionaria a la crisis del siste­ma.

Pero hoy día, cuando la correlación de fuer­zas desfavorece al proletariado, cuando se ha iniciado un período de reflujo que objetivamente aísla a los revolucionarlos, se tornan mucho más visibles sus debilidades. Los militantes del MIR que prosiguen el combate necesitan y buscan una respuesta adecuada a las interro­gantes que se plantean al hacer el balance político de la actividad realizada por su organi­zación. Nuestro deber consiste en participar activamente en la realización de dicho balance, con el propósito de contribuir, de un modo de­cisivo, a que de ello resulte un nuevo y vigo­roso impulso a la gran tarea de construir el Partido Revolucionarlo en Chile.

¡POR UNA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA!

Una política revolucionaria para el actual período debe tener como eje fundamental la tarea de dar cuerpo al manifiesto y creciente descontento de la inmensa mayoría de la pobla­ción, fermentado en el curso de un año y medio de crímenes y arbitrariedades de toda especie cometidos por la dictadura militar-fascista y sus esbirros. Tal tarea puede ser realizada, desde una perspectiva revolucionaria, sólo si se cuenta con una justa y clara política de alianzas. Al respecto, sólo cabe distinguir entre aquellas que favorecen efectivamente la lucha del proletariado por sus objetivos tácticos y estratégicos, contribuyendo a su fortalecimiento político y organizativo, y las que, por el con­trario, únicamente favorecen el desarme ideoló­gico y político de las masas trabajadoras, sem­brando en ellas la confusión y el derrotismo. Toda concepción rígida o principista, alejada de la realidad que efectivamente viven y sufren a diario las amplias masas obreras y populares, conducirá inevitablemente al aislamiento secta­rio de quienes la sustentan; de igual forma, toda concepción oportunista, ecléctica o seguidista con respecto al problema de las alianzas estará de antemano condenada al fracaso y será inexorablemente barrida por el propio curso de los acontecimientos.

Nuestra organización respondió correcta y oportunamente a los imperativos políticos de la hora presente, levantando en su Primer Congreso la línea del Frente Único Antifascista, concebi­do como un instrumento de lucha en el que puedan y deban confluir y organizarse, en torno a la clase obrera, los más amplios sectores del pueblo golpeados por la dictadura. La tácti­ca del FUA estructurado sobre la base de un conjunto orgánico de reivindicaciones democráti­cas de carácter político y económico, en la forma en que lo concibe e impulsa nuestra or­ganización, parte de la premisa de que nada es más importante, en este momento, que poner nuevamente en pie de combate a la clase obrera y a las amplias masas populares de la ciudad y del campo. El FUA es, por tanto, la expresión orgánica de un primer nivel de aglutinamiento de fuerzas políticas y sociales para enfrentar a la dictadura, preparando las condiciones obje­tivas y subjetivas necesarias para su aniquilamiento.

Sin embargo, a un año de nuestro Primer Congreso, resulta completamente insuficiente mantener una orientación a favor de la política del Frente Único en tal plano de generalidad. En particular resulta indispensable definir con la mayor claridad posible los alcances y contenidos específicos de esta política, más aún cuando ha comenzado a ganar cuerpo en numerosos sectores una concepción oportunista y capituladora del Frente Único. Esta concepción oportunista, sostenida fundamentalmente por el PC, busca la formación de un frente antidictatorial lo más amplio posible, que incorpore sin distin­ción a todos los sectores que de una u otra forma se oponen a la política de Pinochet, Me­rino, Leigh y Cía, cediendo de hecho la direc­ción de la lucha a los elementos burgueses que se encuentran en oposición a la dictadura. En tales condiciones, la lucha contra los mili­tares fascistas pierde completamente su carác­ter de clase; ya no es una lucha por el socia­lismo sino únicamente por la recuperación del sistema democrático-burgués que permita la existencia legal de los sindicatos, los partidos políticos, la prensa, etc.

Para el proletariado revolucionario, la táctica del Frente Único supone, por el contrario, desligarse completamente de todo lastre político que pueda comprometer su independencia de clase -lo que supone además la necesidad de llevar adelante una intransigente lucha ideológi­ca en contra de las corrientes reformistas y centristas existentes en su seno, que pugnan por amarrarlo al carro de la burguesía "progre­sista" y "democrática"- y su hegemonía sobre la conducción de la lucha de las amplias masas populares explotadas del país. Si el proletaria­do constituye la única fuerza consecuentemente antifascista, capaz de poner de rodillas a los tiranos de todos los pelajes y de destruir el aparato estatal burgués transformándose, con el apoyo de todos los sectores oprimidos de la nación, en la clase hegemónica de la socie­dad, no se entiende por qué motivos deba re­nunciar a su propio programa y subordinarse a la conducción y objetivos de una fracción de la burguesía. Sin lugar a dudas, un régimen en el que se amplíen los márgenes de acción legal de los trabajadores ofrece mejores pers­pectivas y posibilidades que el actual al de­sarrollo de la lucha revolucionaria, pero la política del mal menor jamás ha constituido una salida verdadera para la angustiosa situa­ción que viven las masas explotadas sino, a lo más, un pobre y caritativo consuelo.

Para los revolucionarios, la lucha contra el fascismo se encuentra íntima e indisolublemente ligada a la lucha por el socialismo. La lucha contra la dictadura es principalmente una lucha por la destrucción definitiva del sistema fraca­sado que le dio origen, es decir, es una lucha anticapitalista. En el curso de esta lucha los trabajadores deben por cierto buscar aliados y organizar con ellos un frente común que agru­pe a todas las fuerzas populares. Pero tal fren­te sólo será fructífero a condición de que el proletariado revolucionario sea capaz de mante­ner la dirección del combate; lo que supone a su vez que éste no podrá ser más que un frente de clase en el que se agrupen los traba­jadores de las distintas categorías, incluidos los sectores radicalizados de la pequeña bur­guesía, en la perspectiva de una profundización incesante de sus luchas hasta hacerlas conver­ger hacia su objetivo natural: la conformación de un GOBIERNO OBRERO Y POPULAR, o si se prefiere, de un GOBIERNO DE LOS TRABA­JADORES. Entre otras cosas, esto significa; con los trabajadores democratacristianos, unidad para luchar contra el fascismo; con Frei, Alwin y la pandilla de politicastros y prostitutas de la política que los siguen, ¡nada! ¡nada con quienes aplaudieron el sangriento golpe fascista! ¡nada tampoco con quienes se nieguen a romper con el freísmo u otras excrecencias similares!

Obviamente, el carácter del gobierno que reemplace a la dictadura cuando ésta sea derri­bada dependerá de la correlación existente en­tre las diversas fuerzas políticas. Precisamente por ello, el movimiento revolucionario debe desplegar una actividad enérgica consagrada a unir a todos los sectores populares en un Frente Único Antifascista con claros perfiles clasistas, asegurando una posición hegemónica al proletariado revolucionario en él. La fórmula que resume el contenido de la lucha revolucio­naria en el actual período es nítida: contra toda forma de gobierno burgués, sea fascista, "democrático", de "unidad nacional" o "provisional", nuestra bandera es, ¡A luchar por un GO­BIERNO OBRERO Y POPULAR!

Un nivel superior de agrupamiento de fuerzas debe resultar de la estabilización de una alianza permanente y estable entre las diversas fuerzas revolucionarlas, plasmada orgánicamente en un FRENTE UNICO REVOLUCIONARIO. En él cabrán todas las organizaciones que adhieren a los planteamientos básicos de un programa proletario. Por estas características, el FUR cumplirá dos tareas simultáneamente: por una parte, será un instrumento precioso para la imprescindible recomposición de la vanguardia, contribuyendo a la contención del proceso de dispersión teórica, política y organizativa en que la ha sumido el periodo de reflujo por el que atraviesa el movimiento de masas; por otra parte, la actuación concertada y en bloque de los revolucionarios en el seno del FRENTE UNICO ANTIFASCISTA constituirá un paso impor­tante en la tarea de hegemonizar la conducción del combate a la dictadura, fortaleciendo las posiciones de la clase obrera en desmedro de toda posición que le sea ajena. Por último, la configuración de un FUR implicará abrir al interior de la vanguardia, una necesaria discu­sión que permita impulsar con decisión entre los militantes de las diversas organizaciones la tarea común de construir el partido revolu­cionarlo del proletariado chileno.

El movimiento de resistencia que se estruc­tura en forma lenta pero segura a lo largo y ancho del país, abortaría toda posibilidad de éxito si no fuera capaz de responder política y materialmente a una interrogante que surge de todos los rincones: ¿cómo se destruirá a la dictadura? ¿cuáles han de ser los métodos que nos permitirán derribar a la burguesía del poder y abrir paso al socialismo? Sobre este punto no debe permitirse tampoco ninguna ambi­güedad. No se trata por cierto de exigir a nadie esquemas acartonados sobre la lucha armada, sino señalar claramente el objetivo sobre el cual apuntan, en este plano, todas las acciones parciales que las masas desarrollan todavía en forma aislada. No hacerlo, es decir, negarse a propagandizar en las masas una perspectiva de lucha por medio de la cual sea posible la toma del poder por los trabajadores, equivale a renunciar por anticipado a luchar por el poder obrero y popular, puesto que únicamente en base a la organización y al combate decidido de las masas populares, y particularmente del proletariado, tal objetivo puede ser alcanzado. La derrota del 73 planteó trágicamente, y con una fuerza hasta entonces desconocida en Chile, que el acceso al poder del proletariado pasa inexorablemente por un enfrentamiento armado con las fuerzas que defienden y que defenderán hasta el último momento la sobrevivencia del capitalismo. Decenas de miles de combatientes han pagado con sus vidas la irresponsabilidad de sus dirigentes en este plano. La asimilación de esta dura experiencia es el punto de partida para dar respuesta clara a tales cuestiones. La superioridad numérica del movimiento de masas, su cohesión, su capacidad de organiza­ción, su combatividad, la confianza en sí misma, y la férrea conducción de un sólido y combativo partido marxista-revolucionario, terminarán de contestarlas. Nadie puede vaticinar a priori la forma que asumirá el enfrentamiento definiti­vo; sin embargo, la labor de los revolucionarios no puede consistir en la espera paciente e inactiva de que éste se produzca, sino que, por el contrario, debe ser justamente la de trabajar incesantemente por generar las condi­ciones que garanticen la victoria de las masas oprimidas. Se trata de encauzar la resistencia de tal manera que sea ésta y no la Junta Mili­tar quien elija el terreno en el cual será aplas­tado el fascismo. Afirmar, como lo hace el PC, que el derrocamiento de la dictadura no implica necesariamente una guerra civil, signifi­ca concebir la lucha antifascista como comple­tamente disociada de la lucha por el socialismo, es decir, significa concebir la lucha contra la camarilla de militares fascistas de un modo burgués. La lucha por un gobierno obrero y popular, basado en órganos de poder popular organizados democráticamente, implica la nece­sidad de plantearse como objetivo el armamento del proletariado y de las masas populares y el desarme de la burguesía, es decir, la cons­trucción de un Ejército Proletario y la destrucción del ejército burgués.

Nada de esto sería posible si no se cumple la tarea central y estratégica, que tenemos por delante: la construcción de un PARTIDO REVO­LUCIONARIO, vanguardia del proletariado. Un partido que, premunido de un sólido basamento, teórico, político y programático, imbuido de las mejores tradiciones del marxismo, compues­to por un selecto contingente de cuadros políti­co-militares que sacrifiquen todas y cada una de sus aspiraciones individuales en aras de la revolución socialista y, por último, con vín­culos férreos e indestructibles con el movimien­to de masas, constituya el destacamento prole­tario más aguerrido y capaz de armar política y materialmente a las masas para el asalto al poder.

Tal es la envergadura de la tarea asumida por los militantes de la Liga Comunista, que conforman el germen de tal partido. La ausencia de una organización con estas características fue el factor determinante en el triunfo de la reacción en Chile. Construirlo en el período actual es mil veces más difícil, pero al mismo tiempo mil veces más urgente porque de ello depende la victoria sobre la cruenta noche fas­cista que se ha cernido sobre los trabajadores chilenos.