7. El giro de la mayoría opositora hacia los cauces de la "transición pactada" (1987-89)

7.1. Los reveses de la PRPM refuerzan el liderazgo de las cúpulas conciliadoras

La PRPM proclamada por el PC había ganado una creciente importancia desde el estallido de las primeras jornadas nacionales de protesta, favoreciendo el protagonismo de las masas y el rol político de sus impulsores. Ese partido podía apoyarse para impulsarla en el significativo arraigo popular que como corriente política había logrado alcanzar a lo largo de su existencia y en la clara sintonía que ella tenía con el generalizado y profundo repudio ciudadano a la política de represión y miseria de la dictadura. Su destacamento armado, el FPMR, tuvo además la posibilidad de contar con un importante apoyo logístico para intentar hacer realidad el objetivo de hacer de 1986 el "año decisivo" en que la sublevación nacional culminaría con el derrocamiento de la tiranía. Sin embargo, los reveses que representaron el descubrimiento por la CNI de la operación de internación de armas y el fallido intento posterior del FPMR de ajusticiar al tirano, tuvieron un incuestionable impacto sobre el conjunto del campo opositor, acrecentando el interés de sus cúpulas dirigentes más visibles por lograr una salida política negociada, a fin de evitar que la confrontación pudiese escalar en el terreno militar. La dirección del PC, que por su parte tampoco impulsó la PRPM con el empuje y la decisión que requería para prosperar, aprovechó la ocasión que le brindaron tales reveses para desentenderse definitivamente de ella. De hecho, a pesar de haberle dado antes un apoyo formal a esa orientación, en el accionar práctico de ese partido continuó primando una concepción cupular de la política, en virtud de la cual lo clave para derrotar a la dictadura seguía siendo el objetivo de lograr la más amplia unidad de todas las fuerzas políticas opositoras, lo cual significaba en primer lugar un entendimiento con la DC. De allí que el PC se mostrase siempre temeroso de que las acciones encaminadas a hacer realidad un alzamiento popular de carácter insurreccional pudiesen perjudicar la posibilidad de lograr esa ansiada convergencia con las cúpulas de la oposición burguesa y, a consecuencia de ello, llegase a encontrarse luego políticamente aislado.

Es claro que, si bien esto resultaba coherente desde una perspectiva política cupular, no correspondía a una línea de acción trazada desde el punto de vista de los explotados, centralmente basada en su propia movilización. El fantasma de una insurrección popular, que se insinuaba tanto en la operación de ingreso de armas como en el atentado a Pinochet, no podía menos que aumentar la preocupación de la oposición burguesa e incrementar la presión del imperialismo por lograr una salida que permitiese encauzar el gran descontento social acumulado entonces en Chile hacia un escenario en que éste pudiese ser apaciguado y controlado políticamente por ella. Todo esto la llevó a operar un cambio en su orientación política, imponiéndose en su seno la propuesta más conciliadora del sector conservador de la DC liderado por Aylwin. Desde el año 1984 que éste venía proponiendo dejar de lado las 3 demandas que habían estado orientando al menos desde 1980 el accionar de la oposición burguesa (salida de Pinochet, Gobierno Provisional y Asamblea Constituyente) para entablar en cambio una negociación con la dictadura que diese viabilidad a una superación de la crisis del régimen en el marco de las reglas y plazos fijados por su propio proyecto institucional de "transición a la democracia". Es decir, la oposición burguesa, secundada por un número cada vez mayor de corrientes de la vieja izquierda, comenzaba a allanarse a desarrollar su juego político en la cancha y bajo las condiciones establecidas por la propia dictadura a fin de evitar una mayor polarización política en el país.

Ese viraje político se tradujo también en un cambio en el accionar de la cúpula sindical que, bajo el liderazgo de dirigentes democratacristianos, había convocado y conducido hasta entonces las jornadas nacionales de protesta. Esos dirigentes se alinearon ahora con el objetivo de centrar todos los esfuerzos en generar las condiciones políticas que permitieran dirimir el conflicto a través del Plebiscito contemplado en el itinerario de institucionalización de la dictadura para octubre de 1988. Ello creó finalmente el escenario políticamente más favorable para avanzar hacia una superación de la crisis provocada por el generalizado y explosivo descontento social sin poner decisivamente en cuestión los intereses del gran capital que el régimen militar-fascista había protegido y promovido a lo largo de toda su existencia. Se llegó así a someter la resolución del agudo conflicto social y político entonces planteado primero al mecanismo del plebiscito -cuyos resultados, contra todas las previsiones, Pinochet se vio imposibilitado de desconocer- seguido luego de una negociación entre representantes de la dictadura y de la oposición burguesa. Esa negociación derivó en un conjunto de acuerdos que se plasmaron en las 54 reformas a la Constitución de 1980 que fueron sometidas luego a un plebiscito ratificatorio en julio de 1989. Lo que se buscaba con esto era conferir un argumento de legitimidad al sistema jurídico-político que quedó instalado a partir de entonces.

La subordinación de la vieja izquierda a dicha alternativa burguesa -más clara y decidida en el "socialismo renovado" o simplemente de hecho en el caso del PC-, cuya principal oferta programática consistía en el restablecimiento de los derechos políticos que habían sido conculcados a partir del golpe contrarrevolucionario de 1973, implicó añadir a los cerrojos institucionales explícitamente contemplados por la "transición pactada" un más sutil pero también más efectivo cerrojo político que, invocando un presunto "realismo", se orientaba en definitiva a atemperar el gran espíritu de lucha que se hallaba entonces presente en las masas populares. En efecto, aquellas mismas corrientes que a través de una larga trayectoria política habían logrado ganarse la confianza de amplios sectores del pueblo trabajador, y que encarnaban también una parte de su sacrificada lucha contra la dictadura, comenzaron a desalentar ahora, de manera sistemática, la movilización directa y combativa de las amplias masas obreras y populares en favor de una real democratización del país.

La ingenua ilusión pacifista, ampliamente propagada por los conciliadores, de que todas las demandas podrían lograrse a través de las urnas, con el simple expediente de esgrimir un lápiz para marcar preferencia en un voto, comenzó a erosionar el espíritu de lucha de las amplias masas del pueblo. En el mismo sentido operaron luego sus constantes llamados a la calma y la moderación a fin de no poner en peligro, por poco que fuese, los frágiles espacios democráticos recién conquistados. En consecuencia, la presencia de un doble cerrojo, uno legal e institucional, expresado en las normas de la Constitución pinochetista, pero que opera luego con ayuda de un cerrojo político, consistente en la pleitesía que les rinden quienes se presentaban a sí mismos como paladines de la democracia, marcaría a partir de entonces por varias décadas el límite de lo posible.

7.2. El triunfo del No en el plebiscito y el inicio de la "transición pactada"

Lo acontecido durante la noche del 5 de octubre de 1988 es ampliamente conocido. La dictadura había realizado un enorme esfuerzo por obtener un fuerte respaldo electoral que le permitiese tornar creíble su intención de autoasignarse el triunfo. A través de los municipios dirigidos por sus alcaldes-designados montó una gigantesca operación de cohecho y por primera vez desde el golpe activó la inversión pública para atender algunas necesidades sociales largamente postergadas. Sin embargo, el sistema de cómputos paralelos desarrollado por la oposición burguesa, con el apoyo financiero y la asesoría técnica de agencias de EEUU, funcionó de manera eficiente y permitió contar con resultados que confirmaban el triunfo del No mucho antes de que el dictador se allanase a reconocerlos. A pesar de las presiones de Washington, que veía ya como un peligro el empeño de Pinochet por perpetuarse en el poder, éste intentó desconocer los resultados, ordenando retrasar la entrega de los cómputos oficiales e intensificando con ello la tensión del momento. Pero finalmente debió resignarse al no ser secundado en este afán por la mayoría de los miembros de la Junta. Una vez que los resultados oficiales fueron dados a conocer a la población reconociendo el triunfo del No, recién a la 2 de la madrugada del 6 de octubre, se produjo en todo el país un estallido de júbilo, expresado en múltiples y masivas manifestaciones populares que se prolongaron durante todo ese día. En la percepción popular, este veredicto ciudadano marcaba ¡por fin! el anhelado término de la dictadura, es decir, el fin de la constante pesadilla del terrorismo de Estado y de la ausencia de libertades, así como de las políticas de superexplotación e incesantes abusos que afectaban a los trabajadores y de la completa desatención de sus necesidades básicas en materia de salud, educación, vivienda y previsión.

Pero la percepción de los "poderes fácticos", tanto militares como políticos y empresariales, era radicalmente distinta. Lo ocurrido era simplemente parte del proyecto institucional de la dictadura el cual contemplaba la instauración de una "democracia protegida", es decir, la prolongación del régimen dictatorial pero sedicentemente vestido ahora con ropajes democráticos. La determinación de impedir que las cosas pudiesen desbordar los cauces establecidos por el proyecto de institucionalización diseñado por el propio régimen era comprensiblemente fuerte entre los altos mandos de las FFAA y Carabineros considerando la amenaza que ellos percibían de verse en la necesidad de tener que responder judicialmente por los crímenes cometidos bajo su mando. Debían asegurarse de que no se repitiese aquí lo acontecido ya en Argentina donde a los pocos días de asumir un gobierno electo por la ciudadanía éste decidió someter a proceso a quienes habían formado parte de las juntas militares a partir del golpe de 1976. Dado el involucramiento de numerosos miembros de las FFAA y de la policía en la sistemática comisión de brutales violaciones a los DDHH, la posibilidad de que los tribunales investigasen dichos atropellos y sancionaran a los responsables constituía un poderoso factor de cohesión de esas instituciones en torno a la exigencia de garantías de impunidad.

No obstante, el triunfo del No en el plebiscito le había otorgado a la oposición una evidente posición de fuerza que obligaba a la dictadura a renegociar con ella los términos de la futura "transición". Esto era lo que, a su vez, venía demandando el liderazgo opositor a fin de tornar más digerible el previsto régimen de "democracia protegida" y colocarlo más a tono con las expectativas presentes en la población. En consecuencia, para la oposición burguesa se hacía necesario introducir al menos algunas reformas a la Constitución de 1980, eliminando sus aristas más ostensiblemente antidemocráticas. Tal era el caso, por ejemplo, de su artículo octavo, que declaraba "ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República" la propagación de "doctrinas que atenten contra la familia" o "una concepción de la sociedad ... fundada en la lucha de clases". Resultaba demasiado burdo presumir que se estaba restableciendo la "democracia" si al mismo tiempo se aceptaba proscribir las ideas que no eran del agrado de los sectores más reaccionarios. De este modo, la negociación que se abrió entonces se traduciría finalmente en el acuerdo de las 54 reformas plebiscitadas el 30 de julio de 1989, que a cambio de eliminar algunos de los aspectos más groseramente antidemocráticos de la Constitución de 1980, reforzaban aún más el ya grueso blindaje que la protegía mediante una elevación de los cuórums necesarios para reformarla.

Además del carácter políticamente burgués del liderazgo opositor hay que considerar la existencia de un factor que adicionalmente contribuía a facilitar en aquel momento el logro de una convergencia estratégica entre éste y quienes se empeñaban en sostener el proyecto de institucionalización del régimen dictatorial: la creciente conversión ideológica que se estaba operando a escala mundial en el campo político burgués hacia las concepciones económicas neoliberales. En efecto, si bien inicialmente la política económica que comenzó a aplicar en Chile la dictadura fue objeto de una sostenida crítica de la mayor parte de los medios políticos y académicos burgueses a nivel internacional, identificados aun en casi todas partes con las políticas keynesianas, el cambio político que se opera posteriormente con ascenso al gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y sobre todo de Ronald Reagan en EEUU modificó totalmente este panorama. Las orientaciones neoclásicas en materia de política económica ganaron rápidamente un ascendiente que no habían tenido desde la irrupción del keynesianismo en el periodo de entreguerras y comenzaron a imperar también en los órganos rectores del sistema económico capitalista a escala mundial. Es lo que se bautizaría más tarde como las políticas del "Consenso de Washington".

Este cambio político-ideológico, que se impuso en todo el continente a partir de la crisis de la deuda y que arrastró también en Chile a los economistas vinculados a la Democracia Cristiana, respondía en verdad a un cambio que se opera en el plano propiamente económico: el enorme impulso que el gran capital, buscando superar el largo periodo de crecimiento lento que lo había marcado en los años setenta, le imprime al proceso de mundialización de la economía capitalista, teniendo como sujetos protagónicos de éste a las gigantescas empresas transnacionales (ETN). Como parte de este proceso, y haciendo uso de su enorme poder económico, estos capitales le exigen con fuerza a los gobiernos la implementación de políticas dirigidas a potenciar una elevación sustantiva de sus tasas de ganancia, reduciendo significativamente la carga tributaria de las empresas y la inversión social financiada por ella, abriendo, liberalizando y extendiendo los mercados, precarizando el empleo y los salarios, debilitando la capacidad de acción de los sindicatos y descuidando la protección del medioambiente. La resistencia a estas políticas en el seno del campo burgués se redujo a la mera conveniencia de mantener vigente un mínimo de regulaciones, pero desentendiéndose de toda pretensión de poner en pie proyectos nacionales de desarrollo con la activa ayuda del Estado.

Es indudable que todos estos factores contribuyeron a afianzar el liderazgo de la oposición burguesa en la conducción de un proceso que se orientaba a superar de manera pacífica, y por lo tanto sin mayores sobresaltos para la clase dominante, la crisis política provocada por la existencia e intento de perpetuación del régimen pinochetista. En efecto, tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, en la percepción de la inmensa mayoría resultaba claro que el camino seguido por la oposición burguesa abría una posibilidad cierta de terminar con la dictadura, tornando políticamente innecesaria la vía de las armas y restando apoyo a las organizaciones que persistían en esa dirección. De allí que la concurrencia de la ciudadanía al plebiscito de las 54 reformas del 30 de julio de 1989 fue también muy elevada. El paso siguiente lo constituía la elección presidencial y parlamentaria fijada para el 14 de diciembre de ese mismo año. Más allá de las transacciones abiertas y encubiertas, y más allá también de los programas políticos en disputa, esta aparecía ante los ojos de esa misma mayoría que había manifestado ya su repudio a la dictadura en el plebiscito del año anterior, como la instancia a través de la cual se hacía posible dejar atrás, de una vez por todas, la horrible pesadilla que había representado por largos 16 años la existencia del régimen de Pinochet. De modo que, por encima de cualquier otra consideración política, las opciones opositoras en esa elección presidencial y en las elecciones parlamentarias que la acompañaban no podían dejar de ser vistas por la gran mayoría de los chilenos como una luz de esperanza al final del túnel.

7.3. El nuevo fracaso de la vieja izquierda en la lucha contra la dictadura

Contando con el respaldo de poderosos círculos imperialistas y de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, el creciente protagonismo de la oposición burguesa fue sumando apoyos cada vez mayores en las cúpulas dirigentes de los partidos de la vieja izquierda chilena, dejando crecientemente aisladas a las corrientes que propiciaban una intensificación de la movilización social en la perspectiva de lograr el derrocamiento de la dictadura. Consciente del peligro que para la continuidad del sistema capitalista representaba una escalada del conflicto social en curso, la oposición burguesa persistió en su empeño por abrir, con el apoyo y mediación de la jerarquía católica, espacios de negociación con los partidarios del régimen militar con el declarado objetivo de lograr una restauración pacífica del régimen democrático. A este propósito se fueron sumando las distintas corrientes en que se hallaba fraccionada la vieja izquierda y muy especialmente la mayor parte de los agrupamientos derivados del antiguo tronco socialista, arrastrados casi todos por el llamado proceso de "renovación". Un proceso que los había llevado a renegar de sus originarias posiciones antiimperialistas y a asumir un perfil ideológico de carácter socialdemócrata, diluyendo así toda perspectiva de lucha anticapitalista. Solo algunos destacamentos militantes menores, y que lograron ser rápidamente neutralizados e invisibilizados, continuaron levantando con entereza las banderas anticapitalistas y antiimperialistas que habían identificado a dichas corrientes en el pasado.

Por su parte, la ambivalencia de la política sostenida por el PC desde el inicio de la década, caracterizada por su proclamación discursiva del derecho del pueblo a la rebelión pero anteponiéndole de hecho su empecinada búsqueda de una alianza con la DC, interesada exactamente en lo contrario -impedir que el creciente descontento se tradujese en una rebelión popular difícil de controlar-, se tornaba ya imposible de sostener ante el curso que tomaban los acontecimientos. El nuevo escenario que abren, por una parte, los reveses sufridos por el FPMR y la PRPM en 1986 y, por la otra, el cambio de política adoptado por la oposición burguesa y las demás corrientes de la vieja izquierda, que se orientan ahora a buscar una salida negociada con la dictadura en el marco de su propio proyecto de institucionalización, lleva al PC a modificar su orientación política, desentendiéndose en los hechos, de una manera cada vez más clara, de la PRPM. Esto provocaría la inmediata resistencia y finalmente la ruptura de la comandancia del FPMR con el PC, la cual se consumó a fines de junio de 1987. El PC se empeña entonces en la búsqueda de un nuevo reacomodo en el cuadro de la vieja izquierda, dando por finalizada la experiencia del MDP y constituyendo en su reemplazo, junto a otras orgánicas, una nueva coalición de fuerzas políticas: la Izquierda Unida, nacida en junio de 1987 y que se verá rápidamente tensionada por la posición a adoptar ante el plebiscito de 1988.

Lo que el episodio del descarte de hecho de la PRPM pone claramente de relieve, y que los combatientes del FPMR parecen no haber logrado aquilatar entonces en toda su real significación, es la importancia decisiva que para el despliegue de una práctica revolucionaria consistente tiene el hecho de asumir una clara línea política de independencia de clase. Si el PC no se jugó nunca a fondo por hacer avanzar la PRPM, como se lamentaron entonces amargamente los comandantes del FPMR, ello se debió a que siempre privilegió su empecinada búsqueda de un entendimiento político con la cúpula de la DC. Esto confirma algo que los revolucionarios marxistas siempre han sabido: que no es la mera decisión de empuñar las armas lo que determina e impone la radicalidad de la acción política, sino que es, por el contrario, la radicalidad de una orientación política consistentemente clasista la que, en conexión con las condiciones políticas prevalecientes, determina en definitiva el marco real de posibilidades de avance de la lucha revolucionaria. De allí la importancia estratégica de hacer carne en la militancia de izquierda la necesidad de rechazar con decisión toda pretensión de autolimitar el alcance de la movilización popular para subordinarla a un proyecto político demoburgués y de sostener en cambio su accionar en una política de independencia de clase que convierta a los trabajadores en el centro y motor de una lucha democrática consecuente. Esa era, precisamente, la relevancia de llevar a cabo una continua labor de propaganda política con tales contenidos, tal como la que se empeñó en desplegar durante toda su existencia la Liga Comunista.

La persistente búsqueda de una alianza con los sectores políticos de la burguesía opuestos a la dictadura en que se embarcó prácticamente la totalidad de la vieja izquierda era, en cambio, incompatible con un impulso real y decidido a una política de rebelión popular que culminara en un levantamiento insurreccional dirigido a derrocar a la dictadura, tal como a fines de los años setenta había sucedido en Nicaragua y como había sucedido también poco antes, con características en varios aspectos mucho más parecidas a lo que podría haber ocurrido en Chile, en el caso de Irán. El que los revolucionarios no hubiésemos logrado construir en aquellos años una fuerza política suficientemente fuerte, numerosa y cohesionada, como para hacer oír nuestra voz en todos los rincones de Chile, convocando, organizando e impulsando una lucha popular decididamente orientada a terminar con un régimen tan brutalmente opresivo, criminal y hambreador como el que imperaba entonces en el país, fue lo que en definitiva permitió que el generalizado y explosivo descontento popular contra aquél no culminara en su derrocamiento. Y fue también esa misma debilidad lo que posibilitó que el enorme descontento social existente pudiese ser canalizado por los partidos de la oposición burguesa hacia los cauces institucionales preparados y establecidos por el propio régimen.

7.4. La actividad de la Liga Comunista durante este periodo

Si bien este fue un periodo de intensa actividad política para la Liga, tanto en el plano de la agitación y la propaganda política como en el de su trabajo propiamente organizativo, ella era parte de un sostenido empeño por lograr recuperar su capacidad de intervención tras los serios golpes que le había asestado tanto la represión de la dictadura como el fraccionalismo de secta imperante en el seno del movimiento trotskista internacional. Se trataba de llevar a cabo un intenso esfuerzo por acumular fuerzas partidarias para intentar superar la situación de marginalidad política en que, junto a otras corrientes y organizaciones de la izquierda, había quedado entonces, en un escenario que se mostraba ampliamente dominado de nuevo por los viejos aparatos y personalidades políticas. Se precisaron entonces sus líneas de trabajo, considerando las peculiaridades del escenario político que se abría, y se logró imprimir y hacer circular a lo largo de todo este periodo, en los sectores de masas en que la Liga había logrado conquistar cierta presencia política, miles de periódicos, documentos partidarios, cuadernos de formación, afiches, volantes, etc. Se logró agrupar una cierta base militante mayoritariamente juvenil, se realizaron decenas de encuentros dirigidos a difundir las posiciones de la Liga, algunos de ellos bastante concurridos, y se intervino también en varios debates organizados en algunos sectores populares con otras corrientes políticas de la izquierda. Todo esto con las restricciones y resguardos que imponía el hecho de realizar estas actividades bajo las condiciones represivas imperantes cuando aún existía la dictadura.

Fue así que la Liga continuó esforzándose por abrir paso a una política consecuentemente revolucionaria, intentando reagrupar a los dispersos contingentes que en el seno de la izquierda mantenían en alto posiciones definidamente clasistas e influir sobre el rumbo de aquellas que se mostraban vacilantes y tendían a ceder ante el creciente protagonismo del liderazgo político de la oposición burguesa. Era incuestionable que el plebiscito del Sí y del No concitaba un creciente interés en la población, alimentando las expectativas de la mayoría que aspiraba a poner fin a la tiranía. Dado el carácter del régimen y la necesidad de mantener en alto el espíritu de lucha de la población, era importante en ese momento llamar a no confiar en que la dictadura respetaría el veredicto de las urnas. Al igual que otras fuerzas de la izquierda, la Liga daba por sentado que la dictadura no se allanaría a reconocer fácilmente su inminente derrota en el plebiscito y que, por el contrario, buscaría presentar con un respaldo fraudulentamente mayoritario la proyectada continuidad de su mandato. Ello a pesar de la existencia de fuertes presiones procedentes de sectores clave del bloque en el poder dirigidas a obligar al dictador a que transparentase los resultados del plebiscito y se atuviese a ellos a fin de contribuir a distender un ambiente ya fuertemente cargado de potencialidades de alcance revolucionario.

Posteriormente, luego de que Pinochet se viera forzado a aceptar su derrota y ante la apertura de las negociaciones entre la oposición burguesa y la dictadura que culminarían en el acuerdo de las 54 reformas a la Constitución de 1980, la Liga denunció que se abría paso con ello a un pacto de gobernabilidad para asegurar la continuidad del dominio del gran capital, investido esta vez de ropajes sedicentemente democráticos. Dado ese contexto político específico, consideró apropiado levantar entonces, como alternativa a dicho pacto, la lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana que, invocando el principio de la soberanía popular, reclamase para sí la tarea de diseñar un nuevo sistema político. La importancia de hacerlo en esa coyuntura precisa residía en la necesidad de evidenciar que un camino alternativo al que se estaba imponiendo y de carácter realmente democrático era enteramente posible y que si no se avanzaba en esa dirección era solo debido a la falta de voluntad de lucha de las fuerzas políticas que estaban conduciendo el proceso de término de la dictadura. Lo que esas fuerzas se habían allanado a pactar con la propia dictadura era la "transición" a un sistema político que se hallaría manifiestamente cargado de amarras con el único propósito de impedir que en el país se pudiesen operar cambios de fondo.

No obstante, la inminencia de las elecciones presidencial y parlamentaria de diciembre de 1989 así como la imposibilidad de desconocer su importancia política, considerando ante todo la fuerza con que ellas habían logrado ilusionar a las masas, obligaba a tomar una posición clara ante ellas. En tales condiciones, buscando acompañar a las masas en su necesario proceso de maduración política, la Liga llamó a votar por las candidaturas que en cada caso representaran la opción más claramente contraria a la dictadura pero sin que esto implicase depositar confianza política alguna en ellas. En otros términos, dadas las características de la coyuntura y de las disyuntivas que ella ofrecía, llamó a dar a la concurrencia a las urnas el significado de votar contra la dictadura "donde más le duela". Al mismo tiempo, la Liga consideró su deber no dejar de advertir ni por un momento sobre el carácter burgués, y por lo tanto falsamente democrático, del programa de gobierno levantado por los partidos de la Concertación que con toda seguridad tomarían ahora el relevo de los sectores que respaldaban a la dictadura. Es decir, llamó a no brindar apoyo político ni depositar la más mínima confianza en el proyecto de gobierno que se estaba abriendo paso bajo el liderazgo de la DC y del "socialismo renovado" y que, por su naturaleza de clase, estaba llamado a defraudar y a contrariar los intereses del pueblo trabajador.

Sin duda un hito importante en el esfuerzo por potenciar la actividad de la Liga lo constituyó la decisión de convocar, organizar y llevar a cabo su tercer Congreso Nacional. Habían transcurrido ya trece años desde la realización de su segundo Congreso y diez desde que el proceso dirigido a realizar el tercero en 1978 se vio abruptamente interrumpido por el golpe represivo sufrido por la organización en noviembre de 1977. En el intertanto solo había sido posible llevar a cabo procesos parecidos que comprendían únicamente a una parte de la militancia, sea en el exterior o interior del país. Pero ya en el año 1986 la Liga había logrado hacer retornar a la mayor parte de los cuadros de dirección que habían debido exiliarse. Como se explicó, la decisión de hacerlo había sido adoptada en abril de 1980 por la Segunda Conferencia Exterior de la Liga, pero este acuerdo debió ejecutarse luego con una gradualidad y plazos mayores a los inicialmente previstos debido al fuerte golpe que la organización sufrió en Chile a fines de ese mismo mes con el alevoso asesinato del miembro de su Dirección Interior Oscar Salazar Jahnsen. El hecho es que, tras haber logrado dar continuidad al trabajo político de la Liga en Chile, sus dirigentes adoptaron la decisión de convocar a la realización de su Tercer Congreso Nacional, con el cual concluye una larga y difícil labor de reconstrucción de la organización, severamente afectada en 1980 por la represión y el fraccionalismo. Aquello había tornado más aguda la situación de marginalidad política en la que la encontraría -por lo comparativamente reducido de su contingente militante y la crónica escasez de sus recursos materiales- luego del fuerte despertar de la lucha de masas antidictatorial a partir de 1983.

La realización exitosa en Santiago del Tercer Congreso Nacional de la Liga Comunista tuvo finalmente lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1989. En él se discutieron y aprobaron cuatro documentos principales cuyo propósito era el de rearmar a la organización con una línea política suficientemente robusta para hacer frente a los desafíos y tareas del periodo. Esos documentos fueron: 1) un informe elaborado por el Comité Central sobre el trabajo desarrollado por la Liga desde el Congreso anterior y los grandes desafíos que encaraba entonces la construcción del partido; 2) una tesis central dirigida a caracterizar el periodo de la lucha de clases que se abría en ese momento en el país, identificar los posicionamientos y proyectos de las diversas fuerzas que actuaban en la escena política y a fijar la orientación con que la Liga debía intervenir en ella; 3) un análisis de los desastrosos resultados que había tenido para el pueblo trabajador la política económica y social impuesta por el régimen militar-fascista bajo el amparo del terrorismo de Estado; 4) un documento de balance de la larga crisis que había afectado al movimiento trotskista internacional después de la segunda guerra mundial hasta culminar en el más reciente colapso de IV Internacional en 1979 y la ulterior necesidad de una lucha por el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias a escala mundial.[1]

Si bien el Tercer Congreso permite afianzar la continuidad del proyecto político de la Liga es también, en cierto sentido, un Congreso refundacional, que junto con sintetizar en sus resoluciones la experiencia partidaria acumulada, reorienta programáticamente a la Liga especialmente en lo referido a su anterior vinculación con el movimiento trotskista internacional (MTI). En este plano, sin abandonar en todo lo esencial el basamento programático con el que se constituyó originalmente la Liga, éste se vio enriquecido con una reflexión crítica sobre la trayectoria del MTI y las causas de las persistentes crisis que han afectado su desarrollo tras el término de la segunda guerra mundial. Los hechos evidenciaban claramente la vigencia y fortaleza de lo esencial de la base programática que impulsó y orientó su lucha contra el estalinismo, pero también mostraban la necesidad de ponerla a tono con las nuevas realidades que emergen tanto al finalizar la segunda guerra como después de ella, ajustando y precisando algunos de sus alcances. Una de las implicancias de esto consistía en reconocer la incapacidad evidenciada por el MTI para construir organizaciones que lograsen atraer a una parte significativa al menos de los destacamentos de vanguardia del movimiento obrero y popular y se pusiesen con ellos a la cabeza de las amplias masas populares en lucha. Todo esto se explicita claramente en el documento elaborado para dar cuenta de esta problemática y queda simbólicamente plasmado también en la decisión de modificar el diseño de la bandera de la Liga.

Es claro que habría sido deseable contar con un mayor espacio de tiempo para realizar un Congreso mejor preparado. Pero las apremiantes necesidades políticas del momento forzaban a no postergar por más tiempo la realización de este evento partidario. Premunida de las orientaciones emanadas de este Congreso, la militancia de la Liga se abocó luego con sus mayores energías a consolidar y fortalecer el trabajo político partidario. Sin embargo, cabe destacar que siempre lo hizo sin ninguna dosis de ese mesianismo sectario que ha llevado frecuentemente a considerar a la propia organización política como "el" partido de la revolución. Es decir, sin perder de vista ni por un momento, que el sentido de toda esta labor lo daba el hecho de constituir la Liga únicamente un destacamento de vanguardia, entre otros posibles, de la lucha revolucionaria del pueblo trabajador chileno. Sus militantes tampoco dejaron de advertir que, en las emergentes condiciones de esa coyuntura histórica, tanto la Liga como las demás corrientes que se orientaban a levantar posiciones clasistas y revolucionarias estaban quedando rezagadas, disminuidas ante la fuerza del liderazgo político que habían logrado conquistar entonces las corrientes de la oposición burguesa y el reformismo que se presume "de izquierda". No obstante, esto no podía constituir para ellos un motivo para bajar la guardia sino, por el contrario, un aliciente para luchar con mayor entereza por su proyecto histórico emancipador.

[1] Pueden consultarse todos estos documentos en la siguiente dirección de internet: https://liga-comunista-de-chile.webnode.cl/tercer-congreso/