DOCE TESIS SOBRE LA ACTUAL COYUNTURA DE LA LUCHA DE CLASES EN CHILE

Septiembre de 1983

1. Al cumplirse diez años desde su instalación en el poder el régimen militar fascista que encabeza Augusto Pinochet se debate en una profunda crisis. Todo su proyecto institucional está a punto de derrumbarse debido al profundo, extendido y manifiesto descontento social y político que abarca hoy a todas las capas de la población.

En efecto, hace tan sólo 3 años atrás la dictadura definió un plan político-institucional que establecía las metas y plazos que debían regular hacia el futuro su acción de gobierno. Su objetivo era el de asegurar al cabo de un "periodo de transición de 10 años el establecimiento de un orden político-institucional estable de carácter autoritario". Los rasgos principales del mismo se encuentran descritos en el texto constitucional dado a conocer por la dictadura en 1980 y sometido a "plebiscito" el 11 de Septiembre de ese año. Sin embargo, este nuevo ordenamiento constitucional entraría recién en vigor en 1990, estipulándose hasta esa fecha la vigencia de un ''periodo de transición" que por vía de "artículos transitorios" confiere poderes discrecionales al dictador. Demás está destacar el carácter grotescamente antidemocrático de todo este proyecto. Lo que importa destacar aquí es que en 1980 el régimen militar-fascista encabezado por Pinochet aún se sentía suficientemente fuerte y seguro como para imponer, sin ningún tipo de miramientos, este proyecto de institucionalización de un régimen policial. Si bien ya en ese momento resultaban claras las contradicciones que desgarraban la solidaridad política de las clases dominantes y que se traducen en la propuesta de un proyecto político alternativo por parte de la Democracia Cristiana, no existe todavía una crisis de hegemonía al interior del campo burgués. La fracción gobernante no percibe amenazas serias a la estabilidad política de su régimen y sólo busca neutralizar a las voces disidentes haciéndose investir por vía "plebiscitaria" de un nuevo manto de "legitimidad" política. A partir de su traslado al palacio de La Moneda, dando por inaugurado con ello el "período de transición", el dictador se ha empecinado en mostrar una imagen de intransigencia total ante los crecientes reclamos de sectores sociales y políticos cada vez más vastos y decididos, aferrándose tenazmente a su proyecto político y tratando de contener las protestas con medidas exclusivamente administrativas. Sin embargo, ante la magnitud que va adquiriendo el descontento, esta orientación se vuelve cada vez más inconducente y sólo contribuye a debilitar al régimen y a desmoralizar a sus partidarios. De allí que poco a poco se comienzan a elevar voces de descontento y de crítica en los propios círculos allegados a la dictadura que cuestionan el "inmovilismo" y las "ambigüedades" del dictador, exigiendo medidas rectificadoras. Pinochet ha intentado resistir estas presiones tratando de apoyarse en los sectores llamados "duros", de carácter más marcadamente fascista y llamando a la formación de un movimiento "cívico-militar" de apoyo a la dictadura. Esta iniciativa ha experimentado un fracaso rotundo por lo que el dictador no ha tenido más alternativa que ceder a las presiones que desde las páginas de El Mercurio o la revista ¿Qué Pasa? han ejercido sobre él los llamados sectores "blandos": "son ciertos silencios del conductor del proceso político los que explican, si no todos, cuando menos la mayoría de las pugnas internas de su gobierno"; "la unidad nacional sólo podrá lograrse si hay una conducción clara hacia metas ampliamente compartidas por, al menos, una parte sustancial de la colectividad"; "mientras más se reflexiona en torno a la unidad nacional más se manifiesta la incompatibilidad entre los requisitos de ella y la paranoia de los estados de excepción transformados en modo de vida permanentes"; "tal vez la unidad nacional se vería más favorecida por un proyecto político inicial de menor envergadura y más modesto como sería intentar conducir la convivencia interna por la vía del articulado estable de la Constitución en vez de hacerlo por el de sus disposiciones transitorias, que por enunciados grandilocuentes y ambiciosos no acompañados de pasos concretos de normalización institucional (El Mercurio, 24 de Julio de 1983).

2. El factor que en este sentido inmediato ha actuado como detonante de esta crisis, agudizando hasta el límite las contradicciones al interior de las clases dominantes, es el virtual estado de colapso económico provocado por el modelo librecambista puesto en ejecución por la dictadura y los efectos que en estas condiciones ha tenido sobre las actividades económicas del país la crisis generalizada del sistema capitalista mundial.

El modelo económico ultra liberal ha constituido en todo momento la base de todo el proyecto político del régimen. El estado de excepción vigente por espacio ya de 10 años, y que debía en los planes de la dictadura prolongarse hasta 1990, tiene por finalidad principal posibilitar que el modelo económico pueda funcionar y consolidarse. Ello permitiría "modernizar" la economía del país ante el estímulo de la competencia externa, desplazando capitales desde las actividades de menor productividad hacia aquellas que exhiben "ventajas comparativas", estableciendo condiciones ventajosas para la inversión en el país del capital extranjero, colocando en el mercado artículos que ingresan al país con una tributación mínima, etc. El éxito de esta empresa modernizadora permitiría, por vía del "chorreo", hacer participar gradualmente de los beneficios del sistema a sectores cada vez más amplios de la población lo que a su vez proporcionaría al proyecto político-institucional una base de apoyo susceptible de garantizar un mínimo de estabilidad. Tales eran las expectativas puestas en el modelo económico. Pinochet quiso de algún modo resumirlas en su discurso del 11 de septiembre de 1980 al prometer un millón de nuevos empleos, la construcción de 900.000 viviendas y un televisor por cada cinco habitantes, un automóvil y un teléfono por cada siete y un ingreso per cápita de 3.500 USD para fines de la presente década. A los pocos meses de comenzar oficialmente el llamado "período de transición" este castillo de naipes se ha derrumbado por completo, al hacerse evidente la situación de estrangulamiento en que el alto nivel de endeudamiento ha colocado a prácticamente todas las actividades económicas del país, precipitándolas a la quiebra y agudizando hasta el extremo las penalidades que el modelo ha impuesto a la inmensa mayoría del país. De este modo, el balance de 10 años de aplicación de esta orientación económica no puede ser más sombrío: paralización productiva, quiebra masiva de empresas, profunda crisis del sistema financiero, una tasa de cesantía constante de alrededor de un 30% de la fuerza de trabajo, una creciente inflación y un endeudamiento externo fabuloso que supera ya los 20.000 millones de dólares. Si se considera el aumento de la población, puede constatarse que el producto bruto industrial per cápita es en 1982 un 60% inferior al de 1971 (ver Ricardo Lagos: "Herencia neoliberal y estrategia económica", Hoy 507). A pesar de este descalabro, Pinochet, se ha opuesto tenazmente a modificar la orientación económica adoptada: "He dicho y lo mantengo que la política económica es un viaje sin retorno» (El Mercurio del 25/07/82). Con ello ha logrado exasperar aún más a los sectores empresariales afectados por el modelo y que se debaten en una situación desesperada. La exigencia de estos sectores en materia de política económica es la de terminar de una vez por todas con el "virus de Chicago" (Domingo Durán, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas), con "el cáncer de los Chicagos Boys (Angel Fantuzzi, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos). Es altamente improbable, sin embargo, que la dictadura pueda satisfacer estas demandas, ya que el modelo económico aplicado no responde simplemente a una opción ideológica sino ante todo a los intereses materiales de los grupos financieros más poderosos del país que en alianza estrecha con la Banca Imperialista ejercen una influencia decisiva sobre el régimen militar fascista.

3. La irrupción generalizada y combativa de las masas populares en la escena política mediante una sucesiva ola de protestas nacionales, ha abierto una nueva situación en el país caracterizada por un cambio sustancial en la correlación de fuerzas a favor del combate antidictatorial, una agudización aún mayor de las contradicciones inter burguesas y la pérdida de la iniciativa política por parte del régimen. La inevitabilidad de cambios políticos inmediatos resulta clara para todos los sectores, incluidos los adictos al régimen.

Las masas populares se han puesto definitivamente en pie de combate en contra de la dictadura, encontrando por primera vez en estos últimos diez años la forma de manifestar su repudio generalizado al régimen. Lo que explica la magnitud y combatividad alcanzada por las protestas es, precisamente, su carácter político: ya no se trata de una negociación salarial según las normas y plazos establecidos en la legislación laboral que emprende tal o cual sector de trabajadores, sino de expresar un repudio total al régimen dictatorial, su represión sistemática, su plan laboral, su proyecto político, su política de hambre y superexplotación. Se trata en una palabra de decir ¡basta de represión y miseria! ¡abajo la dictadura! La correlación de fuerzas sociales y políticas es hoy abrumadoramente mayoritaria a favor del combate antidictatorial. Lo que ha producido este cambio es el hecho de que las masas han comenzado a perder definitivamente el miedo a la represión, con lo que el régimen comienza a quedar sin armas eficaces para contener o impedir las protestas. Las amenazas y la represión lejos de atemorizar a las masas no hacen más que profundizar su odio a la dictadura y comprender mejor la necesidad de organizarse para hacer frente a la represión. En estas luchas las masas han sobrepasado ampliamente a las cúpulas sindicales y políticas que han pretendido canalizar las protestas hacia formas exclusivamente pacíficas, concibiéndolas como un instrumento de presión sobre las FFAA y el régimen con vistas a obtener de él ciertas concesiones. Sin embargo, ni los insistentes llamados de su dirección a respetar el carácter "pacífico" de las protestas, ni tampoco los desesperados esfuerzos del dictador por acallarlas ("no toleraré nuevas protestas") mediante la presencia de efectivos de las FFAA en las calles, han logrado impedir que las masas populares ganen las calles en sus poblaciones, levanten barricadas y enfrenten decididamente a las fuerzas represivas. De esta forma, las masas populares han pasado a constituir el protagonista principal de la escena política de los últimos meses. Quienes aparecen como su ''dirección" no han tenido más alternativa que convocar a las protestas, pero han sido completamente incapaces de dirigirlas. La lucha de las masas cobra de este modo, un amplio margen de autonomía, pero sería erróneo concluir por ello que sea fruto exclusivo de un estallido de rebelión espontánea. Tras esas manifestaciones de lucha de las masas se encuentra, sin lugar a dudas, la presencia de un grado de conciencia y organización que se ha abierto paso a duras penas en el curso de estos diez años de tiranía fascista y que clama por un cambio profundo y radical de la actual situación del país. Es este hecho innegable lo que llena de inquietud a los diversos representantes políticos de las clases dominantes y los incita a plantearse la necesidad e inevitabilidad de ciertos cambios con el objeto de desarmar el espíritu de combatividad de las masas populares. Las enormes potencialidades que la situación actual encierra desde un punto de vista revolucionario son claras para todos. Como lo expresara Lenin en su oportunidad, "sólo cuando los 'de abajo' no quieren y los 'de arriba' no pueden seguir viviendo a la antigua, sólo entonces puede triunfar la revolución".

4. Los sectores políticos y empresariales que han estado y están más directamente comprometidos con la dictadura tratan infructuosamente de apuntalar al régimen mediante una insistente presión sobre el dictador a favor de una "apertura" y diálogo con la "oposición democrática" sobre la base de ciertas concesiones que permitirían calmar el descontento y "aliviar las tensiones". Ante la insuficiencia de los métodos puramente represivos y el giro cada vez más amenazante que comienzan a tomar los acontecimientos, Pinochet ha debido finalmente ceder a estas presiones.

Luego de la primera protesta que tuvo lugar el 11 de Mayo, la reacción inicial de estos sectores consistió en disminuir, por una parte el alcance y significación de la misma ("si el miércoles último se pretendió amenazar seriamente al gobierno y provocar un grave trastorno en el país, sin duda los organizadores de la protesta no fueron seguidos por la población" (El Mercurio, 15/05/83), mientras que por otra parte reconocían la magnitud del descontento existente ("llegada la tarde, sin embargo, hubo manifestaciones cuya magnitud sería inútil negar", ibid) cuya explicación radicaría en el "inmovilismo político" del régimen. A partir de este diagnóstico, comienzan a presionar insistentemente sobre la dictadura en favor de medidas que permitan romper ese "inmovilismo" y recuperar la iniciativa política, al tiempo que critican su excesiva confianza en el empleo de métodos represivos para hacer frente al descontento. El intento inicial del dictador de resistir a estas presiones e iniciar el viraje hacia la "orientación populista" propuesta por los sectores "duros" (de corte más marcadamente fascista) no hizo más que aumentar el tono de la crítica: "la perpetuación del estado de excepción constitucional que impide el comienzo de una efectiva transición hacia la normalidad cívica; el aparente estancamiento en otras iniciativas de apertura, que permiten preparar al ciudadano común para volver a una mayoría de edad en materias políticas; la subsistencia de ciertos casos de exilio obligado de personas cuya vocación pacífica y democrática no justifica esa sanción; la prolongada intervención militar en ámbitos como el universitario, que al cabo de 10 años podrían haber recobrado el estatuto civil propio de la naturaleza de sus funciones; la falta de transparencia legislativa; las formas de censura previa que aún subsisten en campos de la creación intelectual, son algunas de las inquietudes que en este momento unen, más allá de las ideologías y de posiciones políticas, a muchos partidarios y adversarios del régimen" (El Mercurio, 22/05/83). La conclusión de estos sectores es clara: el gobierno debe tender un puente hacía la "oposición democrática" y buscar un entendimiento con ella. Es básicamente esto lo que en el lenguaje de estos sectores comienza a ser denominado "apertura política". Esta demanda se hizo aún más clara luego del éxito alcanzado por las siguientes jornadas de protesta. Ante el curso que tomaban los acontecimientos la dictadura ha debido finalmente ceder a la exigencia de un "plan político" que "configure principalmente un itinerario preciso de la que será la transición a la democracia y de garantías de participación en ella a todos los sectores democráticos del país" (Qué Pasa del 4 al 10 de Agosto del 83). Poco después de asumir el cargo de Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa señaló que dicho plan estaría constituido básicamente por los cuatro proyectos anunciados por Pinochet: estatuto de los partidos políticos, ley de elecciones, tribunal calificador de elecciones y Congreso Nacional. Además anunció que "esta implementación de las leyes políticas va a comenzar antes de lo que estaba previsto" (El Mercurio, 14/08/83). La táctica que la dictadura ha hecho suya consiste, de acuerdo a este "plan", en buscar un entendimiento político con la "oposición democrática" que posibilite contener el descontento y estabilizar al régimen. Para hacer posible este acuerdo, la dictadura se muestra dispuesta a hacer concesiones, llegando incluso a aceptar la posibilidad de modificar la Constitución de 1980, poniendo sólo como condición que los opositores reconozcan la legitimidad del régimen y acepten los postulados básicos de su proyecto institucional (sistema de "democracia protegida" con exclusión de las corrientes "totalitarias").

5. La oposición "democrática" por su parte, visiblemente atemorizada por la envergadura y combatividad alcanzada por las protestas antidictatoriales y ante el peligro evidente de que éstas se "desborden" hasta provocar la caída violenta del régimen dictatorial, se resiste a aceptar un acuerdo con éste sobre la base "del modelo" y los plazos establecidos por la dictadura en 1980 y renueva en cambio su exigencia de que las FFAA destituyan a Pinochet e inicien una "rápida transición a la democracia" con el objeto de neutralizar ese peligro "antes que sea demasiado tarde".

1) La constitución inmediata de un gobierno de transición cívico-militar que retendría las facultades legislativas;

2) la convocatoria a una Asamblea Constituyente;

3) el restablecimiento progresivo de las libertades públicas;

4) la dictación inmediata de una ley electoral;

5) la dictación de un Estatuto de los Partidos Políticos;

6) derogación de las limitaciones impuestas a las organizaciones sindicales;

7) el cese de la intervención de las universidades;

8) la gestación de un "consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencia, y que haga posible su desenvolvimiento posterior".

En lo fundamental, éste sigue constituyendo hoy el programa de la DC para la transición a la democracia. En el reciente discurso en que Gabriel Valdés dio a conocer la constitución de la "Alianza Democrática" sintetizó su petitorio en tres puntos:

1) Un cambio en la conducción política del Estado, es decir la salida de Pinochet, aconsejándole de pasada que renuncie voluntariamente para facilitar un acuerdo nacional;

2) La formación de un gobierno provisional de transición, representativo de un consenso nacional que en un plazo de 18 meses "restablezca la democracia";

3) "La creación de una Asamblea Constituyente que ejerza las facultades pertinentes de la Junta de Gobierno".

Además reiteró la disposición de la "Alianza Democrática" a "dialogar" con la dictadura. En síntesis, la "oposición democrática" presiona sobre las FFAA, convocando incluso a la realización de protestas "pacíficas", convencida de la urgencia de operar un cambio en la conducción política del país "antes de que sea demasiado tarde". En esto último, por lo demás, coincide hasta el Departamento de Estado norteamericano que declaró recientemente que "la restauración de un gobierno democrático en Chile es el mejor medio de disminuir las tensiones". Sus diferencias con los sectores adictos al régimen radican en que estiman inconveniente y hasta peligroso aferrarse al esquema y a los plazos establecidos por la dictadura en 1980, así como la permanencia de Pinochet en La Moneda. "El general Pinochet está agotado en sus funciones como gobernante... su mantención en el cargo de presidente es un factor que dificulta y entorpece cualquier solución" (Enrique Krauss, en Qué Pasa del 11 al 17 de Agosto).

6. La disputa al interior de las clases dominantes y sus representaciones políticas encuentra en las FFAA su destinatario final y decisivo. Son ellas quienes están llamadas a definir en última instancia la vía con arreglo a la cual el Estado burgués hará frente a la crisis del régimen. Constituyen en definitiva el árbitro reconocido y aceptado por todas las fracciones burguesas como único garante efectivo de su seguridad. A medida que la crisis se hace más profunda, la Iglesia Católica asume también un papel mediador más activo entre las diversas fracciones políticas de la burguesía, tratando de hacer valer el peso de la autoridad moral que amplios sectores de la población le reconocen para evitar que la crisis conduzca a un grado mayor de polarización.

Si la preocupación política central de todas las fracciones de la burguesía es la de asegurar un cuadro de estabilidad política, es comprensible que agotados los métodos coercitivos para lograr este fin resulte indispensable ensayar ahora métodos de "consenso". En otras palabras, cuando ya no es posible atemorizar es necesario engañar (y viceversa). La imposición debe ceder lugar al "pacto social". Pero esto no significa que el rol de las FFAA resulte hoy menos vital de lo que ha sido en el curso del último decenio. No se trata sólo de que ellas continuarán siendo bajo cualquier circunstancia el "último baluarte" del Estado burgués en contra de toda amenaza revolucionaria sino de que incluso hoy son ellas las que están llamadas a dirimir las contradicciones que sacuden al campo burgués y definir las vías a través de las cuales se hará frente a la crisis. Mientras las fuerzas políticas y sociales adictas al régimen confían en mantenerlas fielmente a su lado y por esa vía obligar a la ''oposición democrática" a negociar bajo sus condiciones, esta última confía en lograr convencer a las FFAA de que la salida que ofrece es la más conveniente para asegurar la estabilidad política del Estado burgués. De allí que la estrategia democratacristiana no sea en modo alguno la de plantearse un derrocamiento de la dictadura sino todo lo contrario: "No es propiamente un derrocamiento del régimen sino más bien una sustitución del mismo, porque un derrocamiento implica una caída violenta, y a nosotros no nos interesa una expresión violentista en el país. Con ello pierden las FFAA, los partidarios de un estado de derecho y de una regulación ordenada de los procesos políticos; en definitiva, el país. De modo que no nos interesa que se produzcan trastornos institucionales, pero sí que se habiliten caminos de acuerdo a las condiciones imperantes en el país" (Enrique Krauss en Qué Pasa del 11 al 17 de agosto). Es lo mismo que expresa en forma aún más clara Andrés Zaldívar, al referirse a las FFAA: "de su decisión dependerá que se de el proceso de transición" (El Mercurio, 24/04/83). Es esto lo que explica la insistencia de sus llamados a encauzar la protesta por la vía de la "no-violencia". Su proyecto político requiere de la aprobación de las FFAA y les garantiza a éstas una situación de impunidad ("El consenso por la convivencia en el país parte por rechazar cualquier actitud punitiva sobre el "ejército", Genaro Arriagada en El Mercurio del 13/03/83). La "transición a la democracia que propone la DC será entonces la que las FFAA estén dispuestas a tolerar, reconociéndoles el rol de "gestores" y "guardianes" de la misma. Es como dejar al zorro cuidando a las gallinas. De esta forma, la "democracia" que la oposición ofrece al pueblo en reemplazo de la dictadura lleva pendiente sobre su cabeza la espada de Damocles de la intervención militar. Las fuerzas armadas desempeñan en este esquema un rol activo como elemento de intimidación de las masas: ¡nadie ose provocar sus iras! ¡su paciencia no es ilimitada! ¡las FFAA no permitirán el caos y la violencia! La jerarquía de la Iglesia Católica por su parte hace jugar su autoridad haciendo insistentes llamados a evitar el uso legítimo de la violencia por parte del pueblo y ofreciendo su mediación para salvar el conflicto entre las fracciones burguesas en pugna. La posición de la jerarquía de la Iglesia Católica frente a la dictadura jamás ha ido más lejos de lo que la DC está dispuesta a ir. De allí que en cada una de sus declaraciones el Comité Permanente del Episcopado considere que los actos de violencia son "deplorables cualquiera sea su origen" y exhorte a no caer en "la tentación de oponer violencia a violencia" ("Más allá de la protesta y la violencia"). Es el pacifismo típico del opresor, del rico, del poderoso. "Toda violencia es mala", ¡cuidado con rebelarse! Es el pacifismo que otorga su bendición, como lo hizo el 11 de marzo de 1983, y por tanto legitima a un régimen genocida basado en la violencia sistemática contra el pueblo y se apresura a condenar los intentos de éste por defenderse. No es de extrañar entonces que incluso el Vaticano corriera en ayuda le la dictadura mediante un mensaje de Juan Pablo II en el que exhorta a "no emprender el camino de la violencia, aún con el propósito de alcanzar aspiraciones legítimas". Ya lo había hecho anteriormente cuando acusó directamente a la guerrilla salvadoreña de "producir luto en ciudades y pueblos al destruir puentes carreteros e instalaciones económicas de vital importancia" sin mencionar en ningún momento los crímenes de la Junta. Se trata del significado práctico de la "doctrina social de la Iglesia Católica", que se pronuncia decididamente a favor de la propiedad privada de los medios de producción. Es claro, pues, que la Iglesia Católica está llamada a jugar un rol de primer orden en la legitimación de un "pacto social" o acuerdo nacional anti obrero y antipopular.

7. La política del estalinismo no se diferencia sustancialmente de la que la caracteriza a la "oposición democrática" aunque utilice un lenguaje más radical, reconozca "el legítimo derecho del pueblo a la rebelión" y llame a utilizar "todos los medios de lucha" en el combate antidictatorial. Todo su programa, que es lo que verdaderamente importa, se reduce a exigir la salida de Pinochet y "la vuelta a la democracia". Incluso ha manifestado con toda claridad su disposición a colaborar lealmente en la estabilidad del régimen demoburgués.

Luego de su pleno de agosto de 1977, en el que ya ofrecía servilmente sus servicios a la burguesía "democrática" para hacer posible una política de "pacto social", el PC reafirmó y precisó su línea política de subordinación del proletariado a la burguesía en su documento titulado "nuestro proyecto democrático" de fecha 5 de julio de 1979 y publicado bajo la firma de su secretario general Luis Corvalán. En éste, el PC señala: "no se plantea en reemplazo del fascismo, la constitución de un Estado socialista ni la de un régimen típicamente burgués. En otras palabras, el dilema no es socialismo o fascismo, ni simplemente fascismo o democracia burguesa. Lo que corresponde es un nuevo régimen democrático, popular y nacional que favorezca y promueva los cambios que emanen de las necesidades objetivas del progreso social". En el estilo característico del PC, que busca presentar su posición como equidistante de los "extremos" al tiempo que ocultar su verdadero contenido de clase, lo que se nos plantea aquí es simplemente un compromiso por la continuidad del Estado burgués bajo la forma de un régimen burgués "atípico" ("democrático, popular y nacional"). Esta es la esencia de la orientación que propugnan los estalinistas y de ella se derivan sus propuestas de acuerdo de largo aliento con "todas las fuerzas democráticas", especialmente la DC y los "sectores democráticos de las FFAA". En otras palabras, los estalinistas declararon explícitamente que "nuestros objetivos finales son el socialismo y el comunismo. A nadie engañamos ni pretendemos engañar. En forma tajante reiteramos también que éste no es el problema de hoy". De allí que en otro párrafo de este mismo documento Corvalán habla de "la sociedad socialista que algún día construiremos". ¡Algún día remoto, muy remoto! Pero ahora, que es lo que realmente importa, el objetivo no es este, sino "la revolución antiimperialista y antioligárquica" en compañía de... ¡la DC y las FFAA! Es por esta razón que, para los estalinistas, "el entendimiento entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, y todos los que estén por el progreso social, no responde simplemente a una línea táctica, sino a una orientación estratégica".

Hay, sin embargo, desde hace tres años un rasgo novedoso en la línea política de los estalinistas: su proclamación del "derecho del pueblo a la rebelión". Este tema hizo su debut en boca del estalinismo en un discurso pronunciado en Moscú por Corvalán con motivo del 10 aniversario del triunfo electoral de la UP y en vísperas del "plebiscito" pinochetista. Hasta entonces, y a pesar de los siete años de feroz dictadura transcurridos, el PC seguía sosteniendo, con un empeño digno de mejor causa, "somos absolutamente contrarios al terrorismo" (declaración de Corvalán al periodista Franco Catucci de la Radio y televisión italiana). "El terrorismo y la provocación son ajenos a la línea de combate del pueblo para poner término a la dictadura. Vengan de donde vengan las provocaciones son un instrumento de los opresores'' (declaración del PC el 15/12/73), y refiriéndose a las acciones de castigo a los asesinos, torturadores y soplones de la dictadura, sabotaje y propaganda armada propuestas por el MIR, "esto es precisamente un plan terrorista, aunque en las acciones no murieran sólo inocentes, y lo es porque cada una de estas "tareas" no podrán ser sino acciones de individuos o pequeños grupos separados de las masas y nunca de las masas mismas en las condiciones actuales. ("El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo", noviembre de 1975). Pero he aquí que sorpresivamente y tomando como pretexto al "plebiscito" de 1980 Corvalán se atreve a declarar, aunque todavía con cierta timidez y siempre a la defensiva: "se hacen humo las ilusiones respecto de una presunta liberalización del régimen. Se cierran los caminos para una evolución gradual con que algunos han soñado (...) El derecho a la rebelión, por así decirlo, un derecho sagrado, no es un invento de los comunistas. Hace ya dos siglos que fue incorporado a la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Lo reconoce la encíclica Populorum Progressio frente a las tiranías". ¿A qué responde y qué significa esta voltereta? Nada más lejos de la realidad que suponer a la vieja dirección ultra oportunista del PC transformada de la noche a la mañana en "revolucionaria". Lo que indudablemente hay tras tales declaraciones es una maniobra de esa dirección tendiente a prevenir el estallido de una crisis al interior del PC, ante la manifiesta esterilidad de sus llamados a la DC y los "sectores democráticos de las FFAA" y un creciente descontento de sus bases en Chile. La derrota de 1973, el callejón sin salida hacia el que conduce la política propuesta por el PC, el ejemplo contagioso de la revolución nicaragüense y la pérdida de los viejos cuadros estalinistas que debieron ser reemplazados en tareas de dirección al interior por franjas nuevas y menos "seguras" son todos factores que contribuían a configurar una situación de crisis potencial al interior del aparato estalinista. Se imponía hacer una concesión para evitar un quiebre y retener a la juventud. Pero en boca de la vieja dirección se trata de una concesión formal, de palabra, sin la intención real de traducir ese tardío reconocimiento en un cambio efectivo, en la actividad del aparato. Lo prueba el hecho de que dicha proclamación no está en modo alguno acompañada de propuestas concretas ni mucho menos de un plan de acción destinado a ejercer ese derecho a la rebelión así como el que tampoco altera en nada los objetivos políticos sobre los cuales se apoya toda la política traidora de este aparato. Sin embargo, no habría que perder de vista que si la dirección se vio forzada a hacer concesiones a la base es porque hay allí inquietudes reales que pueden y deben ser estimuladas en un sentido revolucionario. En declaraciones recientes a un periodista en Santiago de miembros de la dirección del PC se decían cosas como estas: "Creo que la política de rebelión implica un enriquecimiento profundo de la línea del partido y ha sido acogida por diversos sectores políticos y crecientemente por el movimiento popular porque ven en este planteamiento una posibilidad viable, real, de enfrentar al fascismo en todo terreno y derrocarlo. Es una política que entrega confianza al pueblo en sus propias fuerzas, y por tanto, hace nacer una disposición y una moral de combate distinta en el movimiento popular. Más aún, el desarrollo de la lucha armada de las masas no contradice ni empequeñece la lucha política, por el contrario ambas se conjugan para elevar la pelea y alcanzar el objetivo de la derrota de la dictadura". Y en relación a las FFAA, "primero, creo que el pueblo sólo puede confiar en su propia fuerza, esto está implícito en nuestra política militar. Las FFAA tal como existen hoy día no pueden ser garantía de nada". No cabe duda de que estas palabras pueden significar cualquier cosa en boca de dirigentes estalinistas, pero tampoco cabe duda de que se trata de un lenguaje en ellos completamente nuevo contra el que no se cansaron de poner en guardia en el pasado reciente, que corresponde a causas como las señaladas anteriormente y que desata inevitablemente una dinámica de acción contradictoria con los objetivos políticos del aparato. La contradicción entre ambos parece irreductible y se expresará con toda su fuerza en algún momento. La forma en que finalmente se resuelva dependerá en buena medida de la capacidad de acción que logren alcanzar las corrientes clasistas y revolucionarias.

8. La crisis y división del PS ha repercutido en la crisis y parálisis de la UP y dado origen a un proceso de reagrupamiento de tendencias "socialistas" que buscan conformar un polo independiente y alternativo al estalinismo en el seno del movimiento obrero y popular chileno sobre la base de la tradición histórica del PS y un reconocimiento de la necesidad de "renovar" la izquierda chilena. Este reagrupamiento de fuerzas, la "Convergencia Socialista", es expresión de corrientes políticas e ideológicas dispares y está lejos de representar un fenómeno de perfiles claros y consolidados, aunque priman en su seno las propuestas reformistas que contienen una línea de subordinación "democrática" del proletariado a la burguesía.

A comienzos de 1979 la división del PS deja de manifiesto la paciente y sistemática labor de "colonización" de ese partido llevado a cabo por el estalinismo, buscando con ello alcanzar una posición hegemónica en el seno de la izquierda chilena similar a la que detenta el PC de Italia. Este ha sido un viejo sueño de los estalinistas ante el que, en ausencia de un partido revolucionario auténtico, el ascendiente que el PS aún conserva en amplios sectores del movimiento obrero y popular se levanta como el principal obstáculo. Luego de esta división han tenido lugar esfuerzos paralelos para, por una parte, reunificar a una amplia gama de fracciones dispersas del PS y, por otra parte, ampliar estas iniciativas incorporando a la "Convergencia Socialista" a corrientes hasta ahora ajenas al PS como es el caso de los dos mapus y la Izquierda Cristiana, que por otro lado han comenzado a actuar en conjunto. Este sólo hecho es de por sí un índice del grado de heterogeneidad ideológica de la "Convergencia Socialista", dado el sello estalinista del MAPU-OC, eurocomunista del MAPU, cristiano de la IC y el amplio espectro ideológico del propio PS en sus diversas fracciones. En un plano propiamente político parecen primar las tendencias oportunistas que buscan comprometerse en un proyecto de colaboración de clases de largo alcance y que bajo una u otra forma se expresan en las propuestas formuladas por las direcciones de estos partidos. Así por ejemplo el MAPU en su manifiesto de marzo de 1980 llama a concretar "la voluntad unitaria de nuestro pueblo en un acuerdo democrático entre la izquierda y la Democracia Cristiana". Otro tanto ha hecho la Izquierda Cristiana en las resoluciones del Segundo Pleno de su Comité Central, también de marzo de 1980. En cuanto al MAPU-OC, los siguientes párrafos son significativamente elocuentes: "en las condiciones históricas de nuestro país, y en el contexto internacional en el que se desarrolla nuestra revolución, es posible proponerse un amplio frente de fuerzas políticas, sociales e ideológicas, que se perfile en una perspectiva de largo aliento que se ponga el objetivo de construir una democracia de nuevo tipo y de impulsar el desarrollo independiente de la sociedad chilena. Ello requiere, por cierto, en el terreno político enfrentar, destruir y transformar el Estado Fascista. En el terreno de las transformaciones económico-sociales, terminar con la hegemonía del gran capital imperialista y monopólico. Pensamos que consumar una revolución de esta naturaleza, pone a nuestra sociedad en un proceso de continuidad con el desarrollo socialista de la sociedad chilena. No confundimos, sin embargo, ambas fases de nuestro proceso. Porque el socialismo como proyecto histórico significa la abolición del gran capital nacional y extranjero" (subrayado por nosotros). Es decir, el MAPU-OC (se propone) "terminar con la hegemonía" pero no "abolir" el gran capital nacional y extranjero. Tal sería la diferencia esencial entre la "revolución democrática" y la fase propiamente socialista. Lo que indudablemente nadie explica es como será posible "terminar con la hegemonía" del gran capital nacional y extranjero sin "abolirlo" y esto último sin la destrucción del Estado burgués (no sólo fascista). En la misma entrevista (Resistencia chilena N°15, marzo-abril 78) Jaime Gazmuri descarta toda posibilidad de plantearse "una estrategia política que pretenda resolver el problema militar sobre la base de ir generando a partir del propio movimiento obrero una fuerza militar que tenga las condiciones de disputar la hegemonía también en ese plano a las fuerzas militares institucionales. Nosotros creemos que una estrategia basada en esa perspectiva no tiene condiciones ni políticas ni militares ninguna de éxito". Propone en cambio "una política que logre generar al interior de las FFAA fenómenos de oposición a la política, y al carácter fascista que estas organizaciones han ido adquiriendo". Como muestra del carácter "marxista-leninista" de esta organización no cabe duda que estas declaraciones son elocuentes. Por lo que toca al PS es posible identificar dos tendencias principales, cada una de las cuales tiene diversas formas de expresión organizativa. Por una parte están las corrientes que reafirman la línea del "frente de trabajadores'' y que se muestran reacias a comprometerse en una política de "pacto social", mientras que por otro lado se encuentran quienes, si no explícitamente al menos de hecho, descartan esa orientación y se muestran por el contrario partidarios de un entendimiento estable de "todas las fuerzas opositoras". Entre los segundos están la "fracción estalinista" (Almeyda) y los "guatones" (Rodríguez). En cuanto el PS-XXIV Congreso es obvio, además, que en su interior subsisten diversas tendencias y que ellas no se sienten demasiado comprometidas por los acuerdos que se adopten sobre el papel. Más que las resoluciones formales lo que importa es la práctica de cada corriente y es en este plano que dicho sector no puede gozar de credibilidad alguna en un sentido revolucionario. No obstante, tales resoluciones no pueden surgir de la nada ni ser un mero recurso propagandístico en la pugna por la bandera del PS sino que responden a un espíritu de lucha clasista que permanece vivo en sus bases obreras y juveniles.

9. La ausencia de una alternativa revolucionaria resulta notoria, a pesar de todo el radicalismo formal de corrientes como el MIR que concluyen sosteniendo en los hechos los objetivos y perspectivas trazadas por el reformismo o que, en el mejor de los casos, revelan su dependencia política e ideológica con relación a éste por medio de una constante actitud de conciliación frente a tales objetivos y perspectivas. No obstante, la evaluación futura de estas corrientes no depende por entero de ellas mismas, sino también de la voluntad de acuerdos y las posibilidades reales que la situación ofrezca de alcanzarlos que exista en los medios burgueses. La ausencia de bases reales para una exitosa política de colaboración de clases colocará a estas corrientes ante la disyuntiva de una capitulación total (lo que es poco probable que se de) o una lucha frontal contra el sistema que las lleve a radicalizar sus objetivos (evolución que aparece como más probable dado el hecho innegable de que estas corrientes constituyen una expresión del grado de radicalismo presente en las masas, incluso una expresión limitada de ese radicalismo).

10. Una alternativa de clase, proletaria y revolucionaria, en la coyuntura actual, supone ante todo reformular, tanto en sus métodos como en sus objetivos, la lucha independiente de las masas obreras y populares por el derrocamiento de la dictadura, la liquidación de los aparatos represivos del Estado burgués, la expropiación de los grandes capitales nacionales y extranjeros y la democratización plena y efectiva de la vida política del país. Cualquier otra orientación y cualquier otra salida sólo favorece a los enemigos seculares del pueblo trabajador y les garantiza la posibilidad de seguir explotando y oprimiendo a los trabajadores y a las amplias masas del pueblo.

Las luchas obreras y populares, cada vez más vastas y combativas, que tienen lugar en Chile, confirman la plena vigencia y validez del principio cardinal que orienta la lucha clasista y revolucionaria: sólo la lucha independiente de las masas obreras y populares permitirá derrocar a la dictadura. Todo lo que se haga o pueda hacerse en otros terrenos cobra importancia en la medida en que ayuda, apoya y refuerza la lucha de las masas, sin pretender supeditarlas, en la medida en que parte del reconocimiento efectivo de la lucha de masas como eje central en torno al cual se estructura y desarrolla la lucha antidictatorial. Lucha independiente de las masas significa que éstas se movilizan y combaten por cuenta propia, con arreglo a sus propios métodos de lucha y tras sus propios objetivos de clase, sin prestar oídos a quienes presentándose como sus amigos y "representantes" solo tratan de frenar, desviar y desarticular la acción directa de las masas mediante diversas formas de agitación y colaboración en los marcos del Estado burgués. Los métodos de lucha y los objetivos que las masas pueden y deben hacer suyos en todo momento solo deben estar determinados por la propia disposición de las masas a asumirlos, por el nivel alcanzado en el terreno de la organización, la conciencia y el espíritu de lucha de las masas. No cabe otro criterio. Como lo establece el "Programa de Transición", "la 'posibilidad' o 'imposibilidad' de realizar las reivindicaciones es (...) una cuestión de relación de fuerzas que sólo puede ser resuelta por la lucha. Sobre la base de esta lucha, cualesquiera que sean los éxitos prácticos inmediatos, los obreros comprenderán, en la mejor forma la necesidad de liquidar la esclavitud capitalista". La gran tarea del momento no es otra que ésta: combatir en todo momento, en cada lugar y con todos los medios disponibles a los aparatos represivos del Estado burgués hasta su completa y total aniquilación como única garantía posible de real democratización del país, unir en torno a esta lucha a todas las organizaciones obreras y populares en un Frente político común capaz de coordinar las acciones y centralizar el combate en la perspectiva inmediata de una Huelga General Revolucionaria que aseste el golpe definitivo a la dictadura y abra paso a la constitución de un Gobierno Obrero y Popular. Todo esto supone hoy tomar las iniciativas políticas y materiales que conducen al armamento del proletariado y el pueblo y al desarme y desarticulación de las fuerzas represivas del Estado burgués. Los niveles de enfrentamiento, alcanzados colocan a la orden del día la labor de agitación revolucionaria en el interior de las FFAA buscando desatar una dinámica de rebelión en las tropas. Aunque es claro que la lucha por la reconstrucción de la CUT no ha perdido vigencia y se debe continuar desarrollando una propaganda sistemática en torno a este objetivo, es claro también que en este momento en que vastos sectores del pueblo se han puesto de pie para luchar por el derrocamiento de la dictadura, el centro debe ser puesto en la convocatoria a nuevos combates, en la elevación de los niveles de organización que ellos reclaman, en la extensión aún mayor de los mismos tratando de incorporar a la lucha al proletariado industrial en sus propios lugares de trabajo y tratando también de generar brotes de rebelión en el seno de las propias fuerzas represivas, en la profundización de los objetivos de la lucha vinculando desde ya el derrocamiento de la dictadura con la liquidación de los cuerpos represivos del Estado Burgués, la expropiación de los grandes capitales nacionales y extranjeros, la solución inmediata de los problemas más urgentes de las masas garantizando a todos el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Estas reivindicaciones son intransables para el pueblo trabajador y no pueden ser negociadas a sus espaldas. No se trata de sacar a Pinochet para que todo siga igual. De lo que se trata es de que el pueblo pueda acabar con sus enemigos, los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que hoy se sirven de Pinochet para reprimir al pueblo y proteger sus intereses y mañana se servirán de la DC y el "pacto social" para continuar enriqueciéndose a expensas de la inmensa mayoría de los chilenos. Las contradicciones inter burguesas son contradicciones al interior del campo enemigo y no modifican la línea divisoria del combate político fundamental entre explotados y explotadores. De allí que las coincidencias que puedan surgir entre el proletariado y tal o cual fracción política de la burguesía no pueden sino tener un carácter ocasional, limitado a tal o cual demanda específica. Cualquier alianza estratégica, acuerdo gubernamental o institucional con alguna de las fracciones políticas del campo burgués -y a través de ellas con el conjunto de las clases dominantes- solo es posible sobre el terreno de la preservación y consolidación del Estado burgués y supone, por tanto, una traición a los intereses vitales del movimiento obrero y popular.

11. La construcción hoy de una efectiva alternativa revolucionaria al calor de los combates que despliegan las masas populares requiere como primera condición de un esfuerzo serio y sostenido por superar la dispersión organizativa de las tendencias clasistas existentes. Es urgente en tal sentido, bregar por la implementación práctica de una táctica de Frente Único Revolucionario tal y como se encuentra definida en las resoluciones de nuestros congresos, que permita unificar en la acción a la totalidad de esas corrientes, potenciando con ello la capacidad de convocatoria de una plataforma de lucha revolucionaria frente a la política traidora de los aparatos reformistas y las vacilaciones del centrismo.

La inexistencia de un Partido Revolucionario de masas y la gran debilidad organizativa y la dispersión de las corrientes llamadas a confluir a la formación de ese partido en el futuro, incluida la propia LCCH, posibilita hoy que sus voces a favor de una línea de combate independiente de la clase obrera y las masas populares frente a la dictadura y el conjunto de las fracciones burguesas se vean hoy ahogadas por la capacidad de convocatoria mucho mayor de los aparatos reformistas y de las organizaciones centristas que ya gozan de cierta influencia en el movimiento de masas. Constituye entonces una necesidad política elemental la de ponerse de acuerdo en una plataforma de lucha que de expresión práctica al combate por abrir cauce a una alternativa revolucionaria en el actual momento y que permita coordinar esfuerzos en el terreno de la agitación y la organización de los combates. Es necesario asumir sin dilación iniciativas destinadas a ponerse en movimiento hacia una Convergencia Revolucionaria al conjunto de estas tendencias. No se trata, por cierto de buscar sustitutos al partido revolucionario ni de proponer que éste sea creado por vía administrativa. Nada de eso. De lo que aquí se trata es de buscar acuerdos de acción común con todos aquellos que estén dispuestos a impulsar una línea de independencia de clase en el curso de los combates que hoy tienen lugar en Chile, para reforzar las posibilidades que esas mismas luchas están creando, para enfrentar con mayores posibilidades de éxito la política de colaboración de clases de los aparatos reformistas, para aumentar la presión sobre las corrientes centristas y lograr que sus bases sean más receptivas a nuestros llamados, etc. En todo este esfuerzo la LCCH debe jugar un rol de primer orden, destacándose como la fuerza más consecuentemente unitaria y revolucionaria. Lo que está en juego en esta empresa es algo infinitamente más importante que los mezquinos intereses de secta o de capilla que puedan inspirar a algunos. Es el destino mismo de las luchas actuales y con ellas de nuestro pueblo. Desde luego que la constitución de un Frente Único con estas características no se opone sino que por el contrario exige un esfuerzo paralelo por superar la confusión política e ideológica en que se debaten todas estas corrientes, una lucha ideológica sostenida en contra de todo el lastre que arrastran consigo en el terreno de sus definiciones programáticas, en contra de los sentimientos "antipartido" reinantes en algunas de ellas, el estrecho sindicalismo de otras, las reminiscencias estalinistas y burocráticas, el exitismo, el sectarismo, el militarismo y el oportunismo presente en casi todas, etc. Si somos capaces de demostrar por nuestros actos que somos la fuerza más consecuentemente revolucionaria, que somos capaces de dar una orientación justa para el impulso de las luchas obreras y populares y que somos capaces de criticar implacablemente las debilidades, aberraciones e inconsecuencias de otras tendencias clasistas sin por ello constituirnos en un obstáculo a la unidad de acción tras una plataforma de lucha común, sin dar muestras de sectarismo, sino por el contrario transformarnos al mismo tiempo en los campeones de la unidad que las luchas de las masas exige y reclama, es decir de la única forma de unidad legitima, la que existe para la lucha, como instrumento de la lucha y no como freno de la lucha, entonces estaremos dando pasos gigantescos hacia nuestra propia transformación en un genuino partido revolucionario capaz de atraer a sus filas a los mejores, más conscientes y más aguerridos, combatientes populares. Tal es la tarea que tenemos por delante, y en ella el llamado a la constitución de una "Convergencia Revolucionaria" sobre la base de una plataforma de lucha clara y abierta a todos los sectores que se manifiesten de acuerdo con ella ocupará sin duda un papel fundamental. No hay que perder un minuto más en este terreno.

12. En todo esto, es fundamental y decisiva la presencia activa de una LCCH fuerte, unida y dinámica, capaz de hacerse oír con voz propia en cada manifestación de lucha significativa de las masas y ante cada problema que el desarrollo de la lucha de clases coloque ante los revolucionarios. Necesitamos en forma imperiosa que la organización se muestre ahora capaz de dar un salto hacia adelante en su desarrollo político, ideológico y organizativo, proyectándose como germen del Partido revolucionario que debemos construir, actuando como aguerrido y disciplinado destacamento de vanguardia de la clase obrera y las masas populares en lucha.

Una primera condición para ello es, ciertamente, la rápida superación de nuestras limitaciones organizativas y nuestras fallas de funcionamiento más evidentes. Debemos tomar las medidas que posibiliten un funcionamiento adecuado a las instancias de dirección que tienen el deber de motorizar todo el trabajo del partido. Nuestra labor de agitación y propaganda debe mejorarse en forma sustancial, tanto a nivel central como de base, permitiendo que nuestra política sea conocida y comprendida por un número cada vez mayor de luchadores obreros y populares. En este sentido, le corresponde un rol de primer orden a nuestro órgano central como agitador y organizador colectivo de la actividad revolucionaria de nuestro partido. Su lenguaje debe ser claro y directo, sus artículos cortos y sus razonamientos simples, dando respuesta, ante cada coyuntura, a las interrogantes que todo activista obrero y popular se plantea a cada paso: ¿qué hacer y cómo hacerlo? La acción de denuncia y el llamado general a la acción, deben traducirse claramente en respuestas directas a estas interrogantes. Ese y no otro es el papel del periódico. Paralelamente se puede y se debe editar materiales de propaganda, sea por la vía de una revista teórica o por la vía de folletos destinados a llevar adelante una discusión más completa y pormenorizada sobre los problemas políticos centrales que plantea el desarrollo de la lucha revolucionaria, tanto a escala nacional como internacional. Los organismos de base, por su parte, tienen el deber de organizar y desarrollar, paralelamente a la distribución de los materiales de agitación y propaganda centrales, su propia labor en este terreno, por la vía de panfletos, volantes, rayados sobre todo de su participación directa en los combates. La construcción del Partido en este plano significa: 1) ir a las masas y convocarla al combate (agitar, hacer conciencia, conversar en torno a iniciativas específicas); 2) organizar la movilización y lucha de las masas (proponer los lugares de encuentro, discusión y decisión colectiva que se requieran para llevar adelante los combates); 3) Extender y unificar la lucha de las masas (convocar a otros sectores a asumir la lucha iniciada o solidarizarse activamente con ella); 4) Profundizar los objetivos y métodos de la movilización de masas (extraer las conclusiones que correspondan a las luchas emprendidas, proponer nuevas acciones y objetivos que hagan pie en esa experiencia e impulsen la lucha hacia adelante, elevando con ello el nivel de conciencia política de las masas); 5) Construir el Partido revolucionario al calor de esas luchas de masas (acercarse a los elementos más destacados, combativos y conscientes de las masas e invitarlos a incorporarse al Partido revolucionario; discutir con ellos, darles a conocer nuestro programa, etc.). Tales son los cincos principios que deben guiar todo el accionar de las células. Debemos poner un especial énfasis en organizar una amplia labor de reclutamiento de nuevos militantes, particularmente entre los jóvenes que han despertado a la vida política en el curso de la lucha antidictatorial y que han tomado la primera línea de los combates contra las fuerzas represivas. Debemos prestar una atención muy especial a estas nuevas generaciones de luchadores obreros y populares, tratando de incorporar a nuestras filas a lo mejor de ellos. En este plano se debe tener un criterio más flexible que el aplicado hasta ahora y que tenía su justificación en el periodo de reflujo y desmoralización generalizada que siguió a la derrota y en el medio fuertemente desmoralizado del exilio. En las condiciones que prevalecen actualmente en Chile, caracterizadas por un alza de las movilizaciones de masas y un estado de rebelión generalizado, las puertas del Partido deben abrirse para incorporar a sus filas a todos los luchadores que acepten su programa y sus estatutos y que estén dispuestos a realizar un trabajo sistemático en un organismo de base, independientemente de su actual nivel de experiencia y conciencia política. Es el propio partido el que por su labor sistemática en el plano político, ideológico y organizativo debe servir para superar los vacíos que arrastren consigo los nuevos militantes. El Partido revolucionario debe ser una escuela de formación de militantes revolucionarios lúcidos, responsables, aguerridos y disciplinados. Una actitud similar debe observarse hacia, aquellos grupos de militantes que se han formado y desarrollado al margen de nuestras filas partidarias pero que coinciden con nosotros en el terreno de nuestras proposiciones políticas y programáticas. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar su incorporación a nuestras filas, sin poner como condición la existencia previa de un acuerdo total, al 100%, sobre las eventuales divergencias. Aquí hay que saber apreciar el significado de esas eventuales divergencias como el grado de experiencia política de los militantes que nos proponemos ganar, estimando sobre esta base las posibilidades reales de lograrlo. Una política más flexible de reclutamiento de militantes no implica de modo alguno una suerte de "apertura" de la organización que la lleve a bajar la guardia ante la observancia estricta de las normas de organización y funcionamiento bolchevique, que la lleve a tolerar en sus filas la anarquía organizativa, la indisciplina, la irresponsabilidad y el democratismo formal. Por el contrario, de lo que se trata es de que el Partido se acerque más decididamente y se vincule más estrechamente a la clase obrera y al pueblo e incorpore a sus filas a los elementos de vanguardia más combativos y capaces para formarlos como revolucionarios íntegros y cabales, como cuadros bolcheviques de un partido verdaderamente bolchevique. Además, la lucha del Partido debe apoyarse no solo en sus militantes, sino también en el aporte que esté dispuesto a dar cualquier simpatizante o amigo del partido. Debemos exhortar permanentemente a estos últimos a apoyar efectivamente nuestra lucha, a colaborar activamente con ella, valorando todo aporte o contribución que estén en condiciones y dispuestos a darnos. Demás está decir que debemos también prestar especial atención al desarrollo de la lucha ideológica frente a otras corrientes que se reclaman del movimiento obrero y popular y sus tradiciones. Nuestra capacidad de llevar adelanto en forma exitosa esta lucha es una condición ineludible de nuestro desarrollo político y organizativo y la labor que debemos desplegar en este campo es sumamente vasta y compleja. De allí que no debemos solo apoyarnos en nuestra propia labor de crítica y elaboración teórica, sino también en el aporte que entregan constantemente aquellos intelectuales o núcleos de intelectuales más directamente comprometidos con la lucha revolucionaria y sus perspectivas. Debemos acercarnos a ellos y estimular sus esfuerzos, tratando al mismo tiempo de vincularlos más activamente a la lucha revolucionaria. Lo mismo vale en relación con los artistas, músicos, escritores, etc. Todas estas tareas son aspectos distintos pero íntimamente relacionados entre sí de una misma y gran tarea: destacar la presencia de la Liga Comunista en los combates de hoy como destacamento de vanguardia de la clase obrera y las masas populares y germen del Partido Revolucionario que las conducirá a la victoria.