5. El incipiente despertar de las luchas populares (1978-81)
5.1. La situación social y política comienza a cambiar
A cuatro años del golpe la situación política del país comenzaba a experimentar un cambio significativo: emergen a la superficie las primeras señales de una resistencia popular abierta a la dictadura. Mientras los propagandistas de ésta proclamaban confiados y con su habitual cinismo el incipiente "éxito" de sus políticas económicas y de su proyecto de institucionalización del "régimen autoritario", el movimiento de las "viandas vacías" y la ulterior huelga encubierta de los mineros de El Teniente en noviembre de 1977 volvía a levantar el fantasma de la movilización social y, con ello, a sembrar abruptamente la inquietud en los círculos gobernantes y los poderes fácticos empresariales. A un régimen que había hecho de la defensa de la "libertad de emprendimiento" de los particulares su discursivo caballito de batalla le resultaba difícil explicar su empeño por impedir que ese principio de libertad económica también rigiese el desarrollo de la actividad sindical. En efecto, desde el momento mismo del golpe, los trabajadores se habían visto completamente despojados del derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales y salariales. Se entiende entonces que sea justamente aquí, en el plano sindical, donde se va a ir gestando y expresando primero la creciente oposición a la dictadura y a sus políticas de represión y superexplotación.
A comienzos de 1978, la situación política nacional se va a ver marcada también por la reacción de la dictadura ante la nueva y categórica condena que, por una abrumadora mayoría, había recibido a fines del año anterior de parte de la Asamblea General de la ONU por sus bestiales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Presentando esa resolución como un "ataque foráneo a la patria" instigado por el "comunismo internacional", la dictadura decide convocar a la población a manifestarse en "defensa de Chile" ante esta presunta agresión, montando para ello una farsa plebiscitaria a la que todos debían forzosamente concurrir so pena de hacerse acreedor a ulteriores sanciones. El cumplimiento de este deber sería acreditado luego mediante una estampilla que los receptores del sufragio colocarían en la cédula de identidad de cada votante. El papel utilizado en los votos de este singular plebiscito, en que se confrontaba a la patria simbolizada por la bandera chilena con la antipatria simbolizada por un rectángulo negro, era suficientemente delgado como para dejar traslucir la alternativa marcada por el votante. Sin ningún tipo de control que abriera la más mínima posibilidad de un resultado distinto al deseado y decidido por la dictadura, la resolución de la ONU fue, según anunciaron los funcionarios del régimen, rechazada por un abrumador 78,6% de los votantes.
Sin embargo, el descrédito del régimen que había hecho del terrorismo de Estado su principal sostén no podía ser mayor, tanto nacional como internacionalmente. Hasta los peores dictadores del planeta se mostraban molestos y hasta indignados cuando algún periodista se atrevía a compararlos con Pinochet, convertido en oprobioso símbolo universal del tirano despiadado, cuyo omnímodo poder se asienta en una total falta de escrúpulos. Las imágenes del bombardeo a La Moneda con el Presidente de la República en su interior, transmitidas por la televisión en todo el mundo, quedaron grabadas en la memoria colectiva de la humanidad y los horrendos crímenes ulteriores cometidos por la DINA, incluso en el extranjero, ilustraban claramente la catadura moral del dictador y de su desquiciado régimen. Es por eso que Pinochet casi no pudo salir del país, salvo para reunirse con otros dictadores de su misma calaña, como Stroessner, o para asistir fugazmente al funeral de Franco -sin que se le permitiese quedarse luego a la ceremonia de asunción del Rey- o a EEUU para asistir por invitación de la OEA a la firma de los tratados Torrijos-Carter. En este cuadro de gran aislamiento internacional, el régimen sufrirá su peor humillación en marzo de 1980 cuando, encontrándose Pinochet en pleno vuelo sobre el océano Pacífico en dirección a Filipinas, a fin de realizar una visita de Estado largamente preparada por su Cancillería, el dictador de ese país Ferdinand Marcos le comunicó que había decidido dar por cancelado el encuentro.
Por otra parte, la dictadura se veía cada vez más fuertemente presionada por la exigencia de la Casa Blanca de colaborar en el esclarecimiento del atentado terrorista que la DINA había perpetrado el año anterior en Washington para asesinar a Orlando Letelier. Ante tales presiones, la dictadura finalmente aceptaría entregar a uno de los involucrados en la ejecución de ese crimen. Es así que en abril de 1978 ordena la expulsión del ciudadano estadounidense Michael Townley, aunque sin reconocer su calidad de agente de la DINA y endosando la responsabilidad de sus actividades a su presunta pertenencia a la CIA. Sin embargo, posteriormente se negará a extraditar a los altos mandos de ese organismo, insistentemente reclamados por la justicia norteamericana. En ese mismo mes de abril, la dictadura promulgará también su decreto-ley N°2.191 mediante el cual se declaran amnistiadas "todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978". Presentado por sus propagandistas como un gesto de pacificación, lo que ese decreto-ley buscaba en realidad era bloquear toda posibilidad ulterior de investigar judicialmente los crímenes cometidos por sus agentes.
No obstante, este será ante todo el año en que los opositores a la dictadura comenzarán a desbordar el cerco de represión y desinformación levantado por la dictadura, realizando acciones públicas de protesta, y en el que la cúpula misma del régimen se verá también sacudida por su más grave crisis. En efecto, el 8 de marzo, miles de mujeres se reúnen en el teatro Caupolicán para conmemorar el día internacional de la mujer trabajadora. Y posteriormente, el 1° de mayo, miles de trabajadores se reunirán ante el monumento a Luis Emilio Recabarren en la Plaza Almagro, en el centro de Santiago, para conmemorar el día internacional del trabajo, siendo reprimidos por la policía con un saldo de más de setecientos detenidos. En esa misma ocasión se da a conocer públicamente la constitución de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), organismo que va a desempeñar un destacado papel en las movilizaciones futuras a pesar de las medidas de represión que la dictadura adopta en contra de sus dirigentes. El 22 de mayo familiares de detenidos-desaparecidos se declaran en huelga de hambre indefinida en la sede de la UNICEF y en tres parroquias de Santiago. Este movimiento va a lograr una gran repercusión, extendiéndose luego a otras regiones del país, despertando, además, numerosas iniciativas de solidaridad, tanto dentro como fuera de Chile. Esta protesta, que se prolongará por espacio de 17 días, contribuirá muy significativamente a visibilizar las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Al finalizar este año se descubren en Lonquén los restos de 15 detenidos-desaparecidos de Isla de Maipo.
La creciente crisis que se verifica en el seno de las clases dominantes se había expresado políticamente ya en el progresivo distanciamiento de la mayor parte de la Democracia Cristiana de su respaldo inicial a la dictadura, permaneciendo en esa posición solo un grupo menor del ala más dura de su sector reaccionario. Pero la crisis va a estallar abruptamente también en lo más alto de la propia cúpula militar. El periódico italiano Corriere della Sera publica el 18 de julio una entrevista al General Gustavo Leigh en la que éste se declara partidario de que los militares dejen el gobierno en manos de los civiles en un plazo de cinco años. A raíz de estas declaraciones, el 24 de julio Leigh será destituido por Pinochet, con el respaldo de los otros miembros de la Junta, de su cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y de su puesto en la Junta Militar de Gobierno. Dada la solidaridad de todo el cuerpo de Generales de la FACH con Leigh, con la sola excepción de Mattei que acepta sucederlo en el cargo y de Lopetegui que se encontraba en EEUU, esto va a significar un completo descabezamiento de esa rama castrense. Acrecienta la gravedad de este hecho el que se produzca justamente en un momento en que, agudizada por el gran aislamiento internacional en que los crímenes de la dictadura habían colocado al país, se tornaba cada vez más cercana la posibilidad de un conflicto armado con Argentina por la disputa sobre el Canal de Beagle y, además, con el Perú, ante la proximidad del centenario de la guerra del Pacífico.[1]
5.2. Los cambios en el escenario internacional y sus repercusiones en Chile
En el plano internacional, estos son años en que se verifican algunos acontecimientos muy significativos, que van a tener un variado impacto sobre la situación política chilena. A escala global, el liderazgo político del capitalismo da un giro hacia la implementación de las agresivas políticas económicas neoclásicas inspiradas en las teorías ultraliberales de Hayek (escuela austríaca) y Friedman (monetarismo de Chicago), en un claro esfuerzo por recomponer sus alicaídas tasas de ganancia. Este giro será vehiculizado políticamente primero, a partir de mayo de 1979, por el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido y luego por el gobierno de Ronald Reagan en EEUU, a partir de enero de 1981. A consecuencia de las políticas de ajuste puestas en aplicación en el Reino Unido se producirá una aguda confrontación entre el gobierno y los sindicatos, cuyo episodio más relevante resultó ser la célebre huelga de más de un año de duración que protagonizaron los mineros del carbón ante la intransigente decisión de Margaret Thatcher de cerrar gran parte de las minas. Finalmente el gobierno logrará quebrar la resistencia del movimiento sindical británico a sus planes de ajuste, con lo cual tendrá el terreno despejado para imponer su buscada precarización del empleo y superexplotación del trabajo. En el plano internacional el gobierno de Thatcher mostrará similar agresividad en 1982 al movilizar hacia el Atlántico sur todo el poderío militar convencional del Reino Unido con el propósito de retomar su control sobre las islas Malvinas.
También fueron acontecimientos relevantes en este periodo aquellos que minaron fuertemente la estabilidad de los regímenes estalinistas de Europa del este. Entre ellos destacan el inicio de la invasión de las tropas soviéticas a Afganistán en diciembre de 1979, las que permanecerán en ese territorio por espacio de una década haciendo frente a una enconada resistencia de fuerzas islámicas conservadoras activamente apoyadas por EEUU. A ello se suma el masivo levantamiento obrero de julio de 1980 en los astilleros de Dansk, en Polonia, en protesta contra las alzas de precios, el cual dará lugar a la ulterior fundación del Sindicato Solidaridad bajo el liderazgo de Lech Walesa. El desarrollo de la crisis polaca encontrará su mayor punto de tensión con el autogolpe llevado a cabo el 13 de diciembre de 1981 por el alto mando del ejército polaco bajo la conducción del general Jaruzelski. También tienen lugar en estos años fuertes conflictos armados en el sudeste asiático entre los "países socialistas" de la región. Así, el 25 de diciembre de 1978, el ejército de Vietnam invade Kampuchea (Camboya), derrotando rápidamente a las tropas de los Jemeres Rojos y estableciendo allí un gobierno afín. Dado que los Jemeres Rojos eran políticamente aliados de China, un mes y medio después, como represalia por la invasión a Kampuchea, el ejército chino ataca Vietnam, produciéndose una confrontación armada en la frontera entre ambos países que se prolongará durante un mes.
Sin embargo, los acontecimientos exteriores que mayor impacto tuvieron en la resistencia chilena a la dictadura son las nuevas victorias de los levantamientos populares que tienen lugar en 1979 tanto en Irán, contra el todopoderoso y despiadado régimen del Sah Reza Pahlaví, estrecho aliado de EEUU, y, sobre todo en Nicaragua, donde el pueblo insurrecto logra terminar con el poder tiránico de la dinastía de los Somoza, quienes habían gobernado el país con mano de hierro por más de cuarenta años. En el caso de Irán lo que se produjo fue una clásica insurrección popular que en febrero, tras una serie de masacres y gracias a la intransigente determinación de su liderazgo que se negó a entrar en componendas con la tiranía, terminó por neutralizar la capacidad de acción del poderoso aparato militar del régimen, cuyos soldados se negaron a seguir disparando contra el pueblo. Un régimen que además se hallaba sostenido por una siniestra policía secreta, la Savak, célebre por sus despiadados métodos de tratamiento de los opositores. Pero la experiencia que más repercusión tuvo en Chile, por haber tenido lugar en nuestro mismo continente, fue sin duda alguna el resonante triunfo alcanzado el 19 de julio por la revolución popular Sandinista en Nicaragua. Una revolución que, como suele suceder con este tipo de acontecimientos, rompió algunos de los esquemas previamente supuestos para una revolución, evidenciando que el empuje y la creatividad de un pueblo es capaz de derribar obstáculos aparentemente infranqueables. Así, esta "revolución de los chavos", en la que también tomaron parte algunas brigadas de voluntarios chilenos, mostraba claramente un camino que muchos comenzaron a ver como posible para terminar con la dictadura de Pinochet.
5.3. Las "siete modernizaciones" y la Constitución de 1980
En este contexto internacional, de rasgos contradictorios, la dictadura chilena, tras haber superado los críticos momentos que debió enfrentar a lo largo del año 1978, se esforzó por consolidar su régimen tanto en el plano político como económico. Fue así que el 11 de septiembre de 1979, Pinochet anunció que su gobierno se había propuesto impulsar "siete modernizaciones", de las cuales cuatro ya se encontraban en marcha en los ámbitos laboral, previsional, de la atención de salud y la educación. A ellas se agregarían luego la modernización de la justicia, la agricultura y la administración, centrada esta última en efectivizar una significativa descentralización del país.
Tales "modernizaciones" se orientaban en realidad a liberar al gran capital de todo tipo de cargas y restricciones, al tiempo que coartaban severamente los derechos de los trabajadores. Uno de sus dispositivos claves será el llamado "plan laboral" (decretos leyes 2.756 sobre organización sindical y 2.758 sobre negociación colectiva, ambos del 29 de junio de 1979), que los sindicalistas rebautizaron con toda justicia con el nombre de "plan patronal", ya que su fin no era otro que el de incrementar el poder de los empresarios sobre los trabajadores en la relación laboral. Para ello, dicho plan se fija cuatro objetivos: 1) limitar la negociación colectiva a la empresa, impidiendo que ella se pueda realizar por rama de actividad industrial; 2) cercenar el derecho a huelga e impedir que con ella se pueda paralizar las faenas; 3) fomentar la fragmentación sindical y la competencia entre los trabajadores; 4) impedir que la actividad sindical pueda vincularse a luchas de alcance propiamente político.
Con todas estas "modernizaciones" solo se buscaba avanzar en la consolidación de un modelo económico dirigido a fortalecer el predominio y anteponer los intereses del gran capital sobre el conjunto de la sociedad. Estos objetivos se realizan tanto mediante la promulgación de la normativa respectiva para cada sector como de las políticas de financiamiento que proveen la base material requerida para su funcionamiento. Es así que mediante el DL 3.500, del 4 de noviembre de 1980, se establece lo que aparenta ser un nuevo sistema previsional pero que en realidad es un sistema de ahorro forzoso individual a través del cual los trabajadores deben dejar obligatoriamente en manos de administradoras privadas -las AFP- una parte de sus ingresos con la finalidad de ser invertidos en las grandes empresas, abonando además a dichas entidades usurarias comisiones.
En servicios tradicionalmente cubiertos por el Estado comienzan a imponerse crecientes restricciones presupuestarias y criterios de autofinanciamiento, lo que deriva en una segmentación en la calidad de los mismos según la capacidad de pago de sus demandantes directos. Esto opera en el ámbito de la salud, con la creación en julio de 1979 de FONASA y posteriormente, en 1981, de las ISAPRES. Otro tanto ocurre en el plano de la educación a partir de 1981, con la municipalización de las escuelas públicas y el fomento de la educación particular subvencionada sobre la base en ambos casos de un subsidio a la demanda que otorga el Estado a sus "sostenedores". En la educación superior se instala la exigencia de autofinanciamiento mediante el cobro de aranceles a los estudiantes y la autorización, con mínimas exigencias y sin mayor fiscalización ulterior, para la creación y apertura de universidades privadas, dejando establecida en este plano una lógica de mercado fuertemente competitiva.
En cuanto al desempeño económico, a partir de 1978 los niveles de producción recién se estaban recuperando de la profunda caída que sufrieron en 1975. No obstante, en los círculos gubernamentales y empresariales comenzaba a imperar un clima de creciente optimismo, a pesar de que se mantenían persistentemente altos los niveles de desempleo, que en 1978 alcanzaba una tasa oficial de 14,1% de la fuerza de trabajo, elevándose al 18,3% al considerar a los inscritos en los Programas de Empleo Mínimo (PEM) financiados por el Estado. La abundante liquidez que imperaba entonces en el sistema financiero internacional, debido al reciclaje que los bancos necesitaban hacer de las grandes sumas de dólares depositados en ellos por los países exportadores de petróleo, permitieron que muchos otros pudieran acceder a crédito abundante y barato. En tales condiciones, el endeudamiento externo e interno se elevó vertiginosamente. Junto con incentivar el consumo -principalmente improductivo-, ello permitió crear una artificiosa y momentánea atmósfera de prosperidad y optimismo, no solo en Chile sino en toda América latina. En Chile esta sensación se vio reforzada por la política de tipo de cambio fijo adoptada desde junio de 1979 y mantenida por tres años consecutivos, hasta que los agudos desequilibrios provocados por el estallido de la crisis de la deuda obligaron a abandonarla.
En este artificioso clima de bonanza económica, el 8 de agosto de 1980, la dictadura decidió avanzar hacia un proceso de institucionalización de un régimen de carácter "autoritario" que pudiese exhibir ciertos ropajes democráticos a fin de reclamar para sí algún grado de legitimidad. En esa perspectiva, promulgó su decreto-ley N°3.464, en cuyo encabezado se lee: "La Junta de Gobierno de la República de Chile, en ejercicio de la potestad constituyente, ha acordado aprobar como nueva Constitución Política de la República de Chile, sujeta a ratificación por plebiscito, el siguiente decreto-ley", dando a conocer a continuación el texto de la nueva Constitución Política del Estado. Y sobre la marcha, promulgó el siguiente decreto-ley, N°3.465, por medio del cual se convoca y fija las normas para la realización del ritual plebiscitario con el que se buscaba legitimarla, mediante su aparente aprobación por parte de la ciudadanía, para el día 11 del mes siguiente, al cumplirse el séptimo aniversario del golpe de Estado.
Se convoca así a un plebiscito llamado a realizarse en las condiciones fuertemente represivas imperantes bajo la dictadura, es decir con vigencia de un Estado de emergencia permanente, sin libertades públicas, sin acceso igualitario a los medios de comunicación, sin garantías de imparcialidad, sin registros electorales y en un clima de general amedrentamiento político. El texto de la nueva "Constitución Política" contenida en el decreto-ley 3.464 especifica el entramado normativo e institucional a través del cual los intelectuales orgánicos de la clase dominante confían dejar firmemente instalado un sistema político de "democracia protegida". Un sistema de instituciones y normas concebido ex profeso con la finalidad de operar como un escudo protector y guardián del modelo económico neoliberal de superexplotación del trabajo ya impuesto, en estrecha sintonía con los intereses del gran capital y bajo la inspiración de los economistas de Chicago.[2]
La oposición a la dictadura, a la que se había sumado ya la mayor parte de la Democracia Cristiana, denunció el carácter fraudulento de un plebiscito convocado en tales condiciones. Buscando ponerse a la cabeza del rechazo democrático a la dictadura -aprovechando para ello su mayor margen de maniobra pública-, la oposición burguesa llamó entonces a la realización de un acto masivo en el teatro Caupolicán, con el ex Presidente Eduardo Frei como su principal orador. Este acto tuvo lugar el 27 de agosto y en su discurso el líder democratacristiano enfatizó dos ideas básicas: primero, que tanto el proyecto de Constitución como la consulta convocada para legitimarla eran inconvenientes ya que mantenían y agudizaban la polarización política y terminarían, como había sucedido en otros países, por llevar al poder a los que se pretendía exterminar: "este fue el camino de los Batista y de los Somoza, este no puede ser el camino de Chile", advertía con real tono de preocupación; segundo, que la única salida que permitiría impedirlo, y que urgía poner en marcha, era un proceso de paulatino retorno a la democracia.
Para hacer viable esta salida, que haría posible poner fin a la dictadura sin poner en riesgo la continuidad del sistema de explotación capitalista, Frei propuso un plan de ocho puntos: 1) organizar de inmediato un gobierno de transición cívico-militar para, en un plazo máximo de tres años, restablecer la unidad nacional, la paz y la democracia; 2) una vez constituido ese gobierno, elegir por votación popular una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución; 3) restablecer progresiva y rápidamente las libertades públicas; 4) dictar una ley electoral; 5) dictar un estatuto de partidos políticos; 6) derogar las restricciones impuestas al funcionamiento de las organizaciones sociales (sindicatos, juntas de vecinos, etc.); 7) terminar la intervención de las universidades; 8) gestar un consenso o pacto social que asegure una convivencia pacífica. Como es del todo evidente, si bien Frei hacía su discurso ante la multitud que se congregó en el recinto y sus entornos, los reales destinatarios de su propuesta política eran los altos mandos de las FFAA -a quienes Frei pedía ser escuchado "antes de que sea tarde"- ya que de ellos dependía la posibilidad de hacer realidad el proceso de transición que estaba proponiendo.
Como sabemos, el llamado de Frei no encontró el eco que él esperaba en las FFAA, por lo que la DC tuvo que resignarse a intentar canalizar y controlar desde la oposición el creciente descontento popular que ya había comenzado a cobrar expresiones públicas de lucha cada vez mayores en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y de los intereses de los trabajadores, severamente afectados por la política laboral y salarial de la dictadura. Es así que el 8 de octubre de 1980 el millar y medio de trabajadores de Textil Panal inician una huelga por demandas salariales, conflicto que se prolongará durante dos meses, recibiendo múltiples muestras de solidaridad. A fines de noviembre de ese mismo año se reúne en Punta de Tralca el Primer Consultivo Nacional de la CNS con la participación de 600 delegados de 267 organizaciones sindicales de todo el país.
Este creciente nivel de reorganización de la actividad sindical tendrá como inmediata y única respuesta del régimen dictatorial una intensificación de la represión sobre sus principales dirigentes. Es así que en enero de 1981 la dictadura arresta y mantiene encarcelados por 15 días a Manuel Bustos y Alamiro Guzmán, Presidente y Secretario General de la CNS respectivamente. Posteriormente, cuando en junio la CNS da a conocer su "Pliego de Chile" conteniendo un conjunto de demandas sociales y políticas, la respuesta de la dictadura será, una vez más, el encarcelamiento de sus dirigentes. Pero en la segunda mitad de este año comenzarán a sentirse ya los primeros síntomas de la debacle económica en curso y que alcanzaría su mayor profundidad durante el año siguiente.
5.4. Los realineamientos en la izquierda
En estos mismos años se operan en la izquierda ciertos realineamientos de fuerzas que marcarán profundamente la evolución ulterior de la situación política. Uno de los más trascendentes será la división del PS que se produce en abril de 1979, cuando de su aparato central en el exilio emergen dos fracciones que se expulsan mutuamente, liderada una por Carlos Altamirano y la otra por Clodomiro Almeyda. En rigor, este partido siempre había constituido un gran paraguas bajo el cual coexistían una gran variedad de corrientes y caudillos. Y considerando la sustancial similitud de las propuestas políticas dadas a conocer por ambas fracciones del aparato, todo indica que finalmente fue el insistente empeño de una de ellas por superar esa diversidad de tendencias, con una cierta pretensión de monolitismo, lo que lo tensionó internamente hasta llevarlo a la ruptura. En efecto, sus propuestas políticas para hacer frente a la dictadura no son sustancialmente diferentes: tanto Altamirano como Almeyda plantean de manera explícita la necesidad de que la izquierda busque aliarse con la Democracia Cristiana para levantar una alternativa "democrática" de gobierno. Ambos se pronuncian, por lo tanto, a favor de impulsar de manera decidida una política de colaboración de clases.
Pero más allá de sus definiciones coyunturales, la crisis del PS se halla también marcada por el inicio del llamado proceso de "renovación" que, bajo la conducción de sus liderazgos históricos, terminará por llevarlo a desentenderse progresivamente de aspectos hasta entonces fundamentales de su fisonomía política, como lo eran su definición programática anticapitalista y antiimperialista y su ya larga identificación, al menos discursiva, con el marxismo en el plano de las ideas y con la línea del "frente de trabajadores" en el plano político. Así, rompiendo con su historia e identidad política, el PS comenzará a identificarse crecientemente con el rol de salvaguarda "progresista" del capitalismo que, desde el estallido de la gran guerra en 1914, ha desempeñado la socialdemocracia en todo el mundo. Ello implicó marginar de sus filas a los pocos cuadros que intentaron oponer alguna resistencia a ese curso regresivo que llevaría al PS a constituirse en una parte clave del "partido del orden" posdictatorial en Chile. Aunque con diferencias de ritmo que pudieron haber influido en la división de 1979, lo cierto es que tanto altamiranistas como almeydistas terminarían siendo finalmente parte integral de este proceso de socialdemocratización, que se terminará de consumar una década más tarde y al cual se incorporarán también la mayor parte de las corrientes que hasta entonces habían constituido el MAPU y la Izquierda Cristiana, así como algunos contingentes de militantes procedentes del PC y del MIR.
Por otra parte, bajo la creciente presión de los cuadros de su juventud más fuertemente influenciados por el ejemplo de la revolución popular sandinista, en la que algunos de ellos habían tomado parte, y también del liderazgo cubano, la Dirección del PC, no sin importantes resistencias internas, operará un viraje en su orientación política al reconocer públicamente la legitimidad de utilizar todas las formas de lucha, y en consecuencia también las armadas, en el enfrentamiento a la dictadura. Fue así que, en un discurso pronunciado en Moscú el 3 de septiembre de 1980, el Secretario General de ese partido, Luis Corvalán, proclamó el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía, plasmado luego en lo que pronto sería conocido como la "política de la rebelión popular de masas" (PRPM). Aludiendo a la farsa plebiscitaria con que la dictadura buscaba legitimar entonces su proyecto institucional de "democracia protegida", Corvalán sostenía que "es el fascismo el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso a la violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida". El resultado más ostensible de este viraje, que lo alejará no solo de la posibilidad de abrir camino a una convergencia con la DC sino también de la mayor parte de las cúpulas de la ex Unidad Popular, será la posterior creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que, con una importante ayuda logística externa, comenzará a partir de 1983 a desarrollar acciones de resistencia armada a la dictadura.
El MIR por su parte se empeñará en llevar a cabo en este periodo la llamada "operación retorno" con vistas a preparar el inicio de una resistencia armada a la dictadura. El resultado más conocido de esta política lo constituirá el fracasado intento de instalar un foco guerrillero en Neltume. La ejecución de este proyecto se concretó a partir de 1980 con el ingreso al país y establecimiento en lo que estaba llamado a ser la zona de operaciones de los combatientes que formarían parte del "destacamento guerrillero Toqui Lautaro". Sin embargo, a mediados del año siguiente la actividad del grupo fue detectada por los aparatos represivos de la dictadura los cuales, desplegando su aplastante superioridad de fuerzas en el plano militar, iniciaron un cerco de aniquilamiento que en un periodo de cinco meses culminó con la captura y asesinato de la mayor parte de los involucrados. Este trágico revés desató numerosas críticas al interior del MIR, en las que se resaltaba no solo las insuficiencias logísticas y los errores cometidos en la implementación de esta política sino, sobre todo, lo inapropiado que resultaban en un país de población preeminentemente urbana como lo es Chile las concepciones estratégicas que la orientaron. Todo ello profundizó significativamente la crisis política que ya se vivía al interior de esa organización.
5.5. La recomposición de la Liga y la división de la IV Internacional
Durante estos años, sobreponiéndose a los golpes represivos descargados en su contra, la Liga continuó haciendo difusión de sus ideas y desarrollando una incansable labor de agitación dirigida a impulsar la organización y lucha popular de masas contra la dictadura. Durante los años más duros de la represión contra la izquierda, siempre estuvo presente, sea directamente, allí donde sus militantes tenían alguna posibilidad de hacerlo, o indirectamente, a través de las campañas de solidaridad impulsadas a través de sus publicaciones, en las manifestaciones de protesta que comenzaban a despuntar abiertamente en contra de las condiciones políticas y sociales prevalecientes bajo la dictadura. En las primeras huelgas obreras, como la ocurrida en la empresa textil Panal, en las primeras exigencias públicas de esclarecimientos de la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos, en las ollas comunes que proliferaron en las poblaciones, en la organización de los trabajadores cesantes, en la formación de centros juveniles y talleres artísticos, etc. En el impulso de todas y cada una de estas manifestaciones de lucha, los militantes de la Liga se comprometieron en forma activa y en la medida de sus posibilidades, contribuyendo a mantener siempre viva y a tornar más intensa la llama de la resistencia obrera y popular a la dictadura. Los materiales de todo tipo, tanto internos como externos, publicados por la organización durante este periodo permiten dar claro testimonio de ello.
Este va a ser un periodo en que la existencia y actividad de la Liga va a experimentar algunos cambios significativos. A raíz de la inevitable salida del país de algunos de sus dirigentes y militantes tras el golpe represivo que la organización había sufrido en noviembre de 1977, ésta procedió a constituir en Europa un Secretariado Exterior de su Comité Central. En efecto, durante el primer semestre de 1978 arribaron a diversos países de ese continente algunos de los miembros de la Liga que habían sido previamente detenidos o procesados y a quienes, tras la promulgación en abril de 1978 del decreto-ley de amnistía, se les brindó la posibilidad de exiliarse con la asistencia de los organismos entonces vinculados a esa labor: la Vicaría de la Solidaridad y el Comité Intergubernamental para la Migraciones Europeas (CIME). Hasta ese momento la Liga no había tenido la posibilidad de desarrollar una presencia propia entre el numeroso contingente de exiliados políticos chilenos, sin que el hecho de pertenecer a la IV Internacional lograse suplir de alguna forma esa carencia. Esto último debido a que, en relación con Chile, la mayoría de los miembros del SU, y con ello la mayor parte de las organizaciones de la IV Internacional, habían optado por brindar su apoyo político y material al MIR. La única excepción a este respecto fue la posición adoptada por la sección sueca que manifestó abiertamente su solidaridad política con la Liga.
A partir de la constitución de su Secretariado Exterior (SE), la Liga logró organizar rápidamente un trabajo político en el exilio, contando con células de militantes y simpatizantes en varios países. Enfatizando la difusión de las ideas que distinguían su proyecto político y su labor partidaria, el trabajo exterior de la Liga se abocó, como tarea prioritaria, a la obtención de los recursos materiales necesarios para ayudar a sostener el trabajo político partidario en el interior del país. Además de las cotizaciones aportadas por sus propios militantes, se realizaron de manera sistemática actividades de recolección de fondos con esta finalidad. De hecho, en el interior del país la situación de la Liga en este plano continuaba siendo precaria y el asesinato de nuestro camarada Ricardo Núñez Muñoz (Braulio) por los agentes de la CNI el 17 de mayo de 1979 vino a acentuar aun más esa situación. Por otra parte, su presencia en el exilio ofrecía ahora la posibilidad de estudiar y seguir de cerca la evolución de la crisis en que se debatía entonces el movimiento trotskista internacional, permitiéndole formarse una opinión propia, suficientemente documentada, sobre sus causas y perspectivas de superación. Ello se tradujo en los posicionamientos que, como fruto del conocimiento directo que pudieron adquirir de la historia y realidad de esta crisis, de su propia elaboración sobre estas experiencias y de la discusión colectiva desarrollada en el curso de sucesivos encuentros, fueron adoptando los militantes de la Liga en el exilio.
Sin embargo, las dificultades materiales de entonces para salvar las distancias no permitían mantener un contacto realmente estrecho, seguro y fluido entre los militantes que se encontraban fuera y dentro del país, lo cual impidió que este proceso de toma de conciencia sobre las causas y real naturaleza de la crisis del movimiento trotskista internacional pudiese desarrollarse al unísono en el conjunto de la organización. En una época en que no existían aún los sistemas de procesamiento, almacenamiento y transferencia electrónica de datos que hemos conocido posteriormente, parte importante de los esfuerzos realizados por mantener una comunicación lo más fluida posible entre ambos sectores del trabajo partidario se veían inevitablemente frustrados. Las iniciativas externas desplegadas para microfilmar y hacer llegar al interior documentación relevante debían enfrentar luego dificultades internas para reproducir, hacer circular y desarrollar una discusión provechosa de esos materiales. Lo cierto es que, a pesar de sus esfuerzos, la Liga no logró mantener una comunicación tan fluida como hubiese sido deseable entre su Secretariado Exterior y su Dirección Interior, lo cual tendría su más grave repercusión luego de precipitarse a fines de 1979, en vísperas de su XI Congreso Mundial, una nueva división de la IV Internacional.
Este último hecho fue detonado por los realineamientos y contradictorias posiciones adoptadas en su seno por sus principales corrientes internas en relación con el significado y alcance de la revolución popular sandinista triunfante en Nicaragua. La corriente de minoría se había dividido pocos años antes en dos fracciones, una encabezada por la nueva Dirección del Socialist Workers Party (SWP) de EEUU y la otra bajo el liderazgo de la organización argentina encabezada por el antiguo dirigente Nahuel Moreno, que se hizo llamar a sí misma Fracción Bolchevique (FB). Esta última había organizado en América Latina una brigada internacional, bautizada con el nombre de Simón Bolívar, para ir a combatir a Nicaragua, la que poco después del triunfo de los sandinistas fue expulsada por éstos de ese país al intentar actuar con independencia de las directrices emanadas del FSLN. La mayoría del SU manifestó entonces su apoyo incondicional al FSLN, avalando así la expulsión de la Brigada Simón Bolívar, y ordenó perentoriamente a los trotskistas nicaragüenses poner fin a su actividad como tales, reconocer filas en el FSLN y colaborar lealmente con su Dirección. Este posicionamiento político de la mayoría del SU, adoptada en vísperas de su XI Congreso Mundial, tornó inevitable la ruptura.
La Liga ya no se reconocía entonces parte de ninguna de las fracciones. Si bien en sus inicios se había manifestado proclive a las posiciones de la tendencia de mayoría del SU, se había alejado luego progresivamente de ella, criticando principalmente el apoyo político que brindaba a las corrientes centristas. Por otra parte, lo cuestionable de la trayectoria política del morenismo, así como de los métodos de debate político que utilizaba en su lucha fraccional, le hacían abrigar también serias desconfianzas con respecto a dicha corriente. Solo días antes de la fecha establecida para la realización del XI Congreso Mundial, el SE de la Liga había tenido incluso la oportunidad de reunirse brevemente con Moreno en París sin que la situación a este respecto lograse experimentar algún cambio. Por una parte, no era algo menor que el principal dirigente morenista en Francia fuese en esos días un ex dirigente de la Liga que había sido expulsado de ella bajo el cargo de deserción, al negarse a retornar al país al término de la misión que le había sido encomendada. Y por otra, el que el propio Moreno evidenciara entonces un comportamiento que al SE le pareció políticamente cuestionable al sugerir que la Liga se incorporase de inmediato a su fracción sin ofrecer ningún espacio para clarificar previamente los problemas y superar las desconfianzas que la habían mantenido distanciada de ella.
En el marco de esa línea de independencia con respecto a las fracciones en pugna, el SE de la Liga emitió en noviembre de 1979, pocos días antes del XI Congreso Mundial de la IV Internacional, un pronunciamiento de cuatro puntos. En primer término, se declaraba partidario de preservar la unidad de la Internacional como marco de discusión e intervención política, manteniendo con ello vigente la perspectiva de su transformación efectiva en el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Luego, responsabilizaba al S.U. por la grave agudización de la crisis de la Internacional provocada por la posición de subordinación al FSLN que había adoptado en vísperas del Congreso. No obstante, critica a su vez a la FB y a la TLT por facilitar la división del movimiento trotskista al convocar apresuradamente a la formación de un "Comité Paritario" con el lambertismo[3] y a la realización de una Conferencia Mundial, todo ello al margen de la Internacional. En su aspecto medular, la declaración del SE de la Liga sostiene que "las dos condiciones más elementales que en el cuadro de esta crisis permitirían evitar la ruptura de la Internacional, son la suspensión de las medidas administrativas con que el SU pretende obligar a los trotskistas nicaragüenses a disolverse en el FSLN y la postergación del Congreso Mundial, a fin de posibilitar un debate verdaderamente democrático e informado sobre Nicaragua en toda la Internacional"[4].
Con el fin de abogar por esta salida, el SE envió luego al XI Congreso Mundial, como delegado de la Liga, a uno de sus miembros. Sin embargo, a esas alturas las cartas ya estaban echadas. Al momento mismo de la apertura del Congreso sus organizadores conminaron a todas las delegaciones asistentes a aprobar lo que se dio en llamar una "moción previa", consistente en una breve declaración que daba por consumada la división y cargaba toda la responsabilidad por ella a las dos corrientes que impugnaron las posiciones y el desempeño del SU sobre Nicaragua: la FB y la TLT. Dicha "moción previa" condicionaba además la participación en el Congreso y la permanencia en la Internacional al hecho de estar de acuerdo con el contenido político de la misma. El delegado de la Liga intervino entonces para manifestar su rechazo a este ultimátum y dar a conocer la propuesta de su organización. Tras ser impugnado luego por otros delegados -entre ellos por Luis Vitale, cuya intervención la realizó en nombre de la políticamente inexistente "sección chilena" oficialmente reconocida por el SU-, los asistentes al Congreso dieron a mano alzada una aprobación casi unánime a la "moción previa". Las únicas excepciones fueron las del delegado de la Liga que votó en contra y de un delegado español que se abstuvo.
Quedaban así definitivamente rotos los vínculos que desde el momento mismo de su fundación se había empeñado por establecer la Liga con el principal referente del movimiento trotskista internacional. Sin embargo, poco después un miembro del SE recibiría una sorpresiva llamada telefónica desde Buenos Aires a través de la cual un integrante de la Dirección Interior le informaba de su participación en una reunión con representantes de la FB quienes presionaban de manera insistente para que, dado el quiebre producido en la IV Internacional, la Liga se incorporase apresuradamente a esa corriente. La respuesta no podía ser otra que pedir a los miembros de la Dirección Interior posponer cualquier decisión en tal sentido hasta que el conjunto de la Liga estuviese en condiciones de desarrollar un debate debidamente informado para adoptar democráticamente una resolución sobre la situación producida en el seno del movimiento trotskista internacional. De hecho, dadas las dificultades de comunicación antes señaladas, los militantes del interior no podían tener entonces una visión suficientemente clara y global de la naturaleza de una crisis que se había arrastrado ya por tan largo tiempo y por lo visto estaban siendo objeto de una presión claramente indebida por parte de la FB.
En tales condiciones, y sin que el SE pudiera impedirlo, la Liga fue objeto en Chile de un artero ataque fraccional de parte del morenismo. En efecto, ante la negativa de los compañeros de la Dirección Interior a dejarse presionar por la FB para que la Liga se incorporarse apresurada e irreflexivamente a esa corriente, el representante que el morenismo había enviado a Chile se empeñó en lograr que al menos una parte de sus cuadros de dirección y la mayor cantidad posible de sus militantes rompieran con la Liga para que, junto a los adherentes que la FB había logrado reclutar en el exilio, procedieran a constituir una organización morenista en Chile. En tales circunstancias, el SE dio a conocer una carta abierta a la FB en la que, junto con denunciar el repudiable accionar de su representante en Chile, la emplazaba a pronunciarse claramente sobre este episodio. Como era previsible, dicho emplazamiento quedó sin respuesta. Por otra parte, dado el rompimiento de la Liga con el SU, este fue también un periodo en el que otras corrientes del trotskismo -como por ejemplo la recién creada Tendencia Cuarta Internacionalista (TCI), a través de su grupo en el exilio, el Comité de Enlace de los militantes trotskistas chilenos (CEMTCH), con el cual el SE desarrolló un breve debate por escrito- se interesaron por relacionarse con ella a fin de explorar las posibilidades de acercamiento, cosa que finalmente no se produjo.
Con el propósito de examinar la situación producida con la división de la IV Internacional y el ataque fraccional sufrido por la Liga en el interior del país, el SE convocó a la Segunda Conferencia Exterior de la Liga. Este evento se realizó en abril de 1980 y en él se aprobaron dos documentos de orientación política sobre Chile. Uno de ellos se titula Sólo la lucha independiente de las masas derrocará a la dictadura y el otro ¡Por la reorganización de la CUT, unitaria, clasista y democrática! Además, se adoptó una resolución en que se fijó una posición sobre la crisis que sacudía al movimiento trotskista internacional. Este documento no circunscribía su análisis a la reciente división de la IV Internacional sino que se orientaba a alcanzar una comprensión más global de la misma y de sus raíces a lo largo de todo el periodo posterior a la segunda guerra mundial. Entre las resoluciones prácticas adoptadas por la Conferencia, considerando la urgente necesidad de reforzar el trabajo partidario de la Liga dentro de Chile, se acordó también proceder a iniciar los preparativos que permitieran viabilizar un inmediato retorno de la mayor parte de sus militantes que se encontraban en el exilio.
Sin embargo, en los mismos momentos en que esta última resolución comenzaba a ser puesta en ejecución, iniciándose en los diversos países los preparativos y trámites correspondientes, un nuevo golpe represivo impactó con dureza el trabajo político de la Liga en Chile: el 28 de abril de 1980 fue alevosamente asesinado en plena vía pública el miembro de la Dirección Interior de la Liga Comunista Oscar Salazar Jahnsen (Rubén). Este crimen, llevado a cabo por una brigada de exterminio de la CNI comandada por Carlos Herrera Jiménez -autor de numerosos otros asesinatos, entre ellos el del dirigente sindical Tucapel Jiménez ocurrido dos años más tarde-, se produjo a las pocas horas de haber tenido lugar un atentado contra la denominada "llama de la libertad", un infame símbolo de la dictadura erigido por ella misma para homenajear su presunta hazaña de 1973. Obviamente la dictadura atribuyó este cobarde asesinato a su supuesta eficacia para dar con los responsables del atentado. Además, ese mismo día fueron detenidas otras tres personas que habían estado antes vinculadas a la Liga. La imposibilidad de tener desde el exilio la necesaria claridad sobre el verdadero alcance de la situación represiva a la que se encontraba entonces expuesto el trabajo de la organización en Chile obligó al SE a suspender el acuerdo de retorno inmediato y a convocar a una nueva Conferencia Exterior, la que finalmente se realizaría a inicios de 1981.
En esa Tercera Conferencia Exterior los asistentes pudieron efectuar una evaluación colectiva de la complicada situación que afectaba entonces al trabajo partidario en el interior del país y acordaron poner en ejecución un plan de retorno paulatino de la militancia en el exilio. En esta Conferencia se reexaminó también la situación en que se encontraba la Liga con relación al Movimiento Trotskista Internacional (MTI) y se aprobó un documento de balance de lo acontecido durante los primeros cinco años de existencia de la Organización. Pero la mayor preocupación era entonces que, dadas las adversas circunstancias ya descritas, la presencia política de la Liga en Chile se encontraba severamente debilitada y que esta situación no resultaría fácil remontar.
[1] La disputa con Argentina estuvo a punto de desembocar en una guerra entre ambos países a fines del año 1978, cuando solo las malas condiciones del tiempo impidieron un enfrentamiento entre sus respectivas escuadras, permitiendo que en esas horas críticas el Vaticano alcanzara a intervenir para mediar en el conflicto. En cuanto a los planes agresivos del Perú estos finalmente no se concretaron debido a que, por motivos de salud, el general Velasco Alvarado debió ser reemplazado por el general Morales Bermúdez en la jefatura del país, lo que a su vez trajo aparejado un cambio de planes.
[2] Así lo reconoció expresamente en su momento Jaime Guzmán, principal artífice del sistema jurídico-político diseñado para asegurar la continuidad al modelo de capitalismo salvaje instaurado por la dictadura. La obsesión de Guzmán, como intelectual orgánico de la clase dominante, era impedir que el sistema volviese a ser amenazado por la acción de los trabajadores. Para ello, insistió en que se debía establecer un andamiaje politico-institucional que, vestido con ropajes sedicentemente democráticos a fin de asegurar su legitimidad, fijase reglas del juego tan restrictivas que tornasen imposible toda modificación sustancial del sistema. De modo que, "si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría". Ver "El camino político", diciembre de 1979, Revista Realidad, Año 1 N°7, pág. 19.
[3] Se conoce con la denominación de "lambertismo" a la corriente del movimiento trotskista surgida en Francia, bajo el liderazgo de Pierre Lambert, como resultado de la división ocurrida en la IV Internacional en 1953, y que se ha mantenido desde entonces al margen de sus principales reagrupamientos.
[4] Declaración del Secretariado Exterior del Comité Central de la Liga Comunista de Chile, 5 de noviembre de 1979.