6. La crisis de la deuda y el periodo de las grandes jornadas de protesta (1982-86)
El periodo que va de 1982 a 1986 estuvo fuertemente marcado por el devastador impacto de la crisis de la deuda sobre la economía chilena y sus formidables efectos sociales y políticos. En efecto, el supuesto "milagro económico", que los portavoces de la dictadura se habían apresurado a proclamar tan solo unos pocos meses antes, se desvanecería como una pompa de jabón a mediados de 1982 con el inicio de la aguda crisis económico-financiera internacional, que en el plano político traerá aparejada, como su consecuencia más directa, el estallido de una poderosa oleada de protestas populares exigiendo el fin de la dictadura. En consecuencia, los más de tres años que van desde la realización de la primera jornada de protesta nacional contra la dictadura, el 11 de mayo de 1983, hasta el paro nacional efectuado los días 2 y 3 de julio de 1986, configuran el periodo de las grandes y combativas movilizaciones de masas que marcan el declive definitivo de la dictadura y la clara necesidad para las clases dominantes de transitar hacia un cambio de régimen que permitiese atemperar la fuerza del explosivo descontento social acumulado. Desde la perspectiva de los explotados el desafío planteado era entonces el de lograr que ese descontento social, que se manifestaba ya abiertamente y de manera generalizada, no se limitase a producir un mero recambio de régimen político en el marco del sistema de explotación capitalista, sino que se tradujese en una salida congruente con los derechos, intereses y anhelos de las grandes mayorías que forman parte del pueblo trabajador. Esto solo podía significar el derrocamiento de la dictadura y la constitución de un gobierno obrero y popular que terminase definitivamente con la superexplotación de los trabajadores y la subordinación del país al imperialismo.
En el plano internacional, más allá de la crisis económico-financiera que llevará a padecer los efectos de lo que posteriormente se dio en llamar la "década perdida de América latina", lo más significativo será la progresiva desaparición de los regímenes militares que habían proliferado pocos años antes en la región y muy particularmente en el sur del continente. Este proceso se ve acelerado en Argentina por el desastre con que culmina el intento realizado en 1982 por la dictadura militar que gobernaba ese país de recuperar por las armas su soberanía sobre las islas Malvinas. La fuerte reacción militar británica ante la ocupación de las islas por tropas argentinas y la ostensible superioridad operativa de sus fuerzas armadas va a determinar finalmente el fracaso de ese propósito. A consecuencia de ello y de la crisis financiera que se desencadena poco después en todo el continente, la dictadura militar de ese país se verá forzada a ceder su lugar a un gobierno electo por la ciudadanía, lo cual se concreta en diciembre de 1983 al asumir Raúl Alfonsín la presidencia de Argentina. Durante los años 1984 y 1985 procesos de paulatino restablecimiento de sistemas políticos basados en la elección de sus autoridades por la ciudadanía tienen lugar también en Uruguay y Brasil, poniendo fin a largos periodos de regímenes militares. Solo las dictaduras de Chile y Paraguay logran sobrevivir, aunque bastante debilitadas, a este tormentoso periodo de crisis. En Centroamérica, donde persiste aun un cuadro de agudos enfrentamientos armados, se avanza paulatinamente también hacia el logro de los acuerdos de paz que pondrán fin a esos conflictos.
6.1. Orígenes y manifestaciones de la crisis económico-financiera
El alza en el precio del petróleo en 1973 y 1974 había proporcionado ingentes ganancias a los países que lo exportaban permitiéndoles acumular enormes reservas de dólares las cuales serían depositadas luego en los grandes bancos europeos y norteamericanos. Se produjo así un gran incremento en la liquidez monetaria internacional, lo cual hizo posible que la banca concediese grandes sumas de crédito a bajas tasas de interés a los gobiernos y grandes empresas latinoamericanas. Ello, junto a un tipo de cambio favorable debido a la relativa abundancia de dólares, incentivó el consumo, creando una falsa sensación de prosperidad. De allí que se comenzara a hablar de un "milagro económico" no solo en Chile sino también en otros países de la región. Pero en octubre de 1979 la Reserva Federal elevó fuertemente las tasas de interés en Estados Unidos con el objetivo de controlar la inflación, y las volvió a elevar al año siguiente hasta llegar a un nivel de 20%. De ese modo el peso de los compromisos financieros asociados al endeudamiento se incrementó de manera significativa. Se produjo también una importante apreciación del dólar a lo que se vino a sumar, ya como un golpe de gracia, una nueva alza de los precios del petróleo y la contracción del comercio mundial que en 1981 hizo caer fuertemente la cotización de las materias primas, la que en el caso del cobre fue de un 40%.
La crisis de la deuda finalmente estalló en agosto de 1982, con el anuncio de una suspensión de pagos por parte de México por un periodo de al menos 90 días, solicitando al mismo tiempo una renegociación de los plazos y la concesión de nuevos préstamos a fin de poder cumplir con los compromisos contraídos. Como reacción a ese anuncio, los bancos comerciales suspendieron inmediatamente el otorgamiento nuevos créditos a los países de América Latina, arrastrando con ello a una situación de insolvencia al conjunto de la región. En el caso de Chile, el crédito interno se había expandido de un 25% a un 64% del PIB entre 1976 y 1982, creándose así artificiosamente una burbuja de consumo que terminaría por estallar de manera catastrófica en 1982. Entre 1979 y 1982 el valor del dólar se había mantenido a una paridad fija de 39 pesos, lo que ahora se tornaba insostenible, comenzando por devaluarse un 18% en junio de 1982. Entre 1973 y 1982 la deuda externa de las empresas (medida en dólares) había aumentado de 3.500 a más de 17.000 millones de dólares. Ese año el PIB experimentó una abrupta caída de 14,4%, se produjo la quiebra de más de 800 empresas y el desempleo efectivo se disparó hasta alcanzar al año siguiente niveles superiores al 30%.
Este desbarajuste debió ser asumido abiertamente por la dictadura. Así, el 13 de enero de 1983 decretó la intervención de los 5 principales bancos comerciales, la liquidación de otros tres y el ofrecimiento de cuantiosos créditos al resto a través del Banco Central con la finalidad de proveerlos de liquidez. Además, dada la imposibilidad de que esas instituciones pagaran sus deudas, la dictadura decidió que el Estado se hiciera cargo de ellas. Se evidenciaba así que, refutando en los hechos una vez más uno de los principales supuestos de la ortodoxia económica neoclásica, el mercado se mostraba incapaz de corregir de manera automática los grandes desequilibrios que su propio funcionamiento libre de restricciones había generado. A consecuencia de ello se introducirían regulaciones al sistema financiero destinadas a impedir que una crisis similar se repitiera. Pero en lo inmediato la crisis económica desataría una turbulencia política de grandes proporciones que afectaría severamente la estabilidad del régimen dictatorial, provocando fuertes tensiones en su seno y profundizando su aislamiento ante un descontento social cada vez más explosivo. Este último terminaría por estallar en masivas y combativas jornadas de protesta contra la dictadura que, iniciadas en mayo de 1983, se reiterarían luego en sucesivas ocasiones al menos hasta mediados de 1986.
6.2. Evolución de la situación política interna
Al inicios del año 1982 la cúpula del régimen dictatorial respiraba tranquila estimando que su proyecto se encontraba entonces plenamente consolidado. Había logrado sortear ya sus graves dificultades iniciales y las cifras mostraban una economía en crecimiento y con una importante expansión del consumo. En el plano político se evidenciaba capaz de mantener un pleno dominio de la situación, desplazando las manifestaciones que le eran hostiles a un plano de aguda marginalidad, apelando tanto a su control de las comunicaciones como a su capacidad para actuar de manera enteramente discrecional. Es así que en enero de ese año Pinochet no tuvo reparos en dar luz verde a sus aparatos represivos para que, mediante una operación encubierta, asesinaran por envenenamiento al expresidente Eduardo Frei Montalva, aprovechado para ello la oportunidad que les brindaba su internación en la Clínica Santa María. Al mes siguiente, sus agentes procederán a asesinar y degollar al presidente de la ANEF Tucapel Jiménez. Si bien este crimen se presentó a través de los medios de comunicación como resultado de un simple acto delictual, sus singulares características delataban la mano del terrorismo de Estado. De este modo, la dictadura enviaba un claro mensaje de advertencia e intimidación al resto de los dirigentes sindicales que intentaban entonces organizar una unificada resistencia a las políticas de superexplotación de la dictadura.
Sin embargo, la crisis financiera que estalla a mediados de año, y que no cesará de agudizarse, operó como detonante de una rebelión popular que pondrá fin a este ilusorio panorama de éxito y promisorias perspectivas del régimen. La masiva intervención de la Banca que tuvo lugar en enero de 1983 daba cuenta de la profundidad de la crisis que, a través de la insolvencia de los bancos comerciales, arrastraba en su caída a los dos grandes conglomerados empresariales que habían logrado configurar los principales imperios económicos de entonces: el de Cruzat-Larraín y el de Javier Vial. Las empresas quiebran, los negocios se paralizan, el desempleo se dispara y se genera con ello una acelerada masificación y explosividad del descontento social que no tardará en estallar en gigantescas manifestaciones de protesta que recorren de un extremo a otro todo el país. Un grupo de conocidas personalidades de variados sectores políticos dan a conocer en marzo de ese año la conformación de un espacio de encuentro denominado Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN) con el propósito de manifestar públicamente su rechazo al estado de cosas imperante y bregar por el término de la dictadura.
En el PRODEN convergieron en torno a ese objetivo personas que se identificaban con la izquierda, como el ex senador socialista Ramón Silva Ulloa, hasta otras que se reconocían de derecha y que fueron acérrimos opositores al gobierno de la Unidad Popular -apoyando y defendiendo con entusiasmo el golpe de 1973- pero que se habían distanciado de la dictadura en virtud de la política económica que, bajo la inspiración de las teorías neoliberales y la conducción de los "Chicago boys", ésta le había impuesto al país. Entre estos últimos cabe mencionar al ex diputado del Partido Nacional Engelberto Frías y al dirigente de los camioneros León Vilarín. También participaron de esta iniciativa algunos de los líderes sindicales que habían apoyado y defendido el golpe, como Eduardo Ríos y Hernol Flores. Sin embargo, su principal promotor y vocero fue el ex parlamentario democratacristiano Jorge Lavandero, quien también había sido un duro opositor al gobierno de Allende. Entre las primeras iniciativas del PRODEN estuvo la de promover la primera Jornada Nacional de Protesta convocada para el 11 de mayo de 1983 por los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, congregando en torno a ella a sectores sociales y políticos de muy diverso carácter, resultando en una vigorosa manifestación de lucha antidictatorial.
A los pocos días de la realización de esta exitosa jornada se constituye el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) que convocará de inmediato a una nueva jornada nacional de protesta a solo un mes de la primera y luego a una tercera al mes siguiente. Si bien la convocatoria a esta primera jornada nacional de protesta y a la mayor parte de las siguientes correspondió a un referente sindical, destacando con ello el rol que estaban llamados a desempeñar en la lucha antidictatorial los trabajadores organizados, no es posible desconocer que estas jornadas evidenciaron también el fuerte debilitamiento que tanto las políticas de desindustrialización como de represión y superexplotación de la dictadura habían logrado provocar en la clase obrera. La decisión de "abrir la economía", es decir eliminar las barreras proteccionistas con que el Estado buscaba apuntalar el esfuerzo de industrialización iniciado en la década de los años 30, significó el desplome inevitable de numerosas actividades manufactureras. Muchas empresas debieron reconvertirse y pasar de ser productoras de bienes de consumo a importadoras de los mismos. A consecuencia de ello, la participación porcentual de la producción industrial en el PIB sufrió una brusca caída de 10 puntos.
De allí que el movimiento sindical, fuertemente debilitado no solo por el constante acoso represivo sobre sus dirigentes sino también en términos numéricos por el retroceso experimentado por el sector industrial manufacturero y por los altos niveles de desocupación existentes -conllevando el comprensible temor de los trabajadores a perder sus empleos-, no se evidenciaba aún en condiciones de llevar a cabo un paro nacional efectivo de actividades. Ello hizo que las manifestaciones de protesta estuviesen principalmente focalizadas durante el día en los medios universitarios, de familiares de detenidos-desaparecidos, grupos de profesionales, etc. y que se desplazaran durante la noche hacia las poblaciones de los sectores populares y adquirieran allí, y de manera generalizada, sus mayores niveles de combatividad. La lucha antidictatorial de masas revistió así un carácter predominantemente territorial y nocturno, con un fuerte protagonismo de los jóvenes pobladores y una gran proliferación de mítines, barricadas, atentados al alumbrado público y enfrentamientos con la policía.
Ante la ostensible y profunda crisis política desatada por esta oleada de protestas populares, creando una situación de virtual sublevación popular, y lo incierto de sus eventuales resultados, en el curso de 1983 se apresuran a conformarse también los dos principales referentes políticos que, reagrupando a las corrientes y partidos más tradicionales, aspirarán a encabezar una salida opositora a la crisis: el de la "burguesía democrática" liderada por la DC, que proclama la formación de la Alianza Democrática, en la que participa también el llamado "socialismo renovado", y el de la izquierda más tradicional congregada en el Movimiento Democrático Popular (MDP). En cuanto al primero de estos referentes no hay que olvidar que la mayor parte de la DC, liderada por Frei y Aylwin, fue promotora y activa defensora del golpe de estado de 1973 y que muchos de sus militantes entraron a colaborar con la dictadura desde un primer momento, que fue también el de la más intensa y salvaje represión. No es por nada que pudo mantener luego, a lo largo de toda la existencia del régimen totalitario, importantes medios de comunicación legales, tanto de radiodifusión como de prensa escrita, y que cuando comenzó a mostrarse crítica de sus políticas y a distanciarse de él, algunos de sus más importantes personeros prefirieron romper sus vínculos partidarios antes de dejar de respaldar a la dictadura (Carmona, Bardón), en ciertos casos incluso desde altos cargos ministeriales (Collados, Thayer).
No obstante, gracias a su importante influencia política previa, al respaldo de un importante sector de la jerarquía católica y del estabishment político del imperialismo norteamericano, este partido logra fácilmente ocupar una posición protagónica en el frente opositor tolerado por la dictadura, beneficiándose del reconocimiento que le brindan como fuerza "democrática" tanto los partidos tradicionales de la izquierda como los propios partidarios del régimen militar. Si los primeros, aferrados a una orientación contumazmente frentepopulista, aspiran a que la DC encabece una alternativa de gobierno que permita poner término a la dictadura, los partidarios de esta última confían en que con su concurso será posible dar vida a un proceso de "transición a la democracia" que permita blindar y asegurar la continuidad del modelo económico ya impuesto por la fuerza de las armas a favor del gran capital nacional y extranjero. El que los principales dirigentes sociales en condiciones de convocar y encabezar las protestas, Seguel y Bustos, hayan sido tolerados por la dictadura, aplicando a lo sumo contra ellos medidas de relegación, responde también en buena medida al hecho de que reconocían filas precisamente en la DC e incluían en su vasta red de apoyo internacional a la poderosa burocracia sindical de la AFL-CIO norteamericana.
Cabe recordar que, desde antes del "plebiscito" con que la dictadura buscó legitimar su constitución en 1980, la DC venía marcando un creciente distanciamiento de la dictadura y que en aquella ocasión esto quedó claramente expresado en el planteamiento formulado por Frei en su discurso del 27 de agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán, donde llamó abiertamente a las FFAA a deshacerse de Pinochet y avanzar con rapidez hacia una "transición a la democracia". Esta idea de la urgencia de operar un cambio de régimen, que la DC seguirá repitiendo posteriormente, tenía un significado también muy claro: subrayaba el riesgo que para la continuidad del sistema capitalista conllevaba la creciente exasperación popular en contra de las políticas de represión y miseria de la dictadura. Es decir, el que ello terminara por desencadenar una insurrección popular, como la que en julio de 1979 había acabado con la tiranía de Somoza en Nicaragua, abriendo con ello la posibilidad de una transformación social mucho más profunda. Un ejemplo este último que ¡ciertamente! no podía dejar de ejercer una poderosa influencia sobre quienes aspiraban a terminar cuanto antes con el régimen terrorista imperante en Chile, y muy especialmente entre los más jóvenes. Y un riesgo que tanto para la DC como para el imperialismo y los altos círculos empresariales criollos se hacía necesario evitar a toda costa.
Buscando controlar y encauzar el descontento social hacia una salida negociada con las FFAA y contando para ello con el patrocinio de la jerarquía católica, la DC se empeña en lograr la concertación de un gran "pacto social" hacia el que convergiese un amplio arco de sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda tradicionales. El principal resultado de estas iniciativas durante este periodo será la suscripción el 25 de agosto de 1985 de un documento titulado "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia". A pesar de que las propuestas contenidas en este documento recibieron la firma de prácticamente todo el espectro político tradicional, con la sola excepción del PC y de los sectores más duros del pinochetismo, ellas no prosperaron por el simpe hecho de que tal cosa dependía en última instancia de que fuesen acogidas por las FFAA, las cuales se encontraban firmemente cohesionadas en su apoyo a Pinochet. La reacción de la dictadura ante las protestas y el clima de ingobernabilidad que a través de ellas se tendía a instalar en el país fue doble: por una parte, buscando ganar tiempo para poder retomar la iniciativa, aparentó tener una disposición aperturista, proclive a dialogar y a lograr acuerdos con la oposición burguesa, mientras por otro lado intensificaba su despliegue represivo contra la movilización social y las organizaciones de la izquierda más radical. De allí el alto saldo de muertos y heridos con que culminaron las jornadas de protesta y la cadena de abominables tropelías y crímenes cometidos por sus aparatos de seguridad en contra de distintos grupos de opositores políticos.
6.3. La vieja izquierda a remolque de la "burguesía democrática"
En este cuadro de insurgencia que se vive en Chile a diez años del golpe, el cuadro de la izquierda se muestra particularmente confuso. No obstante, tanto el peso de la memoria histórica colectiva como los importantes apoyos materiales con que contaba la vieja izquierda le permitieron reasumir una posición gravitante en el escenario político que se comenzaba a configurar en esa coyuntura. El PS, que a cinco años del golpe había estallado en mil pedazos, continuaba ofreciendo el cuadro de una aguda dispersión de fuerzas. Sin embargo, acicateadas por la movilización popular, la mayor parte de ellas comienza a reagruparse en base a un cada vez más pronunciado deslizamiento hacia la derecha, en un proceso de creciente identificación con la socialdemocracia europea que le hacía renegar de toda su trayectoria e identidad política precedente. A este proceso de "convergencia socialista" se incorporaron también las corrientes de la izquierda que habían surgido del seno de la DC a fines de los años sesenta y al inicio del periodo de la UP, como era el caso de las dos fracciones del MAPU y de la Izquierda Cristiana, lo cual contribuirá a desdibujar aún más la vieja identidad política del PS. En tal escenario, lo que aun va quedando de la UP, y que había continuado existiendo en el exilio como la expresión política de un entendimiento entre aparatos, se debate también en una larvada pero profunda crisis interna que se irá acrecentando cada vez más.
Lo más sugestivo, sin embargo, en el curso de estos años, es lo que acontece al interior del viejo aparato del PC, que se veía internamente tironeado desde direcciones opuestas: de una parte, por la "vieja guardia" estalinista y su pertinaz búsqueda de una alianza cupular con la DC, y de otra, por la creciente presión de sus bases juveniles que aspiraban a una orientación política más a tono con el clima de sublevación generalizada que se palpaba en los sectores populares. Es la ostensible esterilidad de la orientación tradicional del PC en la lucha contra la dictadura, así como la ineludible responsabilidad de su vieja dirección por la incapacidad exhibida para defender en su momento lo conquistado y hacer frente a los golpistas, lo que irá abriendo paso en el seno de ese partido a una creciente demanda de un cambio de orientación. Los militantes que luchan en Chile -encabezados por el Equipo de Dirección Interior (EDI) liderado por Gladys Marín- y también muchos militantes en el exilio, sienten, cada vez con más fuerza, la necesidad de una línea política que, centrada directamente en la organización e impulso de la lucha, y no en la incesante y estéril búsqueda de acuerdos cupulares con los sectores burgueses de oposición, dirija clara y derechamente todos sus esfuerzos hacia la creación de un estado de sublevación popular de masas capaz de culminar con el derrocamiento de la dictadura.
En esa misma dirección operaban las críticas que habían surgido de otros partidos comunistas hacia la actuación que había tenido el PC chileno bajo la UP, como la ya citada de Boris Ponomariov en 1974, sin duda lacerante para la "vieja guardia" e imposible de ignorar por provenir nada menos que de la siempre admirada alta dirección política moscovita. De allí que en su informe al Pleno del Comité Central, de agosto de 1977, Luis Corvalán no había tenido más remedio que reconocer, en términos autocríticos, que "no nos habíamos preparado adecuadamente para la defensa del Gobierno Popular en cualquier terreno" y, en consecuencia, la existencia del "vacío histórico" que representó en la línea del PC la ausencia de una política militar. Pero con ello se abría inevitablemente la puerta, en el seno del propio partido, a un debate sobre una problemática que hasta entonces no solo había estado ausente sino que se la descartaba de manera tajante, como propia de corrientes "aventureras". A ello hay que añadir las presiones que, bajo la oferta de preparación militar para sus militantes, se hacían sentir en esa misma dirección sobre la cúpula del PC de parte del liderazgo cubano. Todo esto tornaba inevitable que la inquietud de sus propias bases a este respecto se hiciera sentir también cada vez con más fuerza.
Si bien la "vieja guardia" intentó inicialmente resistir la creciente demanda por una radicalización en la orientación política del PC -que emergía del seno de su propia militancia- apelando a la vieja exigencia de sujeción a la rígida "disciplina" partidaria, poco a poco se vio en la necesidad de ceder ante ella, aunque intentando hacerla también compatible con su empecinada búsqueda de una concertación de toda la oposición a la dictadura. Resultó así inevitable que esa ostensible disociación entre, por una parte, un discurso que reconocía el "derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía", y con ello la legitimidad del "todas las formas de lucha" -que se tradujo en la formulación de la llamada Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) y la formación del FPMR-, y por otra, una constante preocupación por impedir que ello pudiese perjudicar su insistente empeño por concretar y participar en una suerte de Frente Popular contra la dictadura, tensionara internamente al PC durante toda la década de los años 80, provocándole finalmente significativas rupturas tanto por su izquierda como por su derecha. No es de extrañar entonces que la primera declaración de Corvalán sobre el derecho del pueblo a la rebelión, formulada en septiembre de 1980, no estuviese inmediatamente seguida de iniciativas concretas que apuntaran a hacerla realidad y que solo a fines del año 1983, cuando ya habían estallado en Chile las masivas y combativas Jornadas Nacionales de Protesta, comenzara a operar, realizando sus primeras acciones de sabotaje, el FPMR.
Además, inicialmente los dirigentes del PC se esforzaron por ocultar sus vínculos con el FPMR y declinar toda responsabilidad política por el tenor de sus acciones, negando terminantemente que éste constituyese el "brazo armado" del partido. Y si bien no fue posible mantener por mucho tiempo esta comedia, lo cierto es que la dirección del PC nunca reconoció abiertamente en esos años estar detrás de la constitución del FPMR ni se la jugó de lleno tampoco por impulsar a fondo, a través de propuestas de movilización social de carácter claramente rupturista, la PRPM. Es por ello que tampoco resulta extraño que, haciendo pie en los dos grandes reveses que sufrió el FPMR en 1986 -el fracaso de las operaciones de internación de armas por Carrizal y de ajusticiamiento del tirano-, año que había sido señalado por éste como el "decisivo" para el derrocamiento de la dictadura, la dirección del PC buscara dar por clausurada esta política. Así lo señalaría amargamente en su informe de junio de 1987, al momento de su ruptura con el partido, Raúl Pellegrín que, con el apelativo de "comandante José Miguel", era el máximo líder del FPMR. De modo que, si bien es efectivo que no todas las acciones acometidas por el FPMR estaban en clara sintonía con una PRPM, también lo es que el PC estuvo lejos de impulsar líneas de acción que se correspondiesen claramente con esa política en los momentos más álgidos de la movilización popular contra la dictadura.
En efecto, la dirección del PC se hallaba mucho más preocupada de mantener puentes tendidos hacia la DC que de atizar el fuego de un enfrentamiento social que daba pie a la proliferación de múltiples formas de propaganda armada de la que también participaban otras corrientes de la izquierda, como era el caso por ejemplo de las acciones que le permitieron ganar cierta notoriedad al Movimiento Juvenil Lautaro. Así, en medio del agudo conflicto político y social en curso, los principales partidos de la vieja izquierda no cuestionaron el carácter pacífico y acotado que la DC buscaba imprimir a la protesta, negándose persistentemente a llamar a la realización de un paro nacional de carácter activo y prolongado por temor a ser rechazados por las cúpulas políticas del democratismo burgués. Y tras la reacción de pavor que generaron en todo el espectro político de la burguesía las frustradas operaciones ejecutadas en agosto y septiembre de 1986 por el FPMR, empujándola a buscar una salida pactada a la crisis del régimen dictatorial, se agudizó en grado extremo en la dirección del PC el temor a verse aislado por la mayor parte de las demás fuerzas políticas del arco opositor. De allí su decisión de dar por cancelada en los hechos su proclamada política de "rebelión popular de masas" y colocar en receso la actividad del FPMR.
En el examen de las causas por las que en el año 1986 no se había alcanzado el objetivo previsto de terminar con la dictadura, entre la dirección del PC por una parte y del FPMR por otra se produjo una discrepancia frontal, que dejó consignada en su informe de junio de 1987 el "comandante José Miguel". Para éste, si finalmente en ese año no se logró provocar un alzamiento general de la población que permitiese derribar a la dictadura ello no se debió a un exceso de radicalismo en la acción sino exactamente al revés, cabiéndole en esto una gran responsabilidad al propio PC que no había tensado todas sus fuerzas y capacidades para hacer de la sublevación nacional una realidad efectiva. En efecto, la dirección del PC siguió durante este periodo tratando de conjugar el aceite de una amplia unidad antidictatorial entre la izquierda y la oposición burguesa con el vinagre de la PRPM, lo cual en los hechos no podía sino operar como un freno a esta última. Por su parte la DC, que ganaba creciente protagonismo como liderazgo opositor al tener la posibilidad actuar abiertamente en la escena política, no escatimaba esfuerzos por aparecer claramente disociada de todo vínculo o complicidad con el "marxismo" y rechazar la violencia política "venga de donde venga". De allí que, ante lo infructuoso de su llamado a la DC a conformar juntos un Frente Antifascista y para evitar verse completamente aislado, el PC no tuvo más alternativa que impulsar, junto al PS Almeyda y el MIR, la creación del Movimiento Democrático Popular (MDP), con una orientación que, sobre el papel al menos, se evidenciaba contraria a una salida negociada con la dictadura.
6.4. La situación y actividad de la Liga en este periodo
A pesar de las posibilidades que el nuevo escenario de crisis que la rebelión popular desencadenada en el curso de estos años abre en el país y de la importante labor desarrollada desde el golpe de estado por las diversas organizaciones revolucionarias -que operando desde las sombras de la clandestinidad y a pesar de sufrir los duros golpes de la represión jamás cejaron en su esfuerzo por intentar organizar, impulsar y orientar la resistencia del pueblo trabajador a la dictadura-, la debilidad numérica y aguda dispersión de sus contingentes militantes las condenaba a permanecer en una situación de real marginalidad política. En el caso de la Liga esto respondía tanto a su carácter de organización de creación más reciente, y por ello más pequeña y menos conocida, como a los golpes recibidos tanto de parte de los aparatos represivos como de las corrientes "hermanas" de la gran familia del movimiento trotskista internacional, los que habían dañado severamente su capacidad de intervención. Además, por la misma naturaleza de su proyecto político, la Liga tampoco buscaba ganar una rápida notoriedad en base a golpes de efecto propagandístico -como el de las acciones armadas- sino a través de un menos espectacular pero más paciente y perdurable trabajo político de enraizamiento, organización e impulso de la lucha de masas.
El esfuerzo desplegado por la Liga durante estos años estuvo en el plano organizativo fundamentalmente dirigido a recomponer su trabajo político en el interior del país. Tras el asesinato de su dirigente Oscar Salazar el 28 de abril de 1980, el cual se produce poco después de la merma que le inflige a su trabajo partidario el ataque fraccional que recibe de parte del morenismo, la capacidad de intervención de la Liga sufrió un significativo debilitamiento. La publicación regular de su prensa se vio interrumpida y recién a partir de agosto de 1982 logró hacer circular de nuevo un periódico mimeografiado mensual con el título de Resistencia Obrera y Popular. A partir de entonces y tras un año de arduo trabajo político y organizativo, en el que la Liga se empeña en ir recomponiendo paulatinamente su presencia en la lucha antidictatorial -labor que se verá reforzada con el retorno gradual de algunos de sus militantes que se hallaban en el exilio-, recién a partir de agosto de 1983 su periódico volverá a aparecer con su nombre e identidad original, es decir, como Combate Obrero y Popular, Órgano Central de la Liga Comunista de Chile.
No obstante, aun poniendo en tensión todas sus fuerzas militantes, a la Liga no le resultaba posible superar con la prontitud y fortaleza que el desarrollo de los acontecimientos en curso hacía necesarias la situación de marginalidad política en que se encontraba colocada en esos momentos. Y puesto que la situación de las demás organizaciones que abogaban por una línea de independencia de clase tampoco era muy diferente, la evolución general de los acontecimientos hizo posible que se reinstalaran en el centro de la escena política, con relativa facilidad, los viejos aparatos partidarios y más destacadas personalidades políticas anteriores al golpe. Este escenario era, por lo demás, algo que la propia acción selectiva de los aparatos represivos contribuía a generar, permitiendo la expresión y circulación pública de las posiciones opositoras más moderadas, a la vez que reprimía con saña a las corrientes que calificaba de "extremistas". Se iba configurando así un cuadro político en el que solo cabían como alternativas proyectos favorables a los intereses fundamentales de la clase dominante.
El examen de los documentos elaborados por la Liga en este periodo permite constatar que ella realizó un seguimiento y análisis bastante certero de la coyuntura abierta con la crisis económico-financiera que azotó al país y la formidable alza de las movilizaciones populares que esto trajo aparejado. Se describe en ellos la crisis irreversible del régimen y lo imperioso que resultaba para las clases dominantes encontrar rápidamente una salida que permitiese descomprimir la situación y contener el riesgo que representaba para ellas el que la movilización popular pudiese terminar por derribar a la dictadura. Se abre, por lo tanto, un acotado proceso de negociación. Sintiendo la presión popular sobre sus espaldas, la oposición burguesa nucleada en la Alianza Democrática plantea tres propuestas básicas: 1) la renuncia de Pinochet; 2) la constitución de un gobierno provisional por un periodo de 180 días; 3) la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, al ir estas demandas dirigidas a los altos mandos de las FFAA, reconociendo en ellas al árbitro de la situación, y condenar el derecho del pueblo a apelar a todos los medios de lucha en su rebelión contra la tiranía, la oposición burguesa desconocía el principio democrático elemental de que la única fuente de poder legítimo en la sociedad es precisamente la voluntad soberana del pueblo, incluido el "supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión".
Los documentos de la Liga constatan también la profunda crisis que sacudía entonces a las cúpulas políticas de la vieja izquierda que, a pesar de la rebelión popular contra la dictadura que se desarrollaba ante sus ojos, se apresuraban a colocarse a remolque de los sectores "democráticos" de la burguesía y su persistente búsqueda de una salida negociada con la dictadura. Como ya hemos señalado, este curso las comprometía a todas ellas en distintos grados y formas. De allí que solo los viejos y ya conocidos liderazgos políticos, hermanados en la prédica de un gran "pacto social", del que se buscaba hacer partícipe también a las cúpulas del régimen militar -lo cual suponía acoger sus exigencias de "dar vuelta la hoja" por los atroces y sistemáticos atropellos a los derechos humanos de los que ellas eran responsables-, parecían estar en condiciones de ofrecer al país una alternativa de cambio efectiva, capaz de superar el opresivo régimen dictatorial. La ausencia de una alternativa política clasista y revolucionaria con real capacidad de alcanzar una alta convocatoria se hacía sentir entonces con toda su fuerza.
¿Cómo encarar el desafío que una situación como esta planteaba a un proyecto revolucionario? ¿Qué iniciativas podían resultar conducentes para ello? Buscando sumar fuerzas sobre el terreno de una acción común, a fin de ampliar la capacidad de convocar a las amplias masas en lucha y de intervenir en el escenario político en torno a una orientación clasista y revolucionaria, la Liga propició entonces la creación de una instancia de Frente Único entre todas las agrupaciones políticas que se declaraban dispuestas a impulsar en los hechos una línea de independencia de clase. Con tal propósito concurrió en 1984 a la formación del Coordinador de Organizaciones Revolucionarias (COR), instancia de la que también participaban otras cinco agrupaciones: el PS-CNR, el PS-Vanguardia, el MAPU-PT, el PC(AP) y Resistencia Revolucionaria (R2). La proclamación formal del COR tuvo lugar el 21 de octubre de 1984 con la publicación de un manifiesto, suscrito por las seis organizaciones antes señaladas, en el que se llama a luchar por una salida basada en el derrocamiento de la dictadura y un categórico rechazo a un "pacto social" destinado a preservar el sistema de explotación capitalista. En su aspecto medular dicho manifiesto afirma:
"En definitiva, nos encontramos ante una crisis cuya contradicción fundamental no es entre dos formas de dominación burguesas -es decir 'democracia parlamentaria' versus dictadura fascista-, sino, entre 'dominación burguesa' (cuya expresión inmediata es la dictadura de Pinochet) y 'dominación proletaria', es decir, esta contradicción fundamental es entre revolución y contrarrevolución".
"La dictadura no caerá por efecto de simples declaraciones o manifestaciones de repudio, sino por la acción de las masas, que habrán de emplear para estos efectos las más variadas formas de lucha, como la protesta, la lucha callejera, la huelga, etc. para culminar con el armamento de todo el pueblo y el derrocamiento por vía revolucionaria de la dictadura y de todo el sistema burgués".
Sin embargo, el COR como tal se evidenciaría finalmente como una iniciativa incapaz de colocarse a la altura del desafío planteado ya que estuvo lejos de responder en la práctica a las expectativas inicialmente trazadas de aportar una contribución significativa al propósito de organizar, impulsar y conducir la lucha de masas. En vistas de esta situación, a un año de su constitución formal, las organizaciones participantes acordaron a inicios de 1986 explicitar por escrito la valoración que les merecía la experiencia realizada por esta instancia de coordinación y sus perspectivas a futuro. Todas las agrupaciones que formaban parte de ella, con la única excepción del PS-CNR, cumplieron con lo acordado, lo cual permitió poner en claro que esta iniciativa se hallaba empantanada no solo a causa de los reiterados incumplimientos de los compromisos organizativos contraídos por parte de algunas de las organizaciones participantes, sino ante todo debido a la inexistencia entre ellas de una comprensión común con respecto al carácter y misión que correspondía asignar a esta instancia de coordinación.
La primera y más importante confusión era la de considerar al COR como un primer paso hacia la formación de un "partido único" de la revolución, idea manifestada principalmente por los compañeros del MAPU-PT. Esta era una visión que carecía de todo realismo político por al menos dos motivos: primero, porque pasaba por alto el hecho evidente de que, más allá de los acuerdos circunstanciales entre las organizaciones que lo integraban, existían en el seno del COR diferencias programáticas insalvables entre al menos algunos de sus componentes, como era claramente el caso de la Liga por una parte y el estalinista PC-AP por otro; segundo, porque aun cuando la mayoría de los integrantes del COR no se declararan estalinistas, la sola idea de que la lucha revolucionaria y el socialismo supongan o necesiten de la existencia de un "partido único" era ya, en sí misma, una visión completamente ajena a la trayectoria y al proyecto histórico emancipador del socialismo revolucionario, cuyo compromiso con el autogobierno de los trabajadores exige un claro, fuerte y sostenido empeño democratizador.
Lo que en rigor el COR podía y debía ser era una instancia de Frente Único Revolucionario, es decir un instrumento de convergencia en torno a una línea de acción de independencia de clase para el impulso conjunto, en torno a iniciativas de acción efectivas, de la lucha antidictatorial de los trabajadores en un sentido revolucionario, es decir, anticapitalista. Y es aquí donde se evidencia una segunda confusión que también se hallaba presente en el seno del COR: una cierta tendencia a un propagandismo meramente declarativo. En efecto, carecía de todo sentido y significación política que éste circunscribiese su accionar a la redacción y difusión conjunta de declaraciones, sin que éstas fuesen seguidas también de iniciativas prácticas de organización y movilización de masas. Se trataba de aunar fuerzas justamente para potenciar la lucha. Es decir, había que acompañar los pronunciamientos políticos con el despliegue de campañas de agitación dirigidas a generar reales iniciativas de lucha de masas. Pero, en definitiva, esto no sucedió, al menos al nivel y con la intensidad con que ello se hacía necesario.
Frente a ese panorama político desolador, la Liga no tenía más alternativa que insistir -de manera consistente y persistente, y con la intención de llegar hasta los más amplios sectores de la militancia de izquierda que le fuese posible-, en la necesidad de impulsar una línea de clara independencia de clase. En una política dirigida a organizar, impulsar y dirigir la lucha de las amplias masas obreras y populares en la perspectiva del derrocamiento de la dictadura mediante una Huelga General Revolucionaria, la constitución de un Gobierno Obrero y Popular y la ulterior convocatoria de una Asamblea Popular. Para ella era claro que, si en definitiva no resultaba posible avanzar entonces significativamente en ganar nuevas y más importantes posiciones para una política consistentemente revolucionaria, entonces lo que se hacía imperativamente necesario era defender al menos las conquistas programáticas e ideológicas alcanzadas a tan alto precio en esos difíciles años de lucha clandestina contra la dictadura, buscando agrupar y formar en torno a ellas al más amplio contingente posible de luchadores. De allí la prosecución de la empecinada labor de propaganda de sus ideas desarrollada por la Liga a lo largo de todos esos años.